El archivo cae en la sospecha
EL FONDO DOCUMENTAL DE SANTA CRUZ, EN EL PUNTO DE MIRA
El archivo cae en la sospecha
El Ayuntamiento pagó 235.000 euros a una empresa para informatizar el fondo municipal. Hoy no hay nada digitalizado y los trabajos los realizan becarios de la ULL
David Cuesta
Santa Cruz de TenerifeNuevas sospechas rodean a la gestión municipal. Nuevos expedientes incompletos, nuevas relaciones que levantan recelo. La digitalización del archivo municipal del Ayuntamiento cae en el ojo crítico. Un contrato, 235.000 euros gastados, y un objetivo que no se cumple: digitalizar los fondos históricos del Consistorio. Una historia que se remonta a diciembre de 2004, fecha en la que se emite el pliego para regir la contratación del servicio de digitalización y catalogación del archivo. Los fines que se persiguen son claros: “recuperar y archivar, en formato digital, información de toda la documentación generada hasta ahora en el Ayuntamiento capitalino”.
Un concurso público, dos años de plazo, dos fases en el proyecto. Una primera etapa, la puesta en marcha del sistema informático necesario para proceder a la digitalización; una segunda, la catalogación informática por parte de técnicos especialistas en archivística y documentación. Cada fase con un período de ejecución de 12 meses.
Con las bases puestas sobre la mesa, la Junta de Gobierno da el visto bueno a las condiciones el 30 de diciembre de 2004. El concurso público se anuncia en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 28 de julio de 2005. Dos aspirantes: la empresa Azertia Tecnologías de la Información, con sede en Madrid y con años de experiencia en el sector; y JIF Europea de Consulting, con sede en La Laguna y constituida sólo un año antes de que se produzca el concurso, cuyo objeto social, además y según el registro mercantil, es la gestión de activos inmobiliarios, mobiliarios y financieros.
En la Mesa de Contratación dos políticos: el primer teniente de alcalde, Guillermo Núñez, y el concejal del PP y responsable de la adecuación y modernización del archivo, Brito Arceo. Junto a ellos, tres funcionarios relacionados con el asunto.
El 13 de octubre de 2005 la mesa se decanta por la empresa naria, que gana la votación por ocho puntos de diferencia. El contrato, sin embargo, no se firma entre las partes hasta el 17 de febrero de 2006. Más de dos años después, y según ha podido saber este periódico, no hay nada digitalizado en el archivo, ya que, de hecho, sólo se ha procedido a la instalación del software necesario para informatizar los documentos. A ello se suma, además, que no existe el material técnico necesario para digitalizar muchos de los libros que existen en el fondo municipal. Especialistas en la materia confirmaron que los dos escáneres que existen ahora mismo en el archivo, de la marca HP 8290 y que costaron 4.998 euros, no sirven para escanear, por ejemplo, los padrones de principios del siglo XX, para los que se requeriría otro tipo de tecnología.
La Intervención de Fondos emitió reparo al acuerdo firmado con la universidad lagunera
Y eso que la empresa JIF Consulting dejó muy claro el procedimiento que seguiría en el proceso. En el segundo año del proyecto (para el que se destinaron 102.000 euros), dos personas de la empresa se encargarían de iniciar la digitalización de la información en el sistema de base de datos, así como la formación de personal relacionado con esta actividad.
A pesar de que todo indica que no se cumplieron los trabajos desarrollados, en el expediente de la contratación del servicio, al que ha tenido acceso este periódico y que consta de 196 folios, no se encuentra la memoria final que, según el pliego, tenía que presentar la empresa de forma obligatoria. No faltan, sin embargo, las facturas en las que se evidencia el pago de los 235.000 euros acordados y, es más, una petición de JIF Consulting para recibir una indemnización por el retraso en los pagos.
Nuevo convenio. Curioso resulta, cuanto menos, el hecho de que el Ayuntamiento capitalino firmase el 23 de noviembre de 2007 un convenio con la Fundación Canaria Empresa Universidad de La Laguna en el que se alude al contrato anterior, del cual se dice que tenía como finalidad “pasar de soporte textual a digital las actas de plenos del Consistorio”. El nuevo convenio, sin embargo, se justifica porque “el arduo trabajo de descripción e indexación de los libros de actas de plenos (...) exige el empleo de personal con dedicación exclusiva a este menester”.
