El informe de la comisión parlamentaria concluye que
las administraciones públicas no se han preocupado lo suficiente
por el sector energético de las Islas, pero no exige responsabilidades
a Unelco-Endesa
La comisión de investigación sobre los efectos de la tormenta
tropical ‘Delta’ a su paso por Canarias el pasado mes de
noviembre comenzó con gran expectación. Sin embargo, las
conclusiones han dejado mucho que desear, especialmente porque exime
de responsabilidades a la empresa Unelco-Endesa, que ha quedado limpia
de culpas al centrarse las propuestas de la comisión parlamentaria
en la mejora del sistema energético en Canarias y en la prevención
ante fenómenos similares. Por supuesto, tampoco habrá
responsabilidades políticas.
La “Comisión de Investigación para esclarecer los
hechos, las actuaciones de las empresa Unelco-Endesa y del Gobierno
regional, así como los efectos, las consecuencias y las medidas
a adoptar derivadas de la tormenta tropical Delta a su paso por Canarias”
culminó
su informe con gran unanimidad entre los grupos parlamentarios.
La comisión está conformada, concretamente, por tres diputados
de Coalición Canaria (CC): Belén Allende, José
Miguel González y Miguel Zerolo. El Partido Popular (PP) cuenta
con otros tres representantes: Manuel Fernández, Cristina Tavío
y Jorge Rodríguez, mientras que el grupo Mixto esta representado
por Celso Betancor. Por el Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) forman
parte de la comisión Gloria del Pilar Gutiérrez, Francisco
Hernández Spínola y Blas Trujillo, actuando éste
último presidente de la ponencia.
Ya concluidos los trabajos, ahora se pasará a la redacción
definitiva del texto para, posteriormente, ser sometido a la aprobación
del pleno del Parlamento regional tras el periodo vacacional.
Según explicó Trujillo, el informe recoge que las instalaciones
energéticas en Canarias son un factor “de primera magnitud”,
pero que no están siendo tratadas así por las administraciones
públicas en su conjunto. Por ello, la comisión realiza
una “clara exigencia” a las administraciones públicas
sobre la planificación, autorización y puesta en marcha
de dichas instalaciones.
El presidente de la comisión indicó que las conclusiones
se articulan en tres apartados: mejoras y mecanismos de prevención
necesarios para afrontar un fenómeno meteorológico como
Delta, medidas para mejorar los planes de emergencia en el Archipiélago
y propuestas sobre la afección del sistema eléctrico.
En este último punto, se apuntan a propuestas de desarrollo normativo,
de actuación por parte de los operadores y de las administraciones
públicas, así como el ámbito relacionado con las
telecomunicaciones.
Trujillo reconoció que la investigación sobre la actuación
del operador eléctrico y las administraciones públicas
durante la tormenta tropical han puesto de manifiesto “muchas
carencias”.
Respecto a las responsabilidades políticas, afirmó que
hay una “clara llamada de exigencia” a las administraciones
pública en su conjunto, no sólo en la planificación,
sino en autorización y puesta en marcha de las instalaciones
energéticas, ya que se ha detectado que es un asunto de primera
magnitud y que no está siendo tratado como tal por parte de las
administraciones públicas.
Por otro lado, precisó que el informe no plantea un aumento de
las competencias de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas
Tecnologías en el ámbito energético, sino el desarrollo
de determinadas normativas que no se han puesto en práctica,
el reforzamiento de la inspección sobre el sector y la puesta
en marcha un plan de información ante contingencias entre las
instituciones y los operadores eléctricos. La comisión
considera que, a pesar de que es el operador el que obligatoriamente
debe realizar la inspección del sector, la Comunidad Autónoma
debería también contar con un plan de inspección
para verificar, de manera aleatoria, el estado de las instalaciones
y comprobar los datos que se le proporcionan.
Además, la idea de la comisión es que sus conclusiones
y propuestas se incluyan en el debate del nuevo Plan Energético
de Canarias (PECAN), que se encuentra actualmente en trámite
parlamentario.
Unelco, inocente
Sobre la exigencia de responsabilidades de la empresa Unelco, tanto
por el estado de algunas líneas eléctricas como por la
falta de suministro en los días posteriores a la tormenta, Trujillo
precisó que hay una serie de conclusiones sobre la política
informativa, el mantenimiento y el establecimiento de sistema óptimos
de estocaje de sistema en las islas. Así, reconoció que
el trabajo de la comisión se ha centrado más en el análisis
de los problemas que se han puesto de manifiesto en la tormenta, haciendo
propuestas concretas de actuación de las distintas instancias
para resolver este tipo de situaciones. O lo que es lo mismo, la comisión
de investigación no exige ninguna responsabilidad a Unelco, sino
que ha revisado los problemas del sistema en Canarias.
