Antonio Álvarez de la Rosa
España es, junto con Japón, el país más ruidoso del mundo. Está claro, según los científicos, que el estruendo en los tímpanos, además de provocar sordera, atormenta el cerebro, que no es posible razonar a golpe de zambombazo. Más allá de los decibelios electrizantes, se produce el cortocircuito del raciocinio, cualidad que, por si se nos ha olvidado, es exclusiva del ser humano. Los tímpanos y el cerebro solo se conectan por medio del silencio o, al menos, del ruido que nuestro oído puede, fisiológicamente, soportar. Lo contrario del producido por determinados participantes en el Carnaval de Santa Cruz y permitido, hasta ahora, por la autoridad competente. La algarabía emitida desde kioscos y vehículos ha facilitado que, a lo largo de toda una década, los responsables del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife hayan hecho oídos sordos a la petición de un grupo de vecinos, desahuciados sin salir de sus casas, atormentados cada año durante diez interminables días. Eso sin contar con los conciertos multitudinarios, realizados, en el centro de la ciudad, organizados, por ejemplo, por los 40 principales y subvencionados con dinero público. El Alcalde de una ciudad como Santa Cruz de Tenerife no puede ocuparse, en persona, de todos los problemas que en ella se generan. Sin embargo y dada la trascendencia que tienen estos Carnavales, parece razonable que, al menos una vez en estos diez últimos años, aquél se hubiese pasado un rato -una hora, pongamos- metido en las cabinas de tortura en que se transforman las viviendas del centro de su ciudad y en las que vibran desde las ventanas hasta las paredes del hígado de sus ocupantes. Así y tras recuperarse de tamaño soponcio cerebral, quizá hubiese accedido a negociar con los protovecinos perjudicados un acuerdo que contentara a los que tienen dos derechos fundamentales, en este caso enfrentados: mínima calidad de vida en la intimidad de sus domicilios y posibilidad de divertirse en las calles de todos. Conviene recordar que, tras la década de silencio administrativo, un grupo de vecinos -con uno hubiese bastado, pues los derechos son individuales- decide acudir a un abogado para que defenda su derecho al descanso durante la celebración nocturna de esas fiestas (Por la peligrosidad social que encierra, me ha dejado estupefacto el comienzo de uno de los párrafos del Bando de la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife que, en el colmo del populismo -gestos y utilización de símbolos para proclamar su identificación con el PUEBLO-, dice así: "Un grupo de vecinos y un abogado han conseguido que la Justicia impida..." (Como letrado, el Alcalde debería saber que eso es lo normal en un Estado de Derecho, que las personas se defienden ante los tribunales de justicia con la ayuda, indispensable, de un abogado y hasta de un procurador. Eso es, por cierto, lo que el firmante del tal Bando reclamaba ante cualquier micrófono cuando se iniciaron las investigaciones en torno al llamado caso de Las Teresitas, también muy cargado de decibelios fiscales). Peligrosa insinuación, digo, especie de fatwa encubierta con que el Alcalde-Presidente señala a una persona que se limita a ejercer sus responsabilidades profesionales -¿se pronunciará al respecto el Colegio de Abogados?-, eco de otro anatema, lanzado desde una cadena local de televisión, que ha puesto a los pies de los caballos a los vecinos denunciantes, al revelar sus nombres y apellidos. Las consecuencias de este desafuero municipal es de tal magnitud que ha caído en mis manos un correo electrónico en el que se llama a la "rebelión" contra los "pijos de la zona centro de Santa Cruz", con mención expresa del domicilio de esos "vecinos puñeteros", "aguafiestas" y en el que se pide que "¡NO DUERMAN! Tenemos que armar tal jaleo debajo de su casa que el año que viene pidan de rodillas que el carnaval vuelva a celebrarse donde siempre". Estos son los oscuros clarines generados por esa atmósfera guerracivilista que se desprende de ese Bando, la llamada al enfrentamiento entre los ciudadanos. Lo menos que se puede esperar de un político responsable es que trate de aceitar las relaciones entre sus vecinos, no que eche óxido en la maquinaria social.
Estas y hasta otras posibles consecuencias funestas, que es de esperar no se produzcan, se derivan de la soberbia del poder municipal que, haciendo caso omiso del derecho de los demás, se ha negado a llegar a un acuerdo con unos vecinos que, literalmente, no pueden vivir donde viven. ¿En que recónditos rincones de la tinerfeñidad (con perdón) anida el gen que nos impide celebrar las fiestas desde la tarde hasta bien entrada la noche? (Colonia, cuyo carnaval es famoso en todo el mundo, no está en el subtrópico, pero sus ciudadanos se divierten como los primeros. Eso sí, a las doce de la noche no hay ruido en sus calles y la gente se busca la vida festiva en discotecas o recintos insonorizados). ¿Qué impide que el epicentro de la fiesta se hubiera trasladado, de forma paulatina y pactada, a la explanada portuaria o al extrarradio de la ciudad, a una zona no residencial? (La Feria de Sevilla también empezó en el centro de la capital y acabó en sus afueras, dada la imposibilidad de conciliar el descanso con la jarana). Estoy seguro de que, desde el respeto hacia los demás, hay muchas fórmulas que podrían conciliar dos derechos enfrentados. Lo que, insisto, me parece inadmisible es situar a unos vecinos en la diana de la ira.
Fuente: La Opinión de Tenerife, 11-02-07
TEXTO DE LA QUERELLA 
11-02-07 Espectacular 'éxito' de la campaña de Zerolo contra los vecinos del centro
