Se dieron más de 200 licencias pese a tener informes negativos
Los Servicios Jurídicos y el interventor formularon reparos
La denuncia que obra en poder de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo destaca que en tan sólo dos años se concedieron más de 200 licencias por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arona a pesar de constar informes negativos de los Servicios Jurídicos municipales, la Secretaría del propio ayuntamiento y los reparos del interventor, aunque ninguno de ellos tiene carácter vinculante.
LA OPINIÓN / SANTA CRUZ DE TENERIFE
La denuncia señala que se ha producido una "sistemática concesión de licencias en franca vulneración de las normas urbanísticas y con la advertencia de esta circunstancia por parte de los Servicios Jurídicos Municipales y del secretario municipal", hecho que, según el denunciante, podría constituir "un delito continuado contra la ordenación del territorio, tipificado en el artículo 320 del Código Penal".
Esta circunstancia, según el texto de la denuncia, "ha causado un evidente perjuicio al interés público, lesionando el bien jurídico protegido", ya que "los beneficiados por las licencias ilegales no han cedido al Ayuntamiento los terrenos necesarios para dotaciones, no han costeado las obras de urbanización y no han aportado el 10 por ciento del aprovechamiento".
Todo ello, se añade, "ha causado un cuantioso daño económico al Municipio", que se valora en la denuncia en torno a los 42 millones de euros.
Contratos
En la denuncia se hace referencia también a que de los informes de Urbanismo, que pone reparos a la concesión de las licencias citadas, se deduce que se vulneran varios preceptos de las leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias.
Asimismo, en la denuncia se hace constar el "sistemático fraccionamiento de contratos, con reparo del interventor municipal y advertencia de ilegalidad por parte del secretario municipal por infracción de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas" y se da la circunstancia de la mayoría de estos contratos han sido adjudicados a las mismas empresas.
La denuncia remitida a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo incluye también el informe elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife sobre el Plan General de Ordenación de Arona, en el que se señala que en el municipio "se han producido en diversos enclaves de suelo rústico procesos de parcelación irregular". Todos estos procesos, "al estar prohibidos en la legislación, se han desarrollado al margen de cualesquiera controles administrativos formales".
El informe del Cabildo destaca que "el documento aprobado provisionalmente del plan general de Arona no identifica expresamente los recintos que devienen de procesos de parcelación irregular (entre otras cosas, para evitar los efectos legales de esta calificación) y mucho menos contiene información sobre la situación y legalidad de las edificaciones".
De hecho, el Cabildo tinerfeño valora de forma desfavorable la determinación del Plan General de Arona en 22 ámbitos de actuación "que han sido objetos de procesos de parcelación irregular" y entiende en su informe que la Cotmac "debe suspender la aprobación definitiva " de los mismos.
Además, recuerda que se produjo un hecho similar con el planeamiento de Granadilla sobre un área concreta y añade que en el caso de Arona "no se trata de una parcelación irregular, sino de 22, lo que implica que la situación es mucho más grave".
Fuente: La Opinión de Tenerife, 23-03-07
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