El compadreo con el que manejan algunos
'responsables' políticos los asuntos serios trae como consecuencia,
en muchas ocasiones, no sólo el desasosiego más absoluto
de los ciudadanos que sufren las consecuencias de este chalaneo, sino
que, generalmente, las consecuencias atacan directamente a la caja de
los recursos públicos que tanta falta hacen para un montón
de cosas y que, sin embargo, generalmente tenemos que disponer de ellos
para atajar los desaguisados en los que nos meten estos piratas.
Este es el caso del lío que ha
montado Zerolo en Residencial Anaga donde, a poco que un vecino ha ido
al juzgado porque una casa le molestaba un poco las vistas, se ha descubierto
un impresionante lío porque, por agradar, se han dedicado a dar
licencias ilegales para construir casas que sobrepasaban las altura
permitidas, según el propio ordenamiento jurídico que
ellos son los 'responsables' de hacer cumplir. Y contra las normas urbanísticas
que el propio Ayuntamiento ha aprobado.
Claro que el que tiene la licencia 'en
regla', concedida por el Ayuntamiento, a parte del disgusto que le supone
la amenaza de derribo de su vivienda, que evidentemente tendremos que
pagar entre todos -ningún político va a echar mano de
su cartera para solucionar el desaguisado que ellos solitos han creado-,
como lleven la defensa de sus derechos e intereses a las últimas
consecuencias la sangría económica que esto puede suponer
podría ser de órdago. Nada más que la primera vivienda
sobre la que recae una orden de demolición supondrá un
coste para el Ayuntamiento de un millón de euros. Pero eso sólo
la demolición y reconstrucción de una vivienda con arreglo
al planeamiento.
Pero es que la mayoría están
en las mismas condiciones sólo que nadie ha denunciado. Y lo
que puede ser ya verdaderamente escandaloso, más aún si
cabe, es que los vecinos comiencen a pedir, además de sus casas
nuevas, daños y perjuicios a Miguel Zerolo, que es decir a todos
nosotros, por las consecuencias de todo tipo -incluso sobre su salud-
que ha tenido para alguna familia el hecho de que le tiren una casa
que ha sido construida con toda clase de bendiciones por parte del organismo
al que le corresponde otorgar las licencias: El Ayuntamiento de Santa
Cruz. Chiquita desvergüenza!!!
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Un grupo de vecinos, dispuesto
a llevar el nuevo Plan General a los tribunales
Alegantes de Residencial Anaga tomarán esta medida si
se legalizan las viviendas de las laderas
Uno de los chalés que podrían regularizarse con el nuevo
PGO
Vicente pérez
Santa Cruz
Un grupo de vecinos, entre los que figuran propietarios de Residencial
Anaga e Ifara, han anunciado que presentarán un recurso contencioso
administrativo contra la revisión del Plan General de Ordenación
(PGO) si el Ayuntamiento aprueba finalmente la prevista modificación
de los parámetros para edificar en ladera. Esta medida abriría
la puerta a la regularización de las viviendas construidas con
alturas de muros ilegales en los respectivos planes parciales de Residencial
Anaga y Las Colinas, sobre algunas de las cuales pesan ya órdenes
judiciales de derribo pese a tener licencia municipal.
Estos vecinos, que suman 2.800 alegaciones, discrepan abiertamente
de los argumentos dados por los responsables de la Gerencia de Urbanismo
para justificar que, a partir de la entrada en vigor del nuevo PGO,
puedan construirse muros de más de 10 metros y, en ciertas parcelas,
de altura libre, en lugar de los 5 permitidos hoy como máximo.
Así, tachan de falso que algunas parcelas sean inedificables
si no se cambia la actual normativa, y para ello han encargado un estudio
a un equipo de arquitectos en el que demuestran que en cualquiera de
los solares donde aún no se ha construido es perfectamente viable
edificar de acuerdo a la altura de muros y retranqueos establecidos
en el PGO de 1992. En cambio, según estos ciudadanos, la modificación
propuesta por Urbanismo permitirá muros de 18 metros en pendientes
inferiores al 65 y de muros de más de 20 metros en solares con
pendientes superiores. Tampoco entienden cómo desde Urbanismo
se ha manifestado que pretenden disminuir el impacto visual que provoca
el efecto pantalla de estas edificaciones, pues sostienen que, muy al
contrario, éste se intensificará con el cambio de normativa
propuesto.
Los alegantes contra la legalización de las viviendas en las
laderas consideran que "el objetivo fundamental de la modificación
que pretende el Ayuntamiento es legalizar las ilegalidades, premiar
al que ha infringido la norma en perjuicio de una gran mayoría
de propietarios que sí las ha cumplido, a pesar de que la Comisión
de Ordenación del Territorio (Cotmac) ha rechazado esta medida
por tres veces".
Por ello apuntan que el Ayuntamiento no tendría que afrontar
miles de millones de las antiguas pesetas en indemnizaciones, si finalmente
se demolieran estas viviendas con licencias ilegales, sino, a lo sumo
"unos cientos de millones". Este grupo de ciudadanos "reta
a Urbanismo a "demostrar que la nueva ordenación busca el
interés general y no eludir dejaciones y responsabilidad reconocidas
ya en los juzgados".
Una de las alegantes, Elena Zárate -a quien los tribunales han
dado la razón en su denuncia contra un chalé edificado
incumpliendo el PGO de 1992, pero con licencia municipal- se pregunta
"qué sentido tiene cambiar la normativa en un ámbito
ya casi consolidado en su urbanización" y opina que los
responsables de Urbanismo "deben ser congruentes, porque argumentar
que cambiando la normativa se reduce el efecto pantalla es un insulto
a la inteligencia". Zárate deja claro que si el Ayuntamiento
sigue adelante con la modificación prevista, acudirán
a los tribunales para defender sus derechos.
Fuente: Diario de Avisos, 02-07-06
La casa del fondo tiene resolución judicial
en firme de demolición
Obra que se lleva a cabo en la actualidad. Asombroso.
El lío padre
Primer intento del Ayuntamiento de Santa Cruz
de demoler una
vivienda que el propio Ayuntamiento autorizó
