LA DEL 'CASO ISOLUX' RESITÚA EL ALCANCE DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Una sentencia para los derechos fundamentales
Se echaba en falta una sentencia así en Canarias. La titular del Juzgado de lo Penal 5 de Las Palmas de Gran Canaria acaba de quebrar una delicada tendencia instalada en las Islas que directamente atentaba contra derechos fundamentales relativos a la libertad de expresión y de opinión. La sentencia absolutoria del director de este periódico, Carlos Sosa, denunciado por José Manuel Soria por comentarios referidos al escándalo Isolux, contiene algunos fundamentos muy interesantes que, además de colocar al presidente del PP en una situación ciertamente embarazosa, da un respiro a los trabajadores de la comunicación en las Islas, casi convencidos a estas alturas de que no se podía ejercer la crítica contra las actuaciones de determinados cargos públicos, muy particularmente, José Manuel Soria López.
NO AMENAZAR AL PERIODISTA CON EL 'IUS PUNIENDI' DEL ESTADO
Abundantísima jurisprudencia
La sentencia, dada a conocer este martes, contiene abundantísima jurisprudencia sobre los derechos a la libertad de expresión y de opinión, así como sobre los límites que tienen los servidores públicos cuando de actuar contra las críticas se trata. Así, la juez cita una sentencia del Tribunal Constitucional, de 15 de enero de 2001, en la que se dice que "de ningún modo los personajes públicos pueden sustraer al debate público la forma en la que se presta un servicio público esgrimiendo la amenaza del ius puniendi del Estado contra todo aquel que divulgue irregularidades en su funcionamiento, siempre que éstas sean siempre suficientemente comprobadas y sustentadas en hechos objetivos". Una jurisprudencia no muy aplicada por estos pagos y, desde luego, extraña a José Manuel Soria, que utiliza las prerrogativas que le otorga su condición de cargo público para amordazar a la prensa crítica. O intentarlo al menos.
Y LUEGO AMENAZÓ A UN TESTIGO CON DENUNCIARLE
Soria volvió a mentir
Pero si es importante para la maltrecha libertad de expresión en Canarias la sentencia del caso Isolux, también supone una nueva constatación de la afición de José Manuel Soria por mