Francisco Pomares
Dice Adán Martín (y no es un lapsus, lo ha dicho en dos ocasiones distintas) que cada uno de los 639 menores inmigrantes que hay en Canarias le cuestan a esta región 30.000 euros al año. No salgo de mi asombro: o le están metiendo un gol con los números, y eso que él sabe un montón de números, o algo se nos escapa. Yo tengo tres hijos, dos en colegio de pago y uno en colegio concertado. Desayunan todas las mañanas, almuerzan, meriendan y cenan, y les juro por la cobertura de mi móvil que no me salen por 15 kilos de las antiguas pesetas. Y eso que al pequeño -tres años y medio- le he tenido que comprar cuatro nikis, dos babis, pantalones largos y cortos, calcetines a juego, camisetas de deporte, sudadera, anoraks y tenis y zapatos de piel azul marinos. Además de unas docenas de etiquetas coloradas con su nombre y dos apellidos, porque las monjas no quieren que los pibes se intercambien la ropa.
Pero al grano: no me consta que la mortadela de los bocadillos de los menores inmigrantes sea de mejor marca que la que devoran mis tres vástagos en la merienda. Y tampoco me consta que el guardarropa de los centros de menores esté lleno de trajes Armani, sujetadores La Perla y sandalias de Blanik. Por eso, la primera explicación que encuentro a lo de los 30.000 euros por cabeza es que en esta Administración se tira el dinero de mala manera. No tiene ninguna lógica que nos cueste más mantener a un menor inmigrante que a un hijo que estudia para piloto en Barcelona. No me lo creo, aunque les juro que llevo un buen rato devanándome los sesos en busca de una explicación, porque sé que el presidente no es un exagerado. Aquí pasa algo: quizá algún charcutero cobre unas comisiones de órdago por cada cuarto y mitad de queso que le pide Marisa Zamora. O puede que algún empresario rumboso y con amigos sea dueño de la empresa de seguritas y el contrato lo hicieran sin mirar la letra pequeña. O que los centros no se construyan con bloques sino con placas de grafito con incrustaciones de reptiles fósiles del pleistoceno, como la sala de estar del chalecito de Bill Gates. (Una horterada, por cierto: la última vez que estuve salí horrorizado, parecía que acababan de comer pollo).
Sabrán ustedes que con los números los políticos hacen lo que quieran. Y es verdad. El que le hizo las cuentas a Adán Martín podría calcular cuánto cuesta tomarse una cerveza en el bar de la esquina y sumar el desgaste de materiales en toda la zona, las inversiones del Plan General del municipio, el coste universal de reciclado de vidrio, el gasto perdido de agua en lavados de vajilla y luego multiplicar todo eso por la raíz cuadrada de los salarios de todos los inspectores de hostelería, más un porcentaje fijo por tratamientos de alcoholemia en la seguridad social. Total: 3.724 euros por birra.
30.000 euros: o demagogos o manirrotos o ladrones. No sé con qué quedarme.
Fuente: La Opinión de Tenerife, 26-08-06
