Ola de 'solidaridad' en la prensa de Tenerife hacia Miguel Zerolo

Como en Fuenteovejuna, casi todos a una, han reaccionado desde los más potentes medios de comunicación de Tenerife, principalmente El Día y Diario de Avisos, ante el hecho de que hayan aparecido unos nombres en unos papeles de la contabilidad de Fórum Filatélico que podrían suponer la consumación de un delito de cohecho por comisiones ilegales a favor de la CoCa. Exculpación total y absoluta a Miguel Zerolo, no se es tan tajante -sorprendentemente- en la defensa de los otros señores y señoras que aparecen en la lista. Salvar a Zerolo es la consigna.

Claro que llama la atención que se defienda, esencialmente, al implicado que seguramente menos necesita que lo defiendan, entre otras cosas porque Miguel Zerolo se ha puesto muy farruquito -amenazando a todo el mundo principalmente de su entorno político- pero sin renunciar -ni de coña- a su condición de aforado para enfrentarse, como el resto de sus compañeros implicados, al problema desde la justicia ordinaria y no desde instancias donde los magistrados han sido designados directamente por el poder político.

De hecho la CoCa parece garantizarle su puestito en el Parlamento para las próximas elecciones, donde no se le conoce actividad ni iniciativa alguna en cuatro años pese a que prometió hasta la apertura de oficinas en el Sur a fin de atender a los problemas de toda la isla, para que puede seguir disfrutando de este privilegio antidemocrático desde todo punto de vista. Porque una cosa es que en el ejercicio de sus funciones un parlamentario disfrute de determinados privilegios, pero otra, muy distinta, es que si un parlamentario es acusado de maltratar a su mujer no se someta a la justicia ordinaria como todo hijo de vecino.

Magistrados, José Segura, empresarios de peso, periodistas... todo el mundo había llamado a Zerolo la misma tarde en la que se conoció el auto de Garzón. Así lo contaba el mayor baluarte mediático de Zerolo, Andrés Chaves, periodista que siempre dice que cuando estuvo en la facultad de Periodismo nunca vio 'un cartel que dijera que estaba prohibido hacerse millonario', por lo que el hombre machaca y crucifica -sin juicio previo- a todo aquel que no le ponga publicidad en Radio Burgado. El Día dice que son los canariones que quieren tomar Santa Cruz para destruirnos a todos y el Diario de Avisos toma postura también en defensa de Zerolo y, con ellos, la mayoría de las plumas que se han caracterizado -desde casi siempre- con la defensa del Crimen de Granadilla y de casi todo lo que huele a podrido en esta isla.

Pero independientemente de lo que salga del procedimiento judicial que ha iniciado Garzón -con la debida presunción de lo que sea para todo el mundo-, lo que queda claro en este proceso -de momento- es que una serie de sospechas e 'intuiciones' que multitud de ciudadanos y colectivos teníamos desde hace años, sobre todo al ver la prepotencia y la arrogancia con la que políticos y empresarios pretenden llevar adelante proyectos disparatados sin consenso social alguno, las ha encontrado Garzón -de casualidad y por la investigación del Fórum Filatélico- escritas en unos papeles y en la contabilidad de esa empresa. Lo del servilismo de la prensa de Tenerife en la defensa de los intereses de unos cuantos, y contra el interés general de los ciudadanos, no es nada nuevo tampoco ni nos sorprende a la mayoría, desde luego.

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Las Palmas quiere la Alcaldía de Santa Cruz

LA JOYA de Santa Cruz, de Tenerife, de todo el Archipiélago y de Coalición Canaria es la Alcaldía de la capital. Tenerife no puede perder ese bastión, tan valioso como su Cabildo y el Ayuntamiento de La Laguna, ciudad Patrimonio de la Humanidad. Pero, ojo, Las Palmas ha puesto sus ojos en el edificio de la calle Viera y Clavijo y la ha emprendido contra su principal inquilino, el alcalde Miguel Zerolo, al tiempo que aprovecha para llevarse por delante a su compañero de partido, el presidente de la Autoridad Portuaria.

