CC niega su implicación en un cobro de comisiones para financiarse
SAMUEL TOLEDANO-AGENCIAS / SANTA CRUZ DE TENERIFE-MADRID
El presidente de Coalición Canaria, Paulino Rivero, dudó ayer de la objetividad e imparcialidad de la Fiscalía, dirigida por el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, tras conocerse el auto del juez Baltasar Garzón, en el que varios cargos de CC, entre ellos el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, podrían estar implicados en un delito de cohecho.
La candidatura de López Aguilar a la Presidencia del Gobierno de Canarias y su actual puesto como ministro de Justicia ha sido aprovechada por los nacionalistas canarios para dudar de la actuación judicial ahora que afecta a miembros de su partido. Aunque Rivero ya tuvo oportunidad de dar su opinión sobre la decisión del juez el pasado lunes, fue ayer cuando expresó sus "serias dudas" sobre la "posible instrumentalización de la Fiscalía" por el ministro de Justicia.
Rivero dejó claro que confía "plenamente en el trabajo de la justicia", pero criticó que López Aguilar pueda estar jugando "a intereses de otro tipo". "No queremos pensar que el ministro de Justicia, que es candidato a la Presidencia de Canarias, utiliza la Fiscalía para sus fines políticos". Además, señaló que "hay cuestiones que hacen que dudemos del trabajo de la Fiscalía, que depende del ministro de Justicia; dudamos que sea objetivo y riguroso y que esté desvinculado de la política".
Las dudas de Rivero también están extendidas por toda Coalición Canaria una vez que la justicia ha puesto bajo investigación la actuación de alguno de sus cargos, como ha ocurrido últimamente con políticos del Partido Popular. "Parece que son demasiadas coincidencias", señaló el secretario de Organización de CC, José Miguel Barragán. El malestar nacionalista es evidente, especialmente en la forma en la que se ha conocido el caso y en el hecho de que no sólo se cuestione la gestión de Miguel Zerolo y Luis Suárez Trenor, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, sino la posible financiación ilegal de todo el partido.
En el auto de Garzón no se cita a Coalición Canaria "por ninguna parte", de modo que este partido, dijo Rivero, ejercerá el "derecho a la rectificación" que figura en la Constitución. En esa línea se expresó ayer la formación, que en un comunicado oficial "rechazó tajantemente cualquier implicación en el cobro de comisiones". Coalición Canaria "emprenderá todas las acciones que considere oportunas para demostrar el intachable proceder de esta formación política en el ámbito de su financiación". Sin embargo, Barragán señaló que habrá que esperar a ver "cómo" continúa el caso, aunque matizó que por ahora no se contempla dentro de las posibles acciones entrar en el terreno judicial.
Mientras tanto, y a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tome una decisión, CC respalda y suscribe "todos y cada uno de los puntos" expresados por Zerolo y Suárez Trenor en sus comparecencias del lunes y advierte de que no tolerará que "se judicialice la política ni que la política se entrometa en los vericuetos judiciales".
El Gobierno "respeta" la actuación judicial y se aleja de las "cosas" que diga Coalición
"Ahí sí que el Gobierno mantiene la línea de siempre de respetar todas la actuaciones judiciales". Con esta frase, el Gobierno de Canarias se situó ayer lejos de las declaraciones efectuadas por el presidente de Coalición Canaria, Paulino Rivero y otros responsables institucionales de esta formación que criticaban la politización que el PSOE hace de la justicia. A juicio del Gobierno, cuyo portavoz fue ayer el consejero de Infraestructuras, Antonio Castro, "otra cosa es lo que digan los partidos políticos", dijo tras ser preguntado sobre las declaraciones realizadas por Rivero.
Sin embargo, Castro, en la rueda de prensa habitual tras la reunión del Consejo de Gobierno, señaló que "compañeros" de partido han calificado de "lamentable" la forma en que ha producido la presunta vinculación del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y el presidente de la Autoridad portuaria de la provincia tinerfeña, Luis Suárez Trenor, en un presunto delito de cohecho.
Aún así, lo que sí señaló Castro es el "respaldo de la gestión de nuestros compañeros" en las dos instituciones -ambos pertenecen a Coalición Canaria- y el "apoyo" para que ambos adopten las medidas necesarias para reparar el perjuicio ocasionado. De esta forma se refería el consejero nacionalista a la "forma" en la que se ha conocido los hechos. "Lo mínimo" que se podía haber hecho, agregó Castro, es comunicar a los interesados y a los órganos judiciales antes que darlo a conocer a los medios de comunicación. Las críticas del Gobierno están, aclaró nuevamente, "por el procedimiento y no por el asunto".
Antonio Castro reveló que, aunque este tema no se abordó en el orden del día de la reunión del Gobierno, sí que hubo "coincidencia" en criticar "la forma", lo que ha provocado que se hagan "interpretaciones de posible intencionalidad y juicios paralelos". A qué se refería Castro al hablar de intencionalidad fue una pregunta que no aclaró el consejero, que se limitó a repetir que hubo "intencionalidad o fallo grave". No hubo mención ni al PSOE ni tampoco al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar.
El consejero optó, además de recalcar el respeto a la actuación judicial, por desear que los hechos se clarifiquen lo antes posible y se restablezca la "honorabilidad" de las personas afectadas.
Fuente: La Opinión de Tenerife, 06-12-06
