Zerolo, recibido entre vítores

PLENO CON CLAQUE EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ

El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz celebrado este viernes fue atípico. En primer lugar porque las sillas habilitadas para el público estaban todas ocupadas y muchas personas vieron el pleno de pie, como corresponde a una jornada solemne cuando algún partido activa a la militancia. Había muchos seguidores de CC, que recibieron al alcalde con una gran ovación y gritos de apoyo. El acto estaba a punto de empezar y los bancos de la oposición estaban vacíos. Zerolo dio comienzo a la actuación aprobando de trámite punto tras punto, hasta el once. En esos momentos, hicieron su aparición los concejales del PSOE y de Ciudadanos de Santa Cruz.

LOS FANS DEL ALCALDE MADRUGARON
Sentados a oscuras a la espera del artista

El alcalde de Santa Cruz estaba henchido de poder: no dejó intervenir al portavoz de Ciudadanos de Santa Cruz, Guillermo Guigou, a quien cortó varias veces la palabra, al igual que hizo con el portavoz del PSC-PSOE, Ramiro Cuende, que en la rueda de prensa posterior comparó lo sucedido con Tirano Banderas. Guigou quería exponer una queja y ,cuando afirmó que el alcalde había vulnerado la legalidad, Zerolo le retiró la palabra. La queja de Guigou era simple: antes de que empezara el pleno, antes incluso de que los concejales tomaran asiento, ya estaban ocupadas por los seguidores de CC las sillas delanteras del espacio destinado al público. Eso sí, estuvieron sentados a oscuras y encerrados en el salón de plenos desde las 9:30 horas, esperando la llegada del artista, como si fuera Ricky Martin. Alguien les abrió la puerta antes de lo permitido por el reglamento.

OTRO HÉROE DE LA JORNADA
Lo ordenó Antonio Bello

Llegaron los aficionados de CC y como el policía municipal decía que no se podía entrar en el pleno –la puerta principal estaba cerrada- a alguien se le ocurrió que no iban a esperar de pie hasta que diera comienzo la actuación. Así que apareció el concejal Antonio Bello Paz y resolvió el asunto: todos para adentro, a ocupar los primeros sitios, que hay que apoyar al alcalde. Ramiro Cuende criticó que Zerolo haya utilizado el salón de plenos como si fuera el local de campaña de Coalición Canaria. Por supuesto, hubo abucheos para Cuende y para Guigou cuando le pidieron al alcalde que se marchara, que dimitiera, que la situación es insostenible, motivo por el que otros muchos ciudadanos que no estaban en la claque de CC sí aplaudieron a los portavoces de la oposición.

DE REPENTE SE ROMPIÓ EL HECHIZO
Y dos funcionarios de la Policía Judicial

Mientras se celebraba esa extraña sesión plenaria, dos funcionarios de la Policía Judicial entraron en el edificio del Ayuntamiento y se dirigieron a la alcaldía con una notificación en la mano. Cuando acabó el pleno, alguien se lo comunicó en los pasillos al alcalde, al que se le transformó la expresión de su cara. No podía disimular su desconcierto y preocupación ante tamaño desencanto y después de un pleno con tan alto grado de exaltación de su persona. La confirmación de la llegada de los policías judiciales se extendió por el Ayuntamiento y todos se preguntaban qué es lo que iban a notificar a la Alcaldía, al que cumple. Descartamos el anuncio de que le tocó la Bonoloto, o que haya sido elegido finalista para el festival de San Remo. Más nos inclinamos por una citación a un lugar a donde no podrá llevar claque.

LA MOCIÓN SE RECHAZÓ, PERO CONSTARÁ EN ACTA
Obras públicas en suelo privado

La mayoría de CC impidió que se aprobara una moción de urgencia de Ciudadanos de Santa Cruz en la que se pedían dos cosas: la dimisión del alcalde y la paralización de las obras que se realizan en Las Teresitas. La razón expuesta por el concejal Ángel Isidro Guimerá es muy simple: tras la sentencia del Tribunal Supremo que anula la compraventa de las parcelas, los terrenos vuelven a ser de los empresarios. Eso sí, según el nuevo Plan General no se puede edificar en el frente de playa. Pero Guimerá advirtió de que se puede estar cometiendo otra ilegalidad ya que se estarían haciendo obras con dinero público en un suelo que vuelve a ser privado, al menos una parte, y a la espera de lo que decida el TSJC, ya que en la querella de la fiscal María Farnés Martínez se argumenta que una parte de esos terrenos, por los que se pagaron 8.750 millones de las antiguas pesetas, ya eran públicos.