Además, no hay conclusiones acerca de las reclamaciones que tendría
que abonar Unelco a los usuarios si se estima que los problemas de corte
de suministro no fueron derivados de una situación de fuerza
mayor, ya que la comisión sólo pide que la instancia competente
clarifique la situación, pero hay cierta confusión acerca
de la definición exacta del órgano que debe establecer
si fue o no una situación de fuerza mayor, aunque en principio
se encargaría la administración de Justicia.
Lo único que cuestiona la comisión de investigación
es si la información ofrecida por Unelco tras el apagón
fue “adecuada y suficiente”, pero no el tiempo de reposición
del suministro eléctrico (que considera que no fue excesivo teniendo
en cuenta las características del fenómeno meteorológico
y la tardanza en comparación con situaciones similares en países
desarrollados) ni el estado de las infraestructuras. Según explicó
Trujillo, el perjuicio causado a la población se debió
a que los datos sobre la reposición del suministro no eran ciertos,
lo que generó la indignación de la ciudadanía.
Por ello, lo único que propone la comisión es que, ante
cualquier contingencia, es necesario un plan de información entre
las distintas administraciones y operadores eléctricos para que
los ciudadanos puedan contar con datos ciertos.
Uno de los aspectos que más interés ha suscitado en el
seno de la comisión de investigación es el mantenimiento
de las líneas de alta tensión que cayeron por el efecto
de los fuertes vientos. Trujillo aseguró que los datos objetivos
garantizan que las condiciones de las torretas eran las adecuadas, aunque
otra cuestión es la situación de la línea de 60
kilovoltios entre Candelaria y Granadilla, que no afectó al apagón
y en la que se detectó un alto nivel de oxidación en gran
parte de las torres que cayeron por la acción del viento.
41,7 millones
Por otro lado, el portavoz del Gobierno de Canarias, Miguel Becerra,
aseguró que el Ejecutivo tuvo conocimiento del informe de la
comisión técnica que valoró los daños producidos
por la tormenta tropical Delta en infraestructuras públicas y
que alcanzaron los 41.710.286 euros.
Becerra aseguró que la isla más afectada fue Tenerife
con unos daños superiores a los 24 millones de euros, siendo
la capital y Güímar los municipios con más daños.
Gran Canaria sufrió daños en infraestructuras públicas
por valor de 7,7 millones de euros; La Palma, 2,8 millones; La Gomera,
1,9 millones; Lanzarote, 3,2 millones; Fuerteventura, 835.313 euros
y El Hierro 706.085 euros.
El portavoz indicó que en la financiación para reparar
los daños en infraestructuras públicas,
el Estado aporta 20.855.143 euros; la Comunidad Autónoma 15.656.929,
los cabildos 3.890.887 euros y los ayuntamientos 1.307.339 euros.
Entre las torretas y el ciclo combinado
La indignación de muchas personas que padecieron el corte del
suministro eléctrico durante largo tiempo resucitó cuando,
días después de conocerse el informe de la comisión
de investigación de Delta, sin responsabilidad alguna para Unelco-Endesa,
vieron cómo el presidente del Gobierno de Canarias, Adán
Martín, se fotografiaba con el presidente de la compañía
eléctrica, Manuel Pizarro. Las acusaciones, críticas,
crispación, de los días posteriores a la tormenta tropical
entre la empresa y el Gobierno canario se esfumaron gracias a la inauguración
del primer ciclo combinado de Tenerife, ubicado en la Central Térmica
Granadilla y promocionado como una instalación que supone “un
paso más” hacia las energías renovables y la modernización
del sistema eléctrico en el Archipiélago. Tanta modernidad
choca, ya que aún permanece en la mente de todos la imagen de
las torretas tras la tormenta tropical y la comisión Delta acaba
de concluir que las administraciones públicas no se ha preocupado
lo suficiente por el sector energético. O aquí no hay
memoria, a ve a ser cierto que nunca pasa nada.
Fuente: http://indicesiete.com/canarias/Article1336.phtml
Adán Martín: '¿Nos besamos?'
06-07-06
Adán Martín miente a la sociedad canaria en beneficio
de una multinacional eléctrica
04-07-06
Una panda de belill@s son incapaces de concluir si la tormenta Delta
fue 'fuerza mayor'
