JUSTO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
El desprestigio de las comisiones de investigación,
sean parlamentarias o municipales, ante los ciudadanos es fácilmente
constatable. En la mayoría de los casos, su conformacion y sus
debates están trufados de sectarismo, acusaciones recíprocas,
utilización mediática y conclusiones politizadas, inútiles
y decepcionantes, en favor de las mayorías predeterminadas. La
Comision Parlamentaria creada el pasado 28 de diciembre, qué
casualidad, Día de los Santos Inocentes, para investigar lo ocurrido
durante la tormenta tropical ’Delta’ y depurar las responsabilidades
que pudieran existir en la caótica situación provocada
por la ’cola del Delta’, ha llegado a la conclusión
que todo fue un problema de "fuerza mayor". Y se quedaron
tan anchos. Los miembros de la Comisión fueron los diputados
Belén Allende, José Miguel González y Miguel Zerolo,
de CC; Manuel Fernández, Cristina Tavío y Jorge Rodríguez,
del PP; Gloria Gutiérrez, Francisco Hernández Spínola
y Blas Trujillo, del PSC. Por el Grupo Mixto, Celso Betancor.
Parecía claro que, con dos fuerzas políticas,
CC y PP, con responsabilidades en la inadmisible ausencia de un Plan
Integral de Seguridad y la dejación o complicidad con las carencias
e incumplimientos, reiterados, de Unelco, en materia de conservación
de las torres, y la inadmisible ausencia de medios técnicos,
humanos y materiales de sustitución o reparación, que
tuvieron que ser trasladados desde Madrid y Sevilla, difícilmente
se iba a avanzar en la exigencia de responsabilidades. La Comisión,
olvidándose de su principal cometido, decidió dar por
buena la tesis de Unelco, avalada por el Gobierno de Adán Martín
y el PP, sobre la "fuerza mayor", olvidando que representan
los intereses de cientos de miles de ciudadanos, ninguneados, engañados
y explotados por los intereses económicos de una multinacional
y la complicidad de Gobierno, Cabildo y partidos políticos.
Para entender ese comportamiento, es preciso plantear
algunos antecedentes:
1º).- El 26 de enero de 1996, el Gobierno de Manuel
Hermoso decretó la urgente expropiación de terrenos afectados
por la primera fase de la línea de alta tensión de la
central de Candelaria a la de Granadilla. Fundamentaban tal medida en
la necesidad de "proceder a la sustitución" de las
torres, "cuyo estado de oxidación es tal que se prevé
que, en un plazo máximo de tres años, no podrán
soportar los esfuerzos para los que estaban calculados". Diez años
después, no se había hecho nada, lo que había aumentado
la inseguridad ante cualquier tormenta.
2º).- 26-9-96. El Congreso de los Diputados debatía
una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Socialista, que pedía
el mantenimiento del "control mayoritario del sector público
eléctrico en Canarias sobre el capital de Endesa-Unelco, "para
garantizar la misma eficacia" en "la generacion y distribución
de energía eléctrica". Coalición Canaria y
el PP votaron a favor de la privatización de Unelco.
Un editorial de El Mundo criticaba la incalificable
situación creada por la "cola del ’Delta’"
y las deficiencias de una compañía que tenía el
monopolio de la producción y transporte de la energía
eléctrica: "El Centro de Emergencias dejó de funcionar
por falta de suministro eléctrico". "Es sorprendente
que no haya sido posible recurrir con rapidez a equipos de emergencia
o alternativos para reponer el suministro". "Hay que preguntarse
si las administraciones y empresas implicadas (Unelco) han hecho todo
lo necesario para reforzar las infraestructuras y los servicios de unas
islas". La respuesta es ¡¡no!!
