Yo, francamente, he de decirles con toda honestidad que cada media hora que pasa entiendo menos a estos jueces. Y no es que a mí me parezca ni mal ni bien que ellos hagan su trabajo como mejor Dios les dé a entender, pero que se metan de cabezas en campaña electoral, como he hecho el Jaime Guilarte -el mismo que permitió que los carnavales pisotearan, más que nunca, derechos fundamentales de los vecinos del centro de Santa Cruz porque ya había una sentencia que nadie cumplió - pareciera acaso un poco excesivo.
Porque el que no vea, o no quiera ver -que es peor-, que lo del numerito del PePe en Garachico con lo de la caravana de mujeres no es otra cosa que utilizar a un pueblo de Tenerife, y a las mujeres, para conseguir unos fines políticos, legítimos o no, que en su momento el PePe no defendió en el Parlamento, porque se abstuvo en la votación de la Ley de Igualdad, es que está más perdido que el barco del arroz. O que va de listo, que también puede ser.
Y es que, en las pasadas elecciones, a los candidatos del PePe de Garachico no les votaron ni sus familiares directos. 2.453 votos para la CoCa, 861 para el PSOE y 100 votos para el PePe. ¡El 2,9% de las papeletas! ¿Creen ustedes que el PePe hubiera montado este número en algún municipio de España donde realmente se jugara algo? Y una mierda. De hecho no lo ha hecho en ningún otro sitio, lo que es una falta de respeto para el municipio de Garachico verdaderamente impresionante.
Al Soria que, junto con su hermano, consiguió meternos a la cola de Europa en cuando al desarrollo de fuentes de energía alternativa, porque unos cuantos querían levantarse las perras, lo único que se le ha ocurrido para superar la crisis política de la escalofriante estela de corrupción, que le persigue a cada paso, es utilizar a un municipio de Tenerife como conejillo de indias y ponerlo en los titulares de prensa de toda España -y de media Europa- porque, por lo visto, no existe ni un afiliado decente del género masculino en ese pueblo para meterlo en las listas y, de esta forma, llevar a los tribunales un debate que no fueron capaces de afrontar con éxito, ni sin él, en el Parlamento, donde se supone que se discuten las leyes.
Y por lo tanto, y ese es el juego en el que ha entrado queriendo o sin querer el magistrado carnavalero más famoso del mundo, aquí el problema no es de la constitucionalidad o no de la Ley -el PePe no ha presentado recurso alguno de constitucionalidad- sino una utilización política, por parte del que no tenía la más mínima expectativa electoral en Garachico, para manipular indecentemente un asunto tan delicado como es el de la secular discriminación de la mujer en todos los ámbitos. De vergüenza, como casi todo de lo que vienen de estos políticos que no tienen nada nuevo que aportar a esta sociedad.
Ojalá todos los magistrados, cuando se encuentran ante situaciones dramáticas que derriban de la aplicación estricta de la Ley -en Canarias hay muchos casos de esos últimamente- elevaran muchas cuestiones más de inconstitucionalidad e historias de esas. No sólo en medio de unas elecciones y haciéndole el juego político a un partido que, en estos momentos, pareciera más bien un nido de corruptelas.
Por cierto. ¿Ya se sabe de dónde coño ha sacado Ángel Llanos el millón largo de euros que -como mínimo- debe haberse gastado ya en una campaña electoral que, por lo pronto, ni si quiera ha empezado? ¿Por qué no plantea un juez o un fiscal de éstos, ya que tanto se interesan por que todos participemos en la vida pública en igualdad de condiciones, un cuestión de inconstitucionalidad de éstas y le pregunta al Llanos de dónde coño está sacando tanta pasta?
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El juez asume las tesis del PP y recurre la lista de Garachico ante el Constitucional
El magistrado Jaime Guilarte, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Santa Cruz, elevó ayer al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 44 bis de la Ley Electoral, modificado por la Ley de Igualdad para que ningún sexo ocupe más del 60% de una candidatura.
RAÚL SÁNCHEZ, Garachico
Jaime Guilarte Martín Calero, magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Santa Cruz de Tenerife, firmó ayer un auto donde asume la mayoría de los argumentos del Partido Popular contra las cuotas electorales por sexos impuestas por la Ley de Igualdad y recurre la anulación de la lista de mujeres presentada en Garachico ante el Tribunal Constitucional. El PP logra así que su batalla legal por la plancha que encabeza Pilar Merino llegue al Constitucional por el camino más corto y, lo que es más importante, con el aval de un juez que comparte sus dudas sobre la compatibilidad de las cuotas paritarias con la Constitución Española.
El auto de ayer fue toda una sorpresa, ya que lo previsible era que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 se limitara a aplicar la Ley Electoral vigente y desestimara el recurso. Sin embargo, el magistrado Jaime Guilarte considera que "lo expuesto en la demanda refleja dudas objetivas y razonables sobre la constitucionalidad de la Ley", por lo que decide, pese a la oposición del Ministerio Fiscal, plantear al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 44 bis de la Ley Electoral, "al poder ser contrario a los artículos 23, en relación con el 14, y el artículo 6 de la Constitución Española".
El abogado y candidato del PP al Parlamento de Canarias Miguel Cabrera, autor del recurso, declaró ayer a EL DÍA que "la importancia de este auto radica en que ya no es sólo el abogado de las recurrentes quien considera que este apartado de la Ley es contrario a la Constitución, sino que un juez comparte esa opinión y eleva el recurso ante el alto tribunal".
Cabrera no ocultaba ayer su satisfacción por una decisión inesperada, "pero que se solicitaba en el texto del recurso presentado". Además, destacó que "el propio juez pide al Constitucional que resuelva la cuestión de inconstitucionalidad antes del 27-M".
Las integrantes de la lista del Partido Popular en Garachico anunciaron ayer que enviarán un escrito al presidente del Tribunal Constitucional para que resuelva la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el juez Jaime Guilarte "dentro de los plazos electorales", es decir, entre los días 8 y 10 de mayo. Con el objetivo de que la demora del pronunciamiento no afecte a los legítimos intereses de las candidatas.
A juicio de Cabrera, "este auto tan contundente es un varapalo tremendo para el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que puede dar lugar, si así lo estima el Tribunal Constitucional, a la anulación automática de las cuotas electorales por cuestión de sexo, aunque no afectaría al proceso electoral actual más allá de la inclusión de la lista de mujeres de Garachico".
Fuente: El Día, 06-05-07
