Si les digo la verdad, a uno le preocupa mucho lo del Crimen de Granadilla, la gestión de los residuos, el urbanismo salvaje o los pelotazos que nos están jodiendo a la mayoría. Todas esas cosas, y muchas más, nos importan y nos preocupan. Pero cuando uno observa cómo se pisotean los derechos fundamentales de vecinos nuestros, de gente decente (o indecente, que cuando de derechos se trata se supone todos deberíamos ser hijitos de la misma madre), es cuando a uno verdaderamente se le revuelven las tripas de verdad.
En el Cabildo de Tenerife hay varios asuntos de esta naturaleza, al menos que se conozcan. A un trabajador, que no voy a volver a nombrar ahora por respeto, le ha dado también la Justicia la razón porque le abrieron un indecente expediente disciplinario ¡por escribir un libro! Pero lo de estos chicos que se presentaron a las oposiciones de bomberos con la mayor de las ilusiones, a estos chicos no hay forma ni divina ni humana de resarcirles del calvario por el que han pasado. Y si llegasen a superar la indecente prueba psicológica esa que los tribunales parece que ahora obligan a repetir -que con esto de las sentencias nunca se sabe porque, como ocurrió con Las Teresitas, el que tiene que ejecutarla es el mismo que desestimó la demanda en primera instancia-, entonces no es que estén capacitados para ser bomberos, sino que serían unos perfectos agentes preparados para resistir todo tipo de torturas.
Y yo creo, y no me hace ninguna gracia decirlo, que hoy por hoy personajes como el Wladimiro o el Bermúdez ese -que defendieron la limpieza de esas oposiciones a capa y espada mientras estos jóvenes mantenían una huelga de hambre en la puerta del Cabildo hace cuatro años- tienen esta vez una perfecta excusa para mandarse a mudar a su casa agradeciéndoles por los 'servicios' prestados. Además, para Wladimiro perfecto porque lleva tiempo anunciando su retirada y tiene su trabajo y su historia una vez apeado del coche oficial. Lo del otro muchacho es más complicado porque psicológicamente podría quedar tocado si deja de trincar jugosamente de la cosa pública, más que nada porque en su puta vida ha pegado un palo al agua.
Claro que siempre podrá contar el Bermúdez con una María Ángeles Hernández, la famosa y poderosa psicóloga que ha sido amparada por el Ilustrísimo Colegio Oficial de Psicólogos ante semejante cacicada, que le pueda ayudar a reinsertarse a la vida civil sin traumas graves. Pero que nadie se haga demasiadas ilusiones de que ninguno de éstos vaya a asumir su responsabilidad en semejante golfería ni de que, por otro lado, definitivamente se haga justicia con esos jóvenes. Removerán cielo y tierra antes de tener que asumir esa sentencia tal cual. Al tiempo.
Bermúdez los engañó hace 4 años prometiéndoles una investigación
interna de la que ustedes se podrán imaginar los resultados, aunque
nunca se supo nada del asunto oficialmente. Chiquita cara. Ahora
siguen haciéndose los locos aún dos meses después de que conocieran
el resultado en los tribunales, lo que ha vuelto a obligar a estos
jóvenes a salir a la opinión pública.
De película.
El Consorcio suspendió de forma ilegal a cinco opositores a bombero en 2004 
El TSJC obliga a repetirles una prueba ante la irregular actuación de la psicóloga que los evaluó
Vicente Pérez
Santa Cruz
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado la razón a los cinco aspirantes a bomberos que en 2004 denunciaron haber sido suspendidos de forma irregular en las oposiciones convocadas por el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de Tenerife, más conocido como el Consorcio de Bomberos.
En una sentencia dictada el pasado 29 de junio se estima el recurso de apelación de los afectados contra la sentencia en primera instancia que les había sido desfavorable, y se les reconoce ahora su derecho a pasar una nueva prueba de aptitud psicológica realizada "por un gabinete independiente y distinto del que intervino en el proceso de selección".
Los denunciantes -Alberto Álvarez, Santiago Báez; Conrado Villoslada, Carlos Martínez y Tamarán Prieto- hicieron sendas huelgas de hambre en 2004 y 2005 ante la sede del Cabildo de Tenerife, organismo que preside el Consorcio, del que también forman parte la mayoría de los ayuntamiento de la Isla.
Estos jóvenes ofrecieron una rueda de prensa en la capital tinerfeña para divulgar la sentencia, junto con la abogada Almudena Viota, y todos se mostraron exultantes por que al fin se haya reconocido en la vía contencioso administrativa unas irregularidades que no descartan llevar a la vía penal, al considerar que pueden ser constitutivos de delito.
En el fallo, notificado a las partes el 27 de septiembre, el TSJC da por probado que la psicóloga encargada de evaluar a estos opositores, María Ángeles Hernández, rehusó justificar de forma individualizada la declaración de no apto de los denunciantes, por lo que el tribunal "terminó por asumir" la eliminación de estos jóvenes "sin más criterio, que la decisión unilateral" de esta experta "ni explicación relativa a cada aspirante suspendido, ni entrevista clarificadora".
En la resolución judicial, los magistrados Pedro Hernández Cordobés, Helmuth Moya y Juan Ignacio Moreno Luque dan por "constatado que la psicóloga no se limitó a cumplir con la labor propia de asesoramiento" al tribunal calificador, sino que "invocando una absurda relación de clientelismo profesional, en vez de cooperar en una oposición pública, obró, consentida por el tribunal, como si su cometido fuera un encargo de una evaluación privada sobre varias personas particulares".
Según explicó la abogada Almudena Viota, la sentencia no anula las oposiciones pues "no hemos querido perjudicar a los bomberos que en su día aprobaron a pesar de las irregularidades existentes". "Lo que nos llena de alegría", abundó, "es saber que por fin la Justicia nos ha dado la razón", en un litigio que ha supuesto "una pelea de David contra Goliat".
Alberto Álvarez, portavoz de los afectados, aseguró que el daño personal y familiar que "hemos sufrido nunca se podrá reparar", pero "hemos logrado que se reconozca que hubo un fraude por parte de la psicóloga que hizo el test". Álvarez recordó que la psicóloga que realizó el test psicológico era amiga del oficial jefe de Bomberos, y lo que hizo "fue suspendernos a nosotros para favorecer al primo de esta persona", que también concurrió a las oposiciones y finalmente fue aprobado. "Tardamos meses en recibir los informes sobre nuestros test, que deben ser públicos, y cuando nos los dieron vimos que las pruebas estaban superadas", evocó.
Los afectados responsabilizaron también de lo sucedido al consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Wladimiro Rodríguez Brito -en esa época ya ostentaba este cargo, además de presidente del Consorcio- quien en su día "aseguró que llevaría a cabo las investigaciones necesarias y nunca hizo nada al respecto".
El tribunal, según ha podido saber este periódico de otras fuentes, estuvo formado además por Jacobo Kalitovics, entonces gerente del Consorcio; Juan Antonio Nieto Barco (secretario); y, como vocales, Carlos Fernando Rodríguez García, Angel León Bethencourt y Sebatián Negrín Estévez. Este último, según figura en la sentencia del TSJC, fue el único que hizo constar salvedades en el acta sobre la irregular actuación de la psicóloga. Los denunciantes no descartan pedir responsabilidades por daños y perjuicios, aunque en estos momentos "sólo esperamos que la ejecución de la sentencia sea lo antes posible".
Fuente:Diario de Avisos, 01-12-07
08-07-04 Cuatro jóvenes le plantan cara a la corrupción en las puertas del Cabildo de Tenerife
