Pese a que existían rumores desde el pasado miércoles de cierto 'revuelo' en el entorno del grupo de gobierno del Ayuntamiento de El Rosario, presidido por el 'socialista' Macario Benítez, ha sido este lunes cuando se ha tenido conocimiento oficial del traslado al juez, por parte de la Fiscalía, de la investigación que se lleva a cabo en relación al suspendido, que no anulado, plan ilegal del Varadero que en su momento fuera aprobado por silencio administrativo, en extrañas circunstancias no suficientemente aclaradas por medio.
Esta nueva situación, que no significa por el momento la imputación de delito alguno a nadie, supone un espaldarazo a las tesis que defienden una posible confabulación política y empresarial para posibilitar pelotazos urbanísticos agarrándose a figuras de procedimiento que, como el silencio administrativo, se están convirtiendo en el camino fácil para desarrollar proyectos urbanísticos ilegales sin que, en principio, las administraciones responsables se 'pillen los dedos' con las necesarias y preceptivas autorizaciones, como ya ocurriera también con el caso Alcampo y otros.
En fin, que sin condenar a don Macario Benítez de antemano, ni mucho menos, no cabe duda que esta nueva situación debería dar lugar a una profunda reflexión dentro del PSOE, y otros, porque no sólo es una cuestión que afecte al municipio de El Rosario, ni mucho menos, sino que cuestiona políticamente -de momento- de manera grave a consejeros del grupo socialista en el propio Cabildo. Que baste recordar se encuentra presidido por Santiago Pérez que, con tanto ímpetu, ha defendido la lucha contra la corrupción política en algunos casos como el de Las Teresitas. Con mucho acierto, por cierto, sólo que cabría esperar esa misma actitud en otras situaciones parecidas que le pillan de cerca, como el de VAradero o el de Montaña Carbonero, que suponen un auténtico escarnio para sentido común y a la decencia política. Como mínimo.
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