Miguel Zerolo, Santa Cruz de Tenerife y hasta la Isla quedaron conmocionados anteayer, cuando se difundió el auto del juez Garzón. Ni siquiera las acusaciones que se dejan caer sobre él, tanto en este asunto como en el de Las Teresitas -donde también se implica a dos empresarios por ejercer como tales, es decir, por intentar ganar dinero, al tiempo que dan trabajo- justifican la operación que parecen haber montado contra el alcalde ciertos políticos de Las Palmas, que parecen van a por todas de cara a las próximas elecciones. Nos parece bien que en su isla los vote todo el mundo, pero en la provincia tinerfeña que los electores se lo piensen muy bien porque esta gente está dispuesta a implantar una dictadura en Canarias, de un signo o de otro, pero con el objetivo indisimulado de conseguir la capitalidad para ellos. Como dijimos el domingo pasado, citando el eslogan de una cadena de televisión, está pasando, lo están viendo. Y un interrogante: ¿hay quien pueda afirmar que no es así como decimos?

Y es que resulta algo desconcertante que esta investigación del juez Garzón salga a relucir en estos momentos. Y no cuestionamos la actuación judicial, pero da la impresión de que el aireamiento de un simple auto donde no existe imputación clara responde a una estrategia relacionada con las próximas elecciones. No olvidemos que el ministro de Justicia va a ser candidato a presidente de Canarias en mayo de 2007. Por tanto, queda en el aire ese interrogante, que el tiempo se encargará de dilucidar. Lo cierto es que lo que está pasando guarda cierta semejanza con un grave suceso ocurrido en unas recientes elecciones y que invirtió el resultado que la mayoría preveía. Lo que sí resulta evidente es la indignación de los chicharreros. Y no nos cansamos de repetir que a nosotros nos da lo mismo la ideología de CC, la del PSOE o la del PP, pero no sus estrategias políticas, y las de estos dos últimos partidos arrancan desde Las Palmas, donde residen su mayor fuerza y sus "hombres fuertes", que están en contacto e influyen sobre los gobiernos de turno de Madrid. Y vamos a ver qué alcalde o alcaldesa de Santa Cruz que perteneciera a una de esas fuerzas se negaría a cumplir lo que le ordenaran desde el Gobierno central o desde Las Palmas. Ese alcalde o esa alcaldesa saltaría inmediatamente del cargo o, como mínimo, no volvería a repetir en una lista de su partido. Y eso es lo único que no nos convence y nos preocupa mucho del PSOE y el PP: su dependencia de Madrid y, muy rigurosa, de Las Palmas. Y ya lo están demostrando en las actuales circunstancias.

Mientras tanto, sigue la actitud de permisividad y pasividad de los políticos tinerfeños, su falta de perspicacia y de agresividad política, que están perjudicando a la Isla y a sus habitantes. Porque, recordemos que continúa sin haber un candidato capaz de prometer, para cumplir, la restitución de todo lo que se le ha arrebatado a Tenerife; o que se atreva a poner coto a la Televisión Canaria en su continua labor a favor de Las Palmas, que ya dispone para su provecho de Televisión Española en Canarias.

El presidente de Coalición Canaria, Paulino Rivero, debería reconsiderar la torpeza de renunciar a la candidatura de Zerolo para la Alcaldía de Santa Cruz. Con sus fallos, algunos, y todo, es el hombre con más carisma de CC para ese puesto. ¿Qué otro tiene su cualificación y su altura política? Ninguno. Si se sigue ese camino es el de la autodestrucción del partido, aunque creemos que todavía hay tiempo de rectificar.

En estos momentos, el alcalde natural de Santa Cruz es Miguel Zerolo. Él ha transformado el parque García Sanabria, ha acometido el Plan Urban, que ha abierto a los peatones las calles más bonitas de la ciudad, como Pi y Margall, Viera y Clavijo o Pérez Galdós, y rincones como el Parque Bulevar. Y, sobre todo, ¿quién, sino él, puede inaugurar las grandes obras que ha puesto en marcha, como el plan de barrios, Las Teresitas, la plaza de España o el viario del barranco de Santos?

La Muy Noble, Leal, Invicta y Muy Benéfica Ciudad, Puerto y Plaza de Santa Cruz de Santiago de Tenerife -y muy bella, añadimos nosotros-, no merece ser gobernada por Las Palmas. De los chicharreros de verdad depende.