Las carencias y complicidades políticas se evidenciaron
en la rueda de prensa, conjunta, del presidente Adán Martín;
el consejero de Presidencia, José Miguel Ruano; el presidente
del Cabildo, Ricardo Melchior, y el director de Unelco, José
María Plans. Sin ninguna discrepancia anunciaron que varios aviones
’Hércules’ transportarían a Canarias, desde
Sevilla y Madrid, 136 personas y 140 toneladas de material, para proceder
a la reparación de las torres derribadas o dobladas, por el viento
y la oxidación. Todos eran cómplices de la irresponsabilidad
de Unelco. Ni una sola pregunta sobre por qué en unas "islas
alejadas" no existían posibilidades ni material para afrontar
una emergencia.
Algunos dirigentes de Coalición Canaria, precisamente
en las poblaciones en que más se habían sentido las consecuencias
del abandono, inoperancia, incapacidad e ineptitud de los rectores de
Unelco, con la complicidad del Gobierno autónomo y de los rectores
del Cabildo, con un cierto olfato de prevención electoral, se
lanzaron a los medios de comunicación a denunciar, reclamar y
condenar la acción o inacción de una empresa privilegiada
por los distintos estamentos institucionales canarios. Miguel Zerolo,
alcalde de Santa Cruz, más tarde miembro de la infausta Comision
de Investigación, acusaba: "Parece mentira que una empresa
con tantos beneficios en Canarias tenga que traer, en aviones de la
Península, material y personal para arreglar una avería
que en Madrid estaría resuelta en cuestión de horas y
aquí va a tardar días".
Ana Oramas, alcaldesa de La Laguna, se lamentaba: "No
tiene explicación que determinados tipos de equipos no estuvieran
en Tenerife".
Miles de ciudadanos, entre los que me encuentro, dieron
la razón a Zerolo y Oramas. Pero, resulta incomprensible la actuación,
conformista y cómplice de los miembros del PSC. ¿Esta
actitud, deleznable, forma parte del "pacto" con CC? Quizás
haya que buscar las razones en algunos miembros del Consejo de Unelco?
¿Son órdenes de Madrid? ¿Qué intereses defiende
el PSC-PSOE? ¿Este es el proyecto de regeneración de la
política canaria? Seguiremos preguntando?
Reforma de pensiones. Después de meses de negociación,
Gobierno, patronal y sindicatos han firmado una reforma de las pensiones
que, lejos de nefastos acuerdos anteriores, durante los años
de aznarismo, significan un modesto avance social. Se ha establecido
en 15 años el mínimo de vida laboral para jubilarse. Se
obstaculizan las jubilaciones anticipadas encubiertas. Hay que tener
61 años de edad, seis de antigüedad en la empresa y 30 de
cotización. Aumentan los incentivos para prolongar la vida laboral
más alla de los 65 años y las parejas de hecho podrán
acceder a la pensión de viudedad. Asimismo, el Gobierno ha aprobado
una nueva aportación al fondo de reserva de las pensiones de
3.800 millones de euros, completando su cuantía en 35.000 millones,
el 4% del Producto Interior Bruto, y garantizando el futuro de la pensiones.
Unos días antes, desde la FAES, órgano
de control ideológico, estratégico y táctico del
PP diseñado por Aznar, se nos planteaba una parte del programa
que pretende aplicar, si sus designados Rajoy, Zaplana y Acebes ganaran
las próximas elecciones. En presencia de José María
Fidalgo, elogiado por Aznar, que no ha olvidado su maridazgo y colaboración
en la imposicion de pactos antisociales, Arias Cañete desgranó
algunos de los puntos de los proyectos del PP si gana las próximas
elecciones. Pretende una reforma de las pensiones ampliando el periodo
de cálculo para fijar las percepciones de jubilación a
toda la vida laboral de cada trabajador, lo que significa reducciones
del 25% al 40% de las actuales pensiones. La otra gran reivindicación
del PP es la reforma de la negociación colectiva, porque el modelo
actual "limita demasiado la libertad de las empresas". Se
incluirán cláusulas de descuelgue y revisiones salariales,
viculadas a la inflación subyacente. Es decir, dejando aparte
la evolucion de los precios del petróleo y sus derivados, lo
que significaría una reduccion inadmisible de los salarios.
Fuente: Diario de Avisos, 16-07-06
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del Estado?
TODO,
O CASI TODO, SOBRE ESTA VERGÜENZA
