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Sesenta belillos aprueban otra Ley anticonstitucional

14 - 02 - 07

No cabe duda que esto de la democracia es una cosa cojonuda. Se trata de que uno va cada cuatro años a darle el voto al que más medios de comunicación controla y, casi en la misma línea, al partido que más capacidad de conseguir financiación irregular tenga que, como es lógico, suele ser el que gobierna y adjudica contratos públicos o recalifica suelo.

Una vez sentados en las poltronas, en el Parlamento en este caso, hacen lo que se le ponga en el culo con carta blanca y hasta con inmunidad para todos los parlamentarios, independientemente de que metan la pata en el ejercicio de su cargo o no. La mayoría de sus actuaciones nada tienen que ver con sus promesas electorales. Prometen escuchar al pueblo y no admiten ni el debate de las iniciativas legislativas populares y nadie dice, antes de las elecciones, lo que piensan hacer con sus sueldos y prebendas, que se multiplican exponencialmente cada vez que comienza una nueva legislatura.

Cuando no, como el caso de Zerolo, dice antes de las elecciones del 2003 que la situación en la que se encontraban los ciudadanos de Santa Cruz del Centro era insoportable, 'durante 20 días', con motivo de unos carnavales que les hacían la vida imposible. Cuatro años después, en la única iniciativa parlamentaria del nota, presenta justamente una Ley anticonstitucional que pretende dar carta blanca a todo el ruido que permitan los avances tecnológicos en materia de sonido, obligando a emigrar al que pueda, y al que no pueda, de lugares donde cada ayuntamiento decida, por cojones y por encima de los derechos fundamentales de las personas recogidos en La Constitución.

Y para eso, ojo al dato, habilita el Parlamento de Canarias un día del mes de febrero, por primera vez en su historia porque se trata de mes inhábil para éstos. El alcalde de Santa Cruz, en día de luto oficial declarado por el Cabildo, publica con dinero de todos otro indecente Bando en la contraportada de todos los periódicos al grito de 'Todos al Carnaval'.

Estos días, sin embargo, miles de padres y madres de toda la isla de Tenerife comienzan a sufrir del desasosiego propio de todos los años. Todo el mundo -prensa, políticos y toda clase de chusma- llama a sus hijos -sobre todo menores- a incorporarse a la parte de la fiesta que más ha degenerado en los últimos quince años, precisamente la que este martes 13 ha decidido proteger el Parlamento de Canarias. El truco consiste en salir a la calle después de las dos de la mañana, preferiblemente ya colocado, para aguantar hasta las 9 o las 10 del día siguiente -como mínimo- a base de alcohol o cualquier tipo de droga, de los muchos que circulan en cantidades industriales. Son sobre todo menores los que sufren las consecuencias de esta situación, lo que en cualquier país civilizado del mundo sería objeto de especial preocupación por cualquier administración pública decente, de lo que aquí carecemos.

Si a esas noches locas del Carnaval, que el 80% de los ciudadanos de Santa Cruz desconocen entre otras cosas porque los estampidos de la música y los follones han ahuyentado a miles de carnavaleros tradicionales, no asistiesen los menores de entre 12 y 17 años -que deben ser más de la mitad de los carnavaleros de la amanecida- y no se les diese carta blanca -como se les da hoy en día con el consentimiento de las autoridades- para el consumo de alcohol y demás, esa fiesta se quedaría en nada probablemente. Y eso es así día tras día durante muchos días, los comas etílicos van a más año tras año y centenares de menores se juegan la vida literalmente en una acera, jardín o portal.

Claro que de esos sesenta políticos profesionales que votaron en contra de los derechos fundamentales de las personas en el Parlamento, a favor de los decibelios sin control alguno en los Carnavales, ninguno está afectado por estas historias porque disponen de varias casas o posibilidades de que algún amigo los invite a un hotel de esos del Sur de gran lujo, como agradecimiento por haberles votado en su día a favor del 'interés general' de la urbanización privada. Además, muchos de ellos -aunque no todos- tampoco tienen problemas con sus hijos menores a los que les organizan viajes para esquiar en Andorra o en Suiza por estas fechas. Los que nos mamamos el marrón somos los que nos tenemos que quedar aquí y que no podemos casi ni dialogar con nuestros hijos de esto o lo otro porque, por todas partes, administraciones, empresas de bebidas alcohólicas, prensa y todo el mundo, les hace ver lo contrario de lo que a los padres nos gustaría.

Y estamos seguros de que es imposible que entre sesenta personas no haya nadie con un par de dedos de frente. Creemos, sinceramente, que alguien habrá entre ellos que hubiera preferido reunirse de urgencia para ver cómo se puede reorientar la fiesta para que no produzca este efecto demoledor en niños desde los 12 años, evitando que muchos de ellos se inicien en las drogas en ocasión de fiestas de mierda como ésta (la de la amanecida sin control). Pero la realidad es que no sólo no lo han hecho -ni lo han planteado- sino que todos ellos han levantado la mano para apoyar una Ley que atenta contra los derechos fundamentales de las personas y la inviolabilidad del domicilio de la gente. Eso han hecho y se han quedado más anchos que largos.