Fuente:Editorial El Día, 06-12-06

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Reservas sobre un auto

Si el Derecho es Justicia y ésta a su vez es "ética, equidad y honradez", o, en el concepto clásico de Justiniano, "el arte de lo bueno y lo equitativo", nos parece un exceso jurídico el auto del juez Baltasar Garzón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, por el que decide inhibirse a favor del decano de los Juzgados de Instrucción de Santa Cruz de Tenerife para que investigue el posible delito de cohecho o cualquiera otra infracción penal que pudieran haber cometido 14 personas -entre ellas el alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Suárez Trenor- en relación con una documentación incautada en la sede madrileña de la empresa Forum Filatélico, S.A.

Y decimos lo de exceso jurídico porque entre los principios inmutables del Derecho se incluye el que no se practique nunca ningún tipo de discriminación o preferencia hacia ninguna persona, puesto que en tal caso se incurriría en una justicia falsa, que no sería la de dar "a cada uno lo suyo". El auto del juez, lanzado a la publicidad sin el menor recato por el Juzgado al que está adscrito Garzón, cuestiona abiertamente el honor de las personas en él citadas, sin que ninguna de ellas tenga posibilidad de defensa en este concreto momento procesal, además de quedar afectadas en su dignidad, que está reconocida formalmente como fundamento de todo derecho.

Sobre la base de indicios basados en los documentos obrantes en autos, se divulga una presunta trama basada en el curso de determinadas operaciones inmobiliarias relacionadas con dos parcelas sitas en el Valle de Tahodio y en la gestión de una concesión administrativa para la construcción de un puerto deportivo en Santa Cruz. A falta de pruebas materiales, se alude a que en esas operaciones "habrían podido ser solicitadas ciertas cantidades de dinero...", pero "sin que hasta el momento exista constancia de si esas cantidades han sido pagadas y recibidas". Y se cita en el auto el nombre de personas que "pudieran estar comprometidas" con dichos pagos, bien "como oferentes" bien como "presuntos aceptantes" o "como destinatarios" de las solicitudes de cantidades supuestamente pedidas por las autoridades públicas.

Tanta ambigüedad, que habrá de ser aclarada en su caso por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias -dada la condición de aforado del diputado autonómico Miguel Zerolo, que arrastrará el caso consigo mediante la investigación que proceda-, deja el caso prendido con alfileres, pero coloca a los afectados ante unos hechos consumados -aunque a nivel indiciario exclusivamente- de difícil reparación si finalmente resultan inocentes; algo a lo que, por otra parte, tienen presunción con arreglo a la inexcusable doctrina constitucional. No resulta extraño que los afectados hayan aludido a la posibilidad de emprender acciones legales para corregir su inicial indefensión.

Como es lógico, nosotros estamos a favor de la investigación con todas las consecuencias y con independencia de quiénes sean los afectados, pero no nos gustan ni los juicios paralelos ni los procedimientos desprovistos de un mínimo sentido de la honorabilidad, la discreción -mientras procesalmente no proceda la publicidad- y el recto entendimiento de la interacción entre individuos e instituciones. Pero ya sabemos la proverbial ligereza del juez Baltasar Garzón a la hora de practicar ciertas instrucciones; y ello por encima de los innegables servicios que ha prestado a la Justicia y a España, pero también a su propia y discutible manera de entender, desde el estrellato y la relevancia personal, la incidencia de su trabajo en la forja de una buena imagen y en su proyección nacional e internacional.

Con este modelo de práctica jurídica de Garzón, que hipoteca a veces el sentido de lo justo y lo injusto, resulta impensable la posibilidad de enjuiciar, criticar y valorar las realidades jurídicas desde la perspectivas de los principios éticos. Y no es bueno que el juez ceda ante sus debilidades, porque con ello cede también el Derecho.

Fuente: Editorial Diario de Avisos, 06-12-06

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LA INVASIÓN ALIADA a la Europa de Hitler no pudo ser en 1942. Entonces las potencias occidentales todavía no contaban con el elevado número de hombres y la ingente cantidad de material necesarios para una operación de tal envergadura. Tampoco pudo ser en 1943, pese a las presiones de Stalin, porque los ejércitos de las democracias libraban batallas en Italia. País tan alejado de las playas de Normandía como Marbella -y la Costa del Sol, en general- de Tenerife. Cierto que en la Italia de entonces no abundaba la jet set ni la high life. Algo había, pero poco. Fue necesario esperar un año más. Las apuestas, empero, eran claramente favorables al bando aliado. Perdido el Norte de África y machacadas sus tropas en Italia, Alemania tenía todas las de perder si gringos y anglos lograban poner los pies en Francia.

