Wladimiro Rodríguez Brito *
MAÑANA LUNES se celebra en el Cabildo Insular de Tenerife un
pleno, solicitado a petición del grupo socialista, con el objetivo
de conocer la situación de los barrancos de la isla. No queremos
aprovechar este espacio que nos brinda el periódico EL DÍA
para dirimir estériles polémicas partidistas. Al contrario,
lo que pretendemos modestamente es informar a la opinión pública
tinerfeña y canaria en general de algunos de los términos
del debate que tendrá lugar en el espacio que la democracia habilita
para ello, el gobierno insular.
No obstante, siempre en estos artículos de opinión requerimos
la necesidad de reflexionar sobre diversos aspectos de nuestra problemática
ambiental y los barrancos constituyen, sin lugar a dudas, un motivo
que merece ampliamente esta preocupación. En ese sentido, la
valoración de la cuota de responsabilidad compartida en la actual
situación excede los limitados términos de un color político,
de un espacio geográfico, incluso de un corto período
de tiempo. En la isla de Tenerife tenemos más de 5.000 kilómetros
de barrancos, una extensión absolutamente imposible de controlar
desde la Administración Pública, sea Gobierno de Canarias,
Cabildo de Tenerife o los respectivos ayuntamientos, sin la concienciación
y la colaboración activa de la población.
En tiempos pretéritos, no demasiado lejanos, cuando la escasez
y la miseria eran las notas dominantes en este Archipiélago,
los barrancos se encontraban completamente limpios de vegetación
y no eran utilizados como basureros improvisados para arrojar neveras,
colchones o neumáticos. Por supuesto, a nadie se le ocurría
construir una vivienda en sus cauces porque se temía y se respetaba
a la naturaleza. En los últimos tiempos ese respeto se ha perdido
y las consecuencias no han tardado en dejarse sentir en forma de aluviones,
riadas y considerables daños para personas y propiedades. No
se encuentra tan lejos el 31 de marzo como para que olvidemos lo que
ocurrió en pleno siglo XXI. La construcción de viviendas
o vías en los cauces públicos tiene mucho que ver con
la presión demográfica y con la escasez de suelos baratos
para nuestra gente, pero también -lo que es más grave-
con un cierto nivel de ignorancia y a la falta de cultura del territorio
del constructor, asociados a una negligente y peligrosa permisividad
y tolerancia mal entendida de algunas administraciones públicas.
En ocasiones, hasta la propia administración es la responsable
de esta peligrosa ocupación de cauces, lo que resulta aún
más inexplicable. Por citar algunos ejemplos: la carretera de
Guaza, de Malpaso a Las Galletas sigue el cauce de un barranco, en Guía
de Isora acaban de terminar una discutible canalización del barranco
que atraviesa su casco, peligrosa dado el volumen de agua que pueden
llegar a aportar las cumbres del municipio, desde Tasogo a Tauce. En
Adeje, los barrancos que descienden y desembocan en Callao Salvaje o
Fañabé constituyen otros puntos negros de este tipo de
obras mal planificadas; la Avenida del Doctor Antonio González,
en Los Realejos, se encuentra directamente construida sobre otro cauce
de barranco; por no hablar del Barranco de Santos, después de
construirse la Dársena de Los Llanos, sin haber drenado suficientemente
su cauce, alargándolo y evitando su aterramiento, en una zona
históricamente problemática como es la de la iglesia de
La Concepción y del Museo de la Ciencia y el Hombre. Asimismo,
también debemos estar pendientes del deterioro de antiguas presas
para riego, hoy abandonadas y sin mantenimiento, como son las de Tahodio,
Los Curbelos, El Ancón, Tamaide, Atalaya, etc.
Son algunos de los cientos de ejemplos que podríamos enumerar
de una mala actuación, pública o privada, a lo largo de
los últimos 50 años, con relación a los barrancos
insulares. En ese sentido, la naturaleza se empeña en recordarnos
cíclicamente el peligro que supone ignorarla. Los barrancos recuperan
su cauce natural y establecen sus linderos al margen de las obras, viviendas
o personas que se encuentren ocupándolos. Así ocurrió
el 31 de marzo de 2002 y, un siglo y medio atrás, el 7 de noviembre
de 1826, en el gran temporal que asoló Tenerife, arrastrando
al mar, sólo en La Orotava, 84 personas, más de 500 cabezas
de ganado y arrasando 190 casas, o en Candelaria, donde también
se llevó a personas y a buena parte del convento de los dominicos,
incluyendo la imagen de la virgen de Candelaria. Son breves referencias
históricas que demuestran que la lluvia y el agua no piden ni
permiso ni escrituras de propiedad cuando se canalizan con violencia
por el cauce de un barranco. Ni en 1826 ni ahora la culpa de estos desastres
son responsabilidad de un sólo color político. Mucho nos
tememos que el problema es bastante más complejo y responde a
una mentalidad colectiva e individual vinculada al desconocimiento o
a los bolsillos de muchos de los ciudadanos de esta isla. Cambiar esta
mentalidad debe constituir y constituye un objetivo primordial para
los gestores políticos de este territorio, para conseguirlo se
necesitan recursos y la colaboración unánime de todos
los estamentos de la sociedad, independientemente del partido político
que gobierne, sea Coalición Canaria, PSOE o PP.
Por todo lo expuesto, el debate de mañana debe suponer un análisis
crítico para corregir una tendencia agresiva y poco solidaria
con el medio ambiente insular, que acaba repercutiendo, más tarde
o más temprano, sobre las vidas y propiedades de las personas.
Debemos transmitir a la población que el cuidado, defensa y conservación
de estos barrancos es y debe ser una responsabilidad compartida de toda
la sociedad, por encima de colores y competencias políticas.
Sería injusto no reconocer todo el esfuerzo y el trabajo que
el Consejo Insular de Aguas del Cabildo Insular de Tenerife viene desarrollando
en las últimas décadas, controlando, velando por la conservación
y persiguiendo las agresiones contra los barrancos y sus cauces, estableciendo
normas racionales y preventivas, gestionando sobre el terreno y con
visión de futuro cualquier obra que les afecte. Este organismo
supone un ejemplo a seguir para el resto de administraciones públicas
en cuanto a la acción sobre los barrancos y es la mejor garantía
que tenemos los tinerfeños y tinerfeñas para evitar su
degradación y los consiguientes daños "colaterales".
No obstante, hay que dejar claro que no podemos dejar sólo en
manos de la administración la vigilancia y protección
de 5.000 kilómetros de nuestro territorio. No tenemos policía
para tanto espacio, debe ser una responsabilidad compartida.
Mucho nos tememos que el debate de mañana no nos enriquezca
sino que se convierta en un cruce de acusaciones, en teñir de
política un problema que tiene unas raíces comunes, basadas
en la ignorancia y en una actitud individual y colectiva negativa frente
a lo público. Por eso nos parece apropiado recordar hoy el viejo
proverbio popular de que "pasados los años mil las aguas
vuelven por donde solían dir".
* Consejero de Medio Ambiente y Paisaje del Cabildo Insular de
Tenerife
Fuente: El Día, 23-04-06
Imagen de julio del 2004. Ahora en ese solar,
al centro de un barranco,
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