El compadreo con el que manejan algunos 'responsables' políticos los asuntos serios trae como consecuencia, en muchas ocasiones, no sólo el desasosiego más absoluto de los ciudadanos que sufren las consecuencias de este chalaneo, sino que, generalmente, las consecuencias atacan directamente a la caja de los recursos públicos que tanta falta hacen para un montón de cosas y que, sin embargo, generalmente tenemos que disponer de ellos para atajar los desaguisados en los que nos meten estos piratas.
Este es el caso del lío que ha montado Zerolo en Residencial Anaga donde, a poco que un vecino ha ido al juzgado porque una casa le molestaba un poco las vistas, se ha descubierto un impresionante lío porque, por agradar, se han dedicado a dar licencias ilegales para construir casas que sobrepasaban las altura permitidas, según el propio ordenamiento jurídico que ellos son los 'responsables' de hacer cumplir. Y contra las normas urbanísticas que el propio Ayuntamiento ha aprobado.
Claro que el que tiene la licencia 'en regla', concedida por el Ayuntamiento, a parte del disgusto que le supone la amenaza de derribo de su vivienda, que evidentemente tendremos que pagar entre todos -ningún político va a echar mano de su cartera para solucionar el desaguisado que ellos solitos han creado-, como lleven la defensa de sus derechos e intereses a las últimas consecuencias la sangría económica que esto puede suponer podría ser de órdago. Nada más que la primera vivienda sobre la que recae una orden de demolición supondrá un coste para el Ayuntamiento de un millón de euros. Pero eso sólo la demolición y reconstrucción de una vivienda con arreglo al planeamiento.
Pero es que la mayoría están en las mismas condiciones sólo que nadie ha denunciado. Y lo que puede ser ya verdaderamente escandaloso, más aún si cabe, es que los vecinos comiencen a pedir, además de sus casas nuevas, daños y perjuicios a Miguel Zerolo, que es decir a todos nosotros, por las consecuencias de todo tipo -incluso sobre su salud- que ha tenido para alguna familia el hecho de que le tiren una casa que ha sido construida con toda clase de bendiciones por parte del organismo al que le corresponde otorgar las licencias: El Ayuntamiento de Santa Cruz. Chiquita desvergüenza!!!
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Un grupo de vecinos, dispuesto a llevar el nuevo Plan General a los tribunales
Alegantes de Residencial Anaga tomarán esta medida si se legalizan las viviendas de las laderas
Uno de los chalés que podrían regularizarse con el nuevo PGO
Vicente pérez
Santa CruzUn grupo de vecinos, entre los que figuran propietarios de Residencial Anaga e Ifara, han anunciado que presentarán un recurso contencioso administrativo contra la revisión del Plan General de Ordenación (PGO) si el Ayuntamiento aprueba finalmente la prevista modificación de los parámetros para edificar en ladera. Esta medida abriría la puerta a la regularización de las viviendas construidas con alturas de muros ilegales en los respectivos planes parciales de Residencial Anaga y Las Colinas, sobre algunas de las cuales pesan ya órdenes judiciales de derribo pese a tener licencia municipal.
Estos vecinos, que suman 2.800 alegaciones, discrepan abiertamente de los argumentos dados por los responsables de la Gerencia de Urbanismo para justificar que, a partir de la entrada en vigor del nuevo PGO, puedan construirse muros de más de 10 metros y, en ciertas parcelas, de altura libre, en lugar de los 5 permitidos hoy como máximo.
Así, tachan de falso que algunas parcelas sean inedificables si no se cambia la actual normativa, y para ello han encargado un estudio a un equipo de arquitectos en el que demuestran que en cualquiera de los solares donde aún no se ha construido es perfectamente viable edificar de acuerdo a la altura de muros y retranqueos establecidos en el PGO de 1992. En cambio, según estos ciudadanos, la modificación propuesta por Urbanismo permitirá muros de 18 metros en pendientes inferiores al 65 y de muros de más de 20 metros en solares con pendientes superiores. Tampoco entienden cómo desde Urbanismo se ha manifestado que pretenden disminuir el impacto visual que provoca el efecto pantalla de estas edificaciones, pues sostienen que, muy al contrario, éste se intensificará con el cambio de normativa propuesto.
Los alegantes contra la legalización de las viviendas en las laderas consideran que "el objetivo fundamental de la modificación que pretende el Ayuntamiento es legalizar las ilegalidades, premiar al que ha infringido la norma en perjuicio de una gran mayoría de propietarios que sí las ha cumplido, a pesar de que la Comisión de Ordenación del Territorio (Cotmac) ha rechazado esta medida por tres veces".
Por ello apuntan que el Ayuntamiento no tendría que afrontar miles de millones de las antiguas pesetas en indemnizaciones, si finalmente se demolieran estas viviendas con licencias ilegales, sino, a lo sumo "unos cientos de millones". Este grupo de ciudadanos "reta a Urbanismo a "demostrar que la nueva ordenación busca el interés general y no eludir dejaciones y responsabilidad reconocidas ya en los juzgados".
Una de las alegantes, Elena Zárate -a quien los tribunales han dado la razón en su denuncia contra un chalé edificado incumpliendo el PGO de 1992, pero con licencia municipal- se pregunta "qué sentido tiene cambiar la normativa en un ámbito ya casi consolidado en su urbanización" y opina que los responsables de Urbanismo "deben ser congruentes, porque argumentar que cambiando la normativa se reduce el efecto pantalla es un insulto a la inteligencia". Zárate deja claro que si el Ayuntamiento sigue adelante con la modificación prevista, acudirán a los tribunales para defender sus derechos.
Fuente: Diario de Avisos, 02-07-06

La casa del fondo tiene resolución judicial
en firme de demolición

Obra que se lleva a cabo en la actualidad. Asombroso.

El lío padre


Primer intento del Ayuntamiento de Santa Cruz
de demoler una
vivienda que el propio Ayuntamiento autorizó