Pese a ello, existía bastante expectación. El desembarco era cuestión de tiempo. Eso lo sabía todo el mundo. De la misma forma que también se conocía, más o menos, el lugar: entre Calais y Normandía. El tiempo corría en contra de los teutones. A medida que transcurrían las semanas, aumentaban los rumores, e incluso las noticias fehacientes, sobre las enormes fuerzas que se estaban concentrando al otro lado del Canal; ahí enfrente mismo. Casi a un tiro de piedra. Media menos mar entre Francia y Dover que entre San Andrés y Agaete. ¿Cuándo zarparían los barcos? ¿Cuándo tiraría, por fin, la Justicia de la manta para dejar en pelota a más de uno?

No fue un festivo seis de diciembre sino un hasta ese momento anodino 6 de junio de 1944. Horas antes había comenzado el bombardeo artillero para debilitar la formidable muralla del Atlántico. Siempre el Atlántico y lo atlántico; la atlanticidad, en definitiva. Las actuaciones judiciales, al menos en sus inicios, cuando las acusaciones todavía no son firmes y la palabra "presunto" aparece antes, después, por encima y por debajo de cualquier acusación en ciernes, comparten con las invasiones anunciadas la virtud de desconcertar al adversario. Agrietan sus filas, debilitan su moral, ponen en clara fuga a los más pusilánimes y desmarcan apoyos hasta ese momento incondicionales. Las ratas son las primeras en saltar por la borda cuando el buque comienza a hundirse.

Aquel lejano 6 de junio por la noche, diez divisiones estadounidenses, británicas y canadienses salieron de sus cuarteles y cruzaron el Canal. Aunque Hitler pensaba que le darían el golpe en Calais, lo inevitable ocurrió en las playas de Normandía. Después de todo, basta coger un mapa barato para comprobar que San Andrés, y una marina que posiblemente ya no será posible, queda más cerca de Las Teresitas que Dunkerque de Cherburgo. Al final, los aliados no tuvieron necesidad de una segunda invasión más al norte. Los alemanes opusieron alguna resistencia. Inútiles acciones frente a una abrumadora superioridad en medios humanos y materiales.

Durante sesenta años se ha explicado hasta el cansancio por qué el desembarco ocurrió el seis de junio y no antes. Ojalá no debamos esperar tanto tiempo para conocer el motivo de que la Justicia haya empezado a actuar ahora, precisamente ahora, por algo de lo que hay constancia, si realmente la hay, desde hace meses. O, ya puestos, porqué no esperó a junio del próximo año.

Gran parte de la actualidad informativa en las Islas -e incluso fuera de ellas- se ha visto marcada por la noticia sobre el auto del juez Baltasar Garzón por el que traslada al juzgado decano de Santa Cruz de Tenerife un expediente (porque eso es lo que hace el magistrado, trasladar el asunto, no sacar conclusiones como parecen haber entendido algunos) para que se investigue lo que puede ser un delito de cohecho, si autoridades tinerfeñas, en concreto el alcalde de Santa Cruz y el presidente de la Autoridad Portuaria, Miguel Zerolo y Luis Suárez Trenor, han cobrado dinero por favorecer una inciativa empresarial.

Cuando uno lee el auto, encontrar, lo que es encontrar, no se halla mucho. Se habla de indicios en función de que los nombres de Zerolo y de Suárez Trenor dicen que aparecen en una anotación de una persona, en relación con nombres y unas cantidades, pero no se sabe nada más, al menos de momento. Hay muchas especulaciones, en las que cabe todo, incluidas distintas alternativas, desde la absoluta falsedad de la denuncia a que alguien haya usado esos datos para embolsarse él las cantidades, entre otras teorías posibles.

Es que ante tan grande falta de concreción, todo es posible, hasta que el propio auto diga que no hay constancia de que las supuestas cantidades hayan sido pagadas y recibidas, con lo cual todavía es mayor la vaguedad de estar hablando de un hecho del que incluso hay dudas de que existiera.

