Joaquín Anastasio
Madrid
Un prófugo de la Justicia sobre el que pesa orden de busca y captura por parte de la Audiencia Nacional, tras ser condenado por blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, aparece como el principal inspirador y responsable último de la operación de supuesto pago de comisiones ilegales en distintas operaciones inmobiliarias en Santa Cruz de Tenerife, según el informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción al juez Baltasar Garzón en relación con la actividad de Fórum Filatélico en Canarias.
Se trata de José Manuel Llorca Rodríguez, que aparece en el escrito del fiscal como el nexo de las entidades que operan en la concesión del Parque Marítimo de Anaga y la recalificación de dos fincas en el Valle de Tahodio, en la capital tinerfeña, y como el vértice del listado de personas vinculadas al supuesto soborno y pago de comisiones por favores administrativos en esas operaciones.
Llorca Rodríguez fue condenado por la Audiencia Nacional el año pasado por su implicación en el caso Ballena Blanca (por lavado de dinero procedente del narcotráfico) dentro de las actuaciones judiciales llevadas a cabo en Marbella y ahora se le cita como el principal urdidor de la trama de Tenerife. En el escrito del magistrado se considera que el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Suárez, entre otros, pudieron cometer delito de cohecho.
Según el informe de la Fiscalía Anticorrupción que sirve para fundamentar el auto del juez, entre la diversa documentación incautada a dichas sociedades aparece una "nota confidencial sobre pagos" en la que se afirma que "existen unos compromisos económicos asumidos por la anterior dirección del Parque Marítimo Anaga y que en estos momentos es imposible modificar". Se relaciona a continuación el listado de personas supuestamente beneficiarias de los cobros de comisiones ilegales, entre ellas Miguel Zerolo, para el que se menciona una "aportación económica a la formación política que representa (unos tres millones de euros), y Luis Suárez Trenor, que percibiría "el 50 % del valor de las obras a ejecutar por la Autoridad Portuaria en el ámbito de la concesión". También aparecen el presidente de la asociación de vecinos de San Andrés y Anaga, que se beneficiaría con 60.000 euros, y Herminia Gil, asesora urbanística, que cobraría 30.000 euros.
En el escrito de la Fiscalía Anticorrupción se menciona también la incautación de "un organigrama con los nombres de las personas que intervienen de una u otra forma en estas operaciones". En el mismo sentido, el escrito señala que en algunos de los documentos remitidos a Garzón "se destacan en recuadro con trazo distinto las personas que se vinculan a Coalición Canaria".
La Fiscalía deja de manifiesto en su escrito el complejo entramado de interposición de sociedades, cuyo objetivo no es sino enmascarar su situación legal. En esencia, se señala que tan-to la concesión como los terrenos de Valle de Tahodio son activos de Parque Marítimo Anaga, cuyo 99,9 % pertenece a Grupo Unido de Proyectos y Operaciones SA, que a su vez pertenece en su totalidad a Fórum Filatélico.
Pero la Fiscalía aclara que una parte de ese accionariado fue adquirido a Pharus Iberia SL, vinculada a Llorca, y que otra parte fue adquirida mediante compra en Canadá de las acciones de Coinpel SL, que a su vez eran propiedad de Dumar Investments SA. "En todo caso", señala el informe, "no parece que los titulares de los activos hayan querido aparecer como tales frente a las autoridades administrativas".
Fuente: La Provincia, 06-12-06

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