Francisco Pomares
Dice Adán Martín (y no es un lapsus, lo ha dicho en dos
ocasiones distintas) que cada uno de los 639 menores inmigrantes que
hay en Canarias le cuestan a esta región 30.000 euros al año.
No salgo de mi asombro: o le están metiendo un gol con los números,
y eso que él sabe un montón de números, o algo
se nos escapa. Yo tengo tres hijos, dos en colegio de pago y uno en
colegio concertado. Desayunan todas las mañanas, almuerzan, meriendan
y cenan, y les juro por la cobertura de mi móvil que no me salen
por 15 kilos de las antiguas pesetas. Y eso que al pequeño -tres
años y medio- le he tenido que comprar cuatro nikis, dos babis,
pantalones largos y cortos, calcetines a juego, camisetas de deporte,
sudadera, anoraks y tenis y zapatos de piel azul marinos. Además
de unas docenas de etiquetas coloradas con su nombre y dos apellidos,
porque las monjas no quieren que los pibes se intercambien la ropa.
Pero al grano: no me consta que la mortadela de los bocadillos de
los menores inmigrantes sea de mejor marca que la que devoran mis tres
vástagos en la merienda. Y tampoco me consta que el guardarropa
de los centros de menores esté lleno de trajes Armani, sujetadores
La Perla y sandalias de Blanik. Por eso, la primera explicación
que encuentro a lo de los 30.000 euros por cabeza es que en esta Administración
se tira el dinero de mala manera. No tiene ninguna lógica que
nos cueste más mantener a un menor inmigrante que a un hijo que
estudia para piloto en Barcelona. No me lo creo, aunque les juro que
llevo un buen rato devanándome los sesos en busca de una explicación,
porque sé que el presidente no es un exagerado. Aquí pasa
algo: quizá algún charcutero cobre unas comisiones de
órdago por cada cuarto y mitad de queso que le pide Marisa Zamora.
O puede que algún empresario rumboso y con amigos sea dueño
de la empresa de seguritas y el contrato lo hicieran sin mirar la letra
pequeña. O que los centros no se construyan con bloques sino
con placas de grafito con incrustaciones de reptiles fósiles
del pleistoceno, como la sala de estar del chalecito de Bill Gates.
(Una horterada, por cierto: la última vez que estuve salí
horrorizado, parecía que acababan de comer pollo).
Sabrán ustedes que con los números los políticos
hacen lo que quieran. Y es verdad. El que le hizo las cuentas a Adán
Martín podría calcular cuánto cuesta tomarse una
cerveza en el bar de la esquina y sumar el desgaste de materiales en
toda la zona, las inversiones del Plan General del municipio, el coste
universal de reciclado de vidrio, el gasto perdido de agua en lavados
de vajilla y luego multiplicar todo eso por la raíz cuadrada
de los salarios de todos los inspectores de hostelería, más
un porcentaje fijo por tratamientos de alcoholemia en la seguridad social.
Total: 3.724 euros por birra.
30.000 euros: o demagogos o manirrotos o ladrones. No sé con
qué quedarme.
Fuente: La Opinión de Tenerife, 26-08-06