Entre las actividades del plan formativo se expone, no obstante, que los alumnos realizarán actividades de digitalización de documentos, algo que, según se ha informado a este diario, no han llevado a cabo en el mes y medio desde que comenzaron a trabajar. Lo cierto es que este periódico ha comprobado como los cinco becarios trabajan en el archivo.
El convenio, del que es responsable la concejala Esther Sarrautte y cuya duración es de un año, establece una remuneración de 9.000 euros anuales a los alumnos, de los que la fundación se queda con mil. El gasto que supondrá para las arcas municipales este año es, por tanto, de 45.000 euros (más o menos lo que cobraba cada uno de los operarios de JIF Consulting por la segunda fase del contrato de digitalización, que no se acometió en su totalidad).
Pero también las anomalías envuelven a este nuevo convenio. La Intervención de Fondos emitió nota de reparo al respecto el 30 de noviembre de 2007. Entre otros motivos, el órgano fiscalizador del Ayuntamiento se basó en que no tenía claro si “es posible que mediante la suscripción de un convenio de colaboración con una fundación pueda acordarse la incorporación de becarios”. Junto a ello, añade en el informe que “si lo que se pretende con la presente actuaciónes la financiación de una actividad de fomento, se debe tener en cuenta que la aplicación del gasto no sería la correcta”.
El reparo fue levantado por un decreto del alcalde capitalino, Miguel Zerolo, según se expone en un documento que firma el primer teniente de alcalde, Ángel Llanos, aunque dicho escrito de levantamiento de reparo no se encuentra en el expediente del convenio al que ha tenido acceso este diario. Vínculos controvertidos. Ciudadanos de Santa Cruz, única formación política que ha denunciado la situación del archivo, también ha sacado a la luz la relación existente entre el concejal del PP Brito Arceo, responsable del fondo cuando se firmó el contrato y miembro de la Mesa de Contratación, y José Garijo Nicolás, administrador único de la empresa adjudicataria del contrato. A la vinculación política existente entre ambos (Garijo fue número 13 por el PP de Candelaria en las últimas elecciones municipales) se une el hecho de la relación que une a ambos en el mundo futbolístico. Al menos en 2006, Brito Arceo era presidente de la Asociación Tinerfeña de Fútbol 7 No Federado, de la que Garijo era secretario. A ello se une que el propio Garijo fue el coordinador de la campaña de Brito durante las elecciones a la presidencia de la Federación Tinerfeña de Fútbol, que se celebraron en 2006 y que ganó Juan Padrón. El fondo municipal, fuera de toda suspicacia, se encuentra envuelto en una polémica que parece ir para largo. Este periódico intentó ponerse en contacto con Brito Arceo, que rechazó hacer declaraciones sobre este asunto. Casualidades o no, el archivo merece unas mejores condiciones.
Un espacio inadecuado para los historiadores
El archivo municipal, del que los principales usuarios son los historiadores, no reúne las condiciones óptimas para el correcto trabajo de los profesionales de la materia. El profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de La Laguna, Domingo Gari, confirmó a este periódico que “el archivo se encuentra en condiciones precarias”.
Llama la atención que, entre las quejas manifestadas por Gari, hay varias referencias a la escasa adecuación del archivo a las nuevas tecnologías (objeto del contrato que se firma con la empresa JIF Consulting por 235.000 euros). “Además de ser incómodo, no tiene servicios de wi-fi, no hay nada digitalizado... es un archivo de hace cuarenta años porque no se ha puesto al día con los avances tecnológicos”, explicó. A este hecho se suma que el espacio es reducido, junto con un problema con el “mobiliario, que es bastante malo”. Hay que recordar, de cualquier forma, que el fondo se encontraba en una situación aún más lamentable hace cinco años, como ha podido comprobar este diario en diversas fotos. Las estanterías de madera han sido sustituidas por otras metálicas y la catalogación de los documentos se ha acelerado. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos económicos, de digitalización de la información... nada.
Fuente: La Gaceta de Canarias, 25-05-08
Las miserias del Ayuntamiento de Santa Cruz