Pero así son las cosas. El alcalde de Santa Cruz ha respondido airado, con contundencia y, en mi opinión, con verosimilitud en sus palabras, pero lo que no podrá evitar es que la mierda que le han lanzado le cueste quitársela de encima, porque ya se sabe que, lamentablemente, estas cosas tienen grandes titulares cuando se lanzan, pero notas a pie de página cuando se concluyen en inocencias.

En cuanto al PSOE, el supuesto beneficiario del escándalo, ha hecho estentóreas manifestaciones respecto a que no está mezclado con una manipulación de la justicia. Seguramente es así, pero en estas cosas no basta que uno lo diga, sino que la gente se lo crea. Y tener en cuenta los hechos. No se puede afirmar que hay un respeto a la justicia y ver al mismo tiempo cómo políticos socialistas, tanto en el Parlamento de Canarias como en otras corporaciones hablan del asunto adjudicando culpabilidades como si manejaran sentencias, en algo que es ahora cuando se comenzará a investigar y donde sólo hay muchos rumores y poco fondo. En estas circunstancias, para el observador común está claro que, con estas declaraciones, los socialistas si bien no están en el origen, sí que están ahora en la instrumentalización posterior.

El vicesecretario general del PSC-PSOE, Francisco Hernández Spínola, ha advertido de que se reserva el derecho de emprender acciones legales contra cualquier intento de mezclarlos con intentos de perturbación y de sembrar dudas sobre la independencia del poder judicial. ¿Qué van a hacer, meter a los ciudadanos en la cárcel? ¿Hernández Spínola ha oído cómo se opina del asunto en la calle?

1.- La obsesión del PSOE y del alto comisario político que se envía a Canarias para ganar las elecciones (López Aguilar) es matar políticamente a Miguel Zerolo, que es la persona más valiosa de Coalición Canaria. Lo sabe todo el mundo. La rocambolesca noticia de ayer, que se adueñó de portadas digitales de periódicos y de telediarios de toda España es que el juez Garzón, en un curioso auto, dice que "pueden existir" vinculaciones espurias entre dirigentes de ¡Fórum Filatélico! y Miguel Zerolo. Fíjense lo que dice Garzón: "no existe constancia de que se hayan pagado o recibido (a Zerolo y a Luis Suárez Trenor, presidente de la Autoridad Portuaria tinerfeña) cantidades reflejadas en la documentación incautada". Es decir, Garzón no imputa nada, sino que traslada el caso a un juzgado tinerfeño para que investigue una presunta historia de corrupción que se puede quedar en que alguien nombró al alcalde de Santa Cruz en la investigación del Fórum Filatélico. Si no va a acusar, ¿por qué Garzón arma este lío y luego se lo pasa a un juez local?

2.- A lo mejor esto les explica algo. Miguel Zerolo ha presentado, con fechas 15 de noviembre pasado y 25 del mismo mes, dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción. La primera dice que se llevan a cabo por este órgano dos investigaciones paralelas, distinguidas con los números 6/2005 y 2/2006, que se extienden al menos durante año y medio, lo que vulnera el Estatuto del Ministerio Fiscal y le crea indefensión. Pide una declaración voluntaria, a fin de salvar su honor, el acoso fiscal y mediático y garantizar su derecho a la defensa. También, en la segunda denuncia, argumenta grave lesión de sus derechos de defensa, contradicción y proporcionalidad, amén de vulneración, por parte del fiscal, de la jurisdicción y de la tutela judicial efectiva. Es decir, que los fiscales actúan sin control de un juez, lo cual es gravísimo.

3.- Al margen de que yo creo que Miguel Zerolo es honesto e inocente, la persecución es intolerable. Que el PSOE utilice de esta manera a la Justicia y a la Fiscalía para quitarse de en medio a un enemigo político me parece gravísimo y atentatorio contra el Estado de Derecho. Canarias no puede caer en la trampa, ni en esta bajeza. Es trágico para este país que haya jueces y fiscales que se presten a este juego peligroso, indigno, abominable y terrible para la libertad de quienes creemos en la democracia. Zerolo no debe retirarse de la política. Debe luchar y ganar, y ahora más que nunca.