La nueva tarifa eléctrica que el Gobierno prevé
aplicar a partir del próximo 1 de julio seguirá escondiendo
los verdaderos costes de la electricidad, impidiendo que los consumidores
elijan el origen de la electricidad que compran, aseguran los ecologistas.
25 de junio de 2006
Greenpeace ha hecho un llamamiento a las organizaciones de consumidores
para que “rechacen ser utilizados como coartada para mantener
unas tarifas que invitan al derroche y cargan al consumidor hasta el
año 2020 con una deuda económica y ecológica que
no ha elegido”.
La subida propuesta por el Ministerio de Industria, equivalente a menos
de medio euro mensual para un consumidor doméstico medio, ignora
que la demanda de electricidad limpia, registrada en la "OPA Verde"
de Greenpeace en sólo 22 días, ascienda ya a más
de 111 millones de kilovatios hora (111.118.408 kWh), equivalentes al
consumo anual de más de 35.000 hogares (35.626).
"Mientras crece cada día el número de consumidores
que quieren ejercer su derecho a elegir electricidad limpia, el Gobierno
se empeña en engañarnos con tarifas artificialmente bajas
y nos carga con una absurda deuda de 15 años", ha declarado
José Luis García Ortega, responsable de proyectos de la
campaña de Energía de Greenpeace. "Queremos que las
tarifas eléctricas digan la verdad y que nos dejen elegir".
Como se explica en las Observaciones de Greenpeace al Proyecto de Real
Decreto por el que se revisa la tarifa eléctrica a partir del
1 de julio de 2006, el problema no es, para la mayoría de los
consumidores, la cuantía del recargo, que para un consumidor
a tarifa que pague una factura bimensual de 60 € supondrá
apenas 41 céntimos al mes, sino el mantenimiento de un sistema
de tarifas con consecuencias perversas y perjudiciales.
Entre ellas, los ecologistas citan que los consumidores de los próximos
14 años y medio se ven obligados a pagar por lo que no pagaron
los consumidores de 2005, que perfectamente pueden no ser los mismos.
En opinión de Greenpeace, “durante 2006 se siguen acumulando
nuevos déficits, puesto que permanecen inalteradas las causas
que generaron el déficit en 2005: la tarifa es inferior a los
precios de la electricidad en el mercado. ¿Quién pagará
estos nuevos déficits: los consumidores de los años 2020
a 2035?”.
Para Greenpeace “nos hacen creer que la electricidad es más
barata de lo que realmente vale, con lo cual el resultado es un mayor
gasto de energía (y por tanto más emisiones de CO2) y
de dinero. Los perjudicados: los consumidores y el medio ambiente. Mientras
se mantenga una tarifa inferior a los costes de mercado, es imposible
que exista ninguna oferta comercial de electricidad.
La propuesta de Real Decreto del Ministerio de Industria establece
una subida de la tarifa media o de referencia de un 1,38% respecto a
la actualmente en vigor, que se traduce en un recargo del 1,378% para
los consumidores acogidos a la tarifa integral y de un 3,975% de la
tarifa de acceso para los consumidores que opten por no acogerse a la
tarifa integral. Estos recargos se aplicarán hasta el año
2020 con el fin de recuperar el déficit en la liquidación
de las actividades reguladas acumulado durante el año 2005.
Más información:
http://opaverde.greenpeace.es/
www.greenpeace.es