La Agencia del Protección del
Medio Natural (agüita con el nombre) sigue poniéndose dura
con los más débiles ordenando
el derribo de viviendas, con los que no tienen suficientes padrinos
o con los que han sido abandonados a su suerte por aquellos sinvergüenzas
que, un día, les dijeron 'tú pon el techo que no pasa
nada', prometiéndoles la vista gorda para que levantaran sus
casas ilegales, hipotecando a familias enteras por un puñado
de sucios votos de mierda.
Pero cuando ha llegado la hora de la
verdad, cuando la situación se ha vuelto insostenible, los mismos
políticos que han provocado este caos le están metiendo
mano a cuatro pringados, tirándole las casas y arruinándoles
la vida mientras las grandes mansiones de 500 metros con piscina encuentran
'acomodo' en los nuevos ordenamientos, cuando eran igualmente ilegales
que las demás. Pero de esas mansiones, o de urbanizaciones enteras
en primera línea de playa incluso con órdenes de derribo
desde el mismísimo Tribunal Supremo, como es el caso del Puertito
de Güímar, de eso no cae ni caerá nada.
Y cuando a alguien se le ha ido la mano
y una de esas mansiones se ve amenazada por las palas siempre aparece,
en el último momento -como en aquella llamada del Gobernador
que era la última esperanza cuando el reo ya estaba sentado en
la silla eléctrica-, ese alma caritativa que nunca se acuerda
de los débiles, sino de los que tienen la mansión más
grande y más espectacular, surge
cual ángel salvador y consigue parar la demolición.
Ese es el caso del portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias, que
es especialista en parar las demoliciones de los amigos, o de los ricos,
y mandarle los cuerpos especiales
de la guardia civil al más desgraciado, aunque barrios enteros
se levanten contra estos atropellos como ocurrió no hace tanto
en Tijoco Alto.
Y a muchos -o a pocos, da igual- nos
avergüenza profundamente esta clase política tan insensible,
tan corrompida y tan miserable, que han utilizado el sagrado derecho
a la vivienda como manantial de votos la mayoría de los ayuntamientos
de Tenerife, aunque en algunos de ellos más escandalosamente
como en Adeje, Arona, La Laguna... Y es que lo único que nos
indigna, a parte de que estos políticos sin escrúpulos
hayan utilizado el sagrado derecho a una vivienda digna como chantaje
electoralista, es que -como siempre- la jodida Ley no se aplique de
la misma manera para todo el mundo y, de esta forma, se vayan llevando
a cabo algunas demoliciones mientras se paralizan escandalosamente otras
en las mismas o peores condiciones.
¡Una auténtica golfería
que se tire una sola casa sin que ningún juez interrogue a un
solo alcalde para preguntarle cómo ha sido posible que proliferen
miles de viviendas ilegales sin que nadie 'lo notase'! ¿Cabe
mayor inmoralidad y desvergüenza?
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¿Viviendas clandestinas?
Ahora ha surgido un espécimen en el funcionariado de Canarias.
Le ha dado por ordenar derribos y demoliciones de viviendas mal llamadas
clandestinas, puesto que se han realizado con la ayuda de los vecinos
y a la vista de todo el mundo. Aunque el alcalde y resto de ediles hayan
hecho la vista gorda o mirado para otro lado.
Algunos pueblos de estas islas tienen barrios enteros en los que la
mayoría de los edificios se realizaron de este modo. Es el más
flagrante caso en que la letra de la ley se opone frontalmente a la
lógica de lo que ha sido costumbre, si no autorizada, sí
permitida por los poderes públicos. No obstante, a pesar de estos
antecedentes, se ha ejecutado el derribo de algunas viviendas en las
que se ayudaron unos a otros para "poner la plancha del techo"
el sábado y el domingo. Igual que se hace en la recogida de la
cosecha de papas.
Una de dos: o estos ejecutores de sentencias no tienen vergüenza
o son unos auténticos ignorantes de la realidad de lo ocurrido
como norma permitida aunque no escrita durante muchos años en
este nuestro suelo.
Y lo peor de todo. Vayamos a nuestras costas. Del norte, del sur y
de todos los puntos cardinales. Hay grandes edificios, hoteles, apartamentos,
etc., etc. Pero en muchas ocasiones están construidos más
allá del límite prohibido de la línea marítimo-terrestre
y otras veces no tienen ni licencia municipal. Pero nadie, ningún
funcionario, que yo sepa nadie se ha ocupado de sentenciar y ordenar
su demolición. De lo cual podría deducirse, con cierta
lógica, que este acto sentencioso de ordenar y ejecutar el derribo
de pequeñas viviendas de particulares marginales es, paradójicamente,
motivo de juzgado de guardia.
El otro día leí en la prensa que los vecinos de Tijoco,
barrio de Adeje, se rebelaron. Se enfrentaron contra la pala mecánica
que se apresuraba a demoler una de estas viviendas de las mal llamadas
clandestinas o ilegales. La ejecución de la sentencia de demolición,
seguramente, fue firmada por el desaprensivo, cretino o ignorante de
turno. En uno de los cómodos sillones de funcionario de la Consejería.
Dios nos coja confesados. Da miedo la forma de proceder de estos leguleyos
de medio pelo. Obtuvieron el aprobado en una oposición llena
de teórica y son habilitados y mal capacitados a responsabilidades
de la magnitud social del derribo de las viviendas ajenas, que fueron
construidas, no lo olvidemos, bloque a bloque, durante los días
de fiesta. Según la costumbre del lugar.
No lo duden ustedes, cualquier día habrá un grave suceso
que lamentar por esta manera tan cínica de proceder al derribo
de las viviendas de los demás.
Salvador P. Hernández (La Orotava)
Fuente: Cartas al Director 'El Día'. 19-12-04
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