Hombre, las cosas como son. Uno tampoco entiende, de ninguna de las maneras, el numerito que ha montado el juez o quién sea en relación al concejal de la CoCa del ayuntamiento de San Miguel en relación a un oscuro asunto de trata de blancas.
Porque es que si lo metieron en la cárcel hace dos meses, después de rodear su casa y colocar a su familia en una situación verdaderamente indeseable para nadie, cómo es posible que todo eso se haya quedado en una libertad bajo fianza de de 3.000 euros que, si me apuran, hasta yo la podría pagar en un momento dado.
Porque sea quien sea y como quiera que sea a uno le parece que cuando se va a por alguien de esa manera, metiéndolo en la cárcel y tirando la llave a casa del carajo, se supone no sólo que hay algo bastante gordo sino que, además, la cosa está lo suficientemente clarita. Porque si las investigaciones policiales no están lo suficientemente contrastadas, si no lo han cogido con unas pruebas casi cristalinas pues, francamente, sería deseable que estos policías y estos jueces y fiscales se sometiesen voluntariamente a unos cursos de reciclaje.
Porque de lo que se acusa al concejal no es de robar de la caja del gofio -de lo público, vamos-, que es algo que en esta tierra es visto ya casi como un mérito para cualquier político, sino de un asunto de trata de blancas que afecta muy directamente a la honorabilidad de la gente y que, desde el punto de vista familiar, puede tener unas consecuencias demoledores. Y eso tampoco puede ser.
Y lo que está claro es que lo que le ha pasado al concejal de San Miguel -independientemente de las verdaderas responsabilidades que pueda tener o no, que eso no entramos- sería imposible que le pasara a cualquier aforado por ahí. Pero, al mismo tiempo, si esto le ha pasado a un concejal, teniente de alcalde de un municipio de peso, qué no es lo que le estará pasando a un montón de gente por ahí, de la gente común y corriente, sin que nos enteremos de nada.
Así que -independientemente de lo que pueda avanzar o no este procedimiento judicial- francamente, o la policía y la Justicia se ponen un poquito las pilas, actúan con un poquito más de ecuanimidad y de rigor, o entre acusaciones de maltratos, de detenciones injustificadas... Entre jueces que tiran para un lado mientras otros tiran justamente hacia el lado contrario, podría ser no sólo que cada día el ciudadano desconfíe más hasta de su propia sombra sino que, de seguir las cosas así, los fundamentos mismos sobre los que debería sustentarse un estado de Derecho comiencen a hacer aguas por todas partes.
Y no es que nosotros nos vayamos a poner de parte de el abogado del señor Oval, que dice que siempre ha actuado como una ONG, y que está en su papel de defender a su cliente, faltaría más. Pero si después de más de dos meses en el talego el juez sólo le ha encontrado materia para una fianza de 500.000 pesetas pues, qué quieren que les diga, da la impresión de que alguien, con importantes responsabilidades, ha echado una buena cagada fuera de la bacinilla.
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El concejal de San Miguel, Sabino Oval, sale en libertad tras pagar la fianza
Su abogado dice que no hay ninguna prueba de comisión de delitos en el sumario
Marta Plasencia
Santa Cruz
Juan Sabino Oval, concejal de Urbanismo, Vías y Obras y segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Miguel de Abona, vuelve a disfrutar de su libertad tras ser detenido el pasado cuatro de diciembre por un delito contra los derechos y libertades de los extranjeros relacionado con la prostitución. Como ya se informó, en su día fue arrestado junto con un ciudadano de nacionalidad venezolana. En una entrevista concedida a este periódico, acompañado por sus abogados, Manuel Quintero Quintero y Carmen Rosa Luis Botia, manifestó su gran alegría y, sobre todo, el "agradecimiento al pueblo de San Miguel por su apoyo", en un caso que sacudió el Sur de Tenerife cuando 2006 llegaba a su fin.
En palabras de sus abogados, la acusación se llevó a cabo con pruebas infundadas, por lo que no es de extrañar que haya quedado en libertad tras pagar una fianza "prácticamente anecdótica" afirmó Manuel Quintero, de 3.000 euros. La base del sumario -dicen- eran las escuchas telefónicas realizadas por la Policía durante dos meses antes de su detención, "que lo único que aportaban es que Sabino ayuda a la gente, entre ellos, a extranjeros legales" afincados en la Isla, prosiguió Quintero. "Siempre ha actuado como si fuera una ONG" y reto a cualquiera a que busque un delito en el sumario que impute a Sabino", señaló. Los dos meses que el concejal pasó en prisión fueron "muy duros, pero gracias al buen trato policial y al de los funcionarios de prisión" y al apoyo tanto de los alcaldes de San Miguel y de Vilaflor como al de su familia, se llevaron con más calma. La explicación del largo internamiento en la cárcel fue que, en un principio, el sumario se instruyó en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife y cuando se demostró que allí no había nada, se trasladó a los Juzgados de Arona", manifestaron los abogados. "Ahora toca volver a trabajar y seguir luchando por mi inocencia", finalizó Sabino Oval.
Fuente: Diario de Avisos, 16-02-07
08-12-06 En prisión un concejal de la CoCa por trata de blancas para la prostitución
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