Foro contra la Incineración

Según explicó Guerrero a este periódico, el costo de esta instalación está contemplado en el citado plan, aprobado inicialmente por todos los grupos políticos con representación en la corporación insular, en junio del año pasado. Además, añadió que éste establece que el dinero para el sellado del vertedero y su desgasificación tendría que salir del Fondo de Cohesión y del Cabildo.
Sin embargo, asegura que esta institución "se ve obligada a pedirles a los ayuntamientos el 90 por ciento del coste del vertedero cuando éstos sólo tienen que implicarse en la recuperación de papel y cartón".
En su opinión, ello se debe a que " el Cabildo, dentro de su línea de creciente endeudamiento, que asciende este año a 300 millones de euros, se ve imposibilitado para hacer frente a esta situación, arrastrada por obras faraónicas como el auditorio de Tenerife".

Situación precaria. El consejero sostiene que esta acción "traicionaría un acuerdo tomado en el pleno, en la aprobación inicial del PDIR" y "aumenta la presión presupuestaria" en los ayuntamientos de la Isla, muchos de los cuales tienen, en este sentido, una situación "muy precaria".
Por último, subraya que el PSC-PSOE se opone "radicalmente" a esta alternativa porque considera que esta instalación "es de ámbito insular" y recalca que ésta es una prueba más de la situación caótica existente en todo lo que rodea en general a los residuos en la Isla".
Sin embargo, el responsable de Hacienda y Presidencia de la corporación insular, Víctor Pérez Borrego, explica que el 10 de marzo de 1998, después de un acuerdo establecido por la comisión insular de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) de Tenerife, se adoptó por unanimidad reconocer el esfuerzo y las limitaciones que tenía Arico por el complejo medioambiental.
"Los ayuntamientos establecieron cuantificar esa compensación pagando una peseta por kilo de basura que se generase en cada municipio de la Isla durante cuatro años; e instaron al Cabildo para que, como administración insular, articulase el procedimiento para cumplir este propósito, pero en el origen de la propuesta no participa", aclara.
En 1999, el nuevo gobierno insular acuerda en el transcurso de un Consejo Insular de Administración Territorial (CIAT), que para dar cauce a este objetivo se constituyese una comisión técnico política, cuya decisión final fue que la aportación conjunta de todos los ayuntamientos ascendía a 9,61 millones de euros.
Pérez Borrego comenta que Arico solicitó destinar un 25% para financiar gasto corriente (2,4 millones) y el resto para obras de inversión (7,21 millones). De entrada, el 10 por ciento del total fue aportado por el Cabildo y el resto se repartía proporcionalmente entre los ayuntamientos. Sin embargo, en esta comisión se acordó la necesidad de que fuese la corporación insular la que financiase las obras de inversión, es decir, los 7,21 millones. A cambio de una cantidad igual y descontado el 10 por ciento que ya había aportado, los ayuntamientos debían financiar obras del complejo medioambiental.

Ordenanza fiscal. Tras la aprobación de una ordenanza fiscal reguladora de las contribuciones especiales en 2001, "indispensable para poder materializar el acuerdo previo de los ayuntamientos", según el consejero, el Cabildo "estimó razonable no comenzar a recaudar estas contribuciones un mes después sino hacerlo una vez hecha la inversión. Es ahora, una vez adjudicadas las obras en el vertedero cuando, según la Administración insular, procede reunir este dinero", indica.
"La compensación a Arico ha sido hecha sólo por el Cabildo", apunta Pérez Borrego, quien añade que "cuando llega la hora de la verdad, algunos municipios se apartan del principio de solidaridad y cuestionan su aportación, contrariamente a lo pactado".
Por su parte, y consultado sobre este asunto, el alcalde de Garachico y presidente de la FECAM, Ramón Miranda, opina que hubo "una mala comunicación por parte del Cabildo" y que a partir de este momento hay que ver cómo se va a materializar este acuerdo "que estuvo en suspenso dos años". En cualquier caso, el alcalde entiende que en la nota enviada por el Cabildo no se hacía referencia al convenio adoptado en 1998.

Comentario: Ni caso, les guste o no, quieran o no pagar, el vertedero lo van a sellar en condiciones, no como tienen previsto, porque todavía -se supone- vivimos en un estado de derecho y hay gente, de momento, dispuesta a llevar el asunto a donde haga falta. De dónde saquen el dinero, o de dónde se deba o se pueda sacar es de un solo sitio, de donde sale todo el dinero público, que es de los impuestos o las tasas que pagamos todos los ciudadanas. Hay otra vez elecciones cerca y ahora intentarán tirarse los trapos sucios de nuevo a la cara unos y otros. Ni caso.