El PSOE lleva en sus listas al Ayuntamiento de Santa Cruz a individuos que defienden el pelotazo más impresionante -por lo sustancioso y por lo burdo- de la historia reciente de Canarias. Ángel Llanos se ha hecho la picha un lío, como siempre, intentando distraer la responsabilidad de su partido en el asunto. De la CoCa qué decir, Paulino Rivero dice que las sentencias judiciales inapelables e incriminatorias dan votos. El Centro de Nacho, hijo de uno de los imputados, es posible que se esté financiando -está llevando a cabo la campaña publicitaria más cara que se haya visto nunca antes por aquí- con parte de los pingues beneficios de ese crimen a costa de los impuestos de los vecinos de Santa Cruz.
¿Y la prensa, los medios por los cuales la gente se entera de las cosas que pasan, qué está haciendo la prensa? Pues yo creo que de las portadas de los periódicos de este domingo cualquier persona, medianamente sensata, se puede hacer una idea bastante simple de lo que está pasando con uno de los pilares básicos de cualquier Democracia que se precie.
UN EDITORIAL, DA, QUE NO DICE ABSOLUTAMENTE NADA:
Las Teresitas o lo inacabable
Una sentencia del Tribunal Supremo, conocida ayer mediante una información periodística que, como resulta habitual en los tiempos que corren, se anticipó al conocimiento de las partes interesadas, ha devuelto al punto de partida uno de los expedientes administrativos más vidriosos que se recuerdan en la isla de Tenerife. Nos referimos, claro está, al frente litoral de la playa de las Teresitas, cuyo convenio de compraventa, producido en 2001, ha sido anulado por el referido fallo judicial, con lo que el Ayuntamiento capitalino ya no será propietario de unas parcelas que adquirió por 8.750 millones de pesetas a dos conocidos empresarios de la Isla. Este asunto es protagonista de varias vertientes, como mínimo tres, de las cuales una se conoció ayer con una sentencia de lo contencioso-administrativo que advierte vicios en la operación, poniendo el acento en la inexistencia del informe pericial exigible. Otro enfoque, como es sabido, tiene que ver con la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra, entre otros, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y los empresarios vendedores, que ha comenzado hace poco su camino en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Y un tercero, obviamente, atiende a las lecturas políticas sobre este asunto, permanentes en el debate de los meses precedentes, y tanto más con una cita electoral a la vuelta de la esquina, una vez iniciada la campaña oficial para los comicios autonómicos y locales del 27 de mayo. Sobre los tres asuntos queremos expresar nuestro criterio.
En primera instancia, está claro que la sentencia firmada por el Tribunal Supremo deja en pésimo lugar la labor del Ayuntamiento de Santa Cruz, en la medida que aprecia vicios muy relevantes en la tramitación del expediente. En concreto, como se ha dicho, se centra en la ausencia del informe pericial, e incide en la existencia de acuerdo entre comprador (Ayuntamiento) y vendedor (empresarios), un aspecto que también figura en la querella de la Fiscalía. No está de más recordar que los promotores, Antonio Plasencia e Ignacio González, tienen a su vez reconocido por otra sentencia del Tribunal Supremo -conviene atender a todos los fallos judiciales, no a unos u otros a discreción- un derecho edificatorio capaz de producir eventualmente mayores plusvalías, precisamente el argumento en el que se amparó el grupo de gobierno para explicar una operación destinada a evitar la construcción masiva en este emblemático espacio litoral. Cabe preguntarse, a la vista de este último fallo, si todo vuelve al punto de partida, y si con ello los empresarios pueden (o quieren) sentarse a la mesa con el Ayuntamiento -ya será con la futura corporación- para repetir la operación una vez superadas las salvedades administrativas citadas.
Resulta pertinente subrayar el plano exclusivamente administrativo de la sentencia conocida ayer, pues su vertiente penal comenzó a andar con la querella de la Fiscalía Anticorrupción -consecuencia a su vez de una presentada por particulares vinculados al Partido Socialista-, que ha situado en condición de imputado al alcalde capitalino y candidato a la reelección, además de a los empresarios vendedores y otros miembros de la corporación y funcionarios del consistorio. Ambos caminos judiciales, claro está, están relacionados por conocer del mismo asunto, pero su momento procesal es muy distinto: sentencia en lo administrativo, simple (aunque grave) fase de instrucción en la sala de lo penal del TSJC. Por ello queremos dejar claro que el fallo del Supremo, de la misma forma que cuestiona la labor de la maquinaria del Ayuntamiento, con su alcalde a la cabeza, en nada prejuzga -aunque pueda influir- el desenlace de la tramitación penal, sobre la que resulta ocioso, pero necesario, recordar el principio de presunción de inocencia reconocible a los imputados.
Y finalmente, hay una lectura política de lo ocurrido, seguramente acrecentada por la cercanía de la cita con las urnas y la condición de candidato de un Miguel Zerolo que ayer respondió con dureza a las exigencias de dimisión -a nuestro juicio inapropiadas, dada la irrelevancia del fallo a efectos penales- que le lanzaron desde las filas del Partido Socialista y otras candidaturas municipales. Las Teresitas, un frente de batalla político en los últimos meses, será al parecer protagonista de una campaña electoral en la que todo el mundo crispa mientras acusa al adversario de crispación. Nada bueno cabe esperar de este nivel de enconamiento político, centrado otra vez en la principal playa de Santa Cruz, sometida a una controversia inacabable.
Fuente: Diario de Avisos, 13-05-07
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