Continúa la persecución de Macario Benítez a nuestra familia
Familia de Montaña Carbonero
Tenemos constancia de que el alcalde del Ayuntamiento de El Rosario ha recurrido la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 que reconocía nuestro derecho a seguir empadronados en el municipio.
“Persecución” es la única palabra que describe y con la que denunciamos la situación que estamos viviendo tras ser dados de baja del padrón municipal de El Rosario, además de otros perjuicios directos relacionados con el nuevo PGO del municipio.
El 14 de noviembre de 2007 se dictó la sentencia por la cual el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 fallaba anulando el acto por el que desde el ámbito municipal, el 16 de marzo de 2007, se nos dio de baja del padrón municipal. El magistrado en el fallo señaló que había existido una vulneración de los derechos fundamentales, además de instar nuestro derecho a seguir empadronados en El Rosario.
El motivo que causó la apertura del expediente administrativo de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes fue la denuncia de un vecino a través de una llamada anónima diciendo que en el domicilio no “reside nadie de forma habitual, siendo habitada de forma esporádica”. Este proceder siempre nos ha llamado la atención teniendo en cuenta que el vecino, no ‘los vecinos', más próximo reside a unos 300 metros de nuestra vivienda; y que en estos tiempos, no son muy normales estos tipos de denuncias.
Tuvimos constancia de la recurrencia del alcalde a la sentencia y de que continuábamos dados de baja en el padrón, tras ir en enero a solicitar un certificado de empadronamiento. A través de este comunicado queremos plasmar nuestra incredulidad e incapacidad para entender porqué el alcalde se toma tantas molestias para ‘echarnos' del municipio, ya que entendemos que no se trata de una práctica muy común en otros municipios, ni si quiera en el mismo de El Rosario.
Asimismo, nos preguntamos quién costea estos gastos, el señor alcalde o el pueblo, y si también se ha dedicado a vigilar la vida diaria del resto de vecinos para ver cuando entran y salen de sus casas. Entendemos que este proceder, además de ser intimidatorio y vulnerar nuestros derechos individuales, no va en beneficio general, solo beneficia al interés particular del alcalde y a su objetivo de amenazarnos desde el poder, que curiosamente le ha dado el mismo pueblo, por denunciar las presuntas irregularidades que el PGO y su proceso de elaboración acomete en nuestra finca.
Por lo expuesto nos preguntamos y esperamos una respuesta desde instancias superiores, si esta es una práctica común de todos los alcaldes del PSOE o solo se da en el caso de El Rosario, pues no entendemos que un partido que se dice progresista retome viejas prácticas persecutorias contra unos vecinos que cumplimos con nuestras obligaciones como ciudadanos y que no hemos atentado contra nada ni nadie.
La Esperanza , a de 18 de febrero de 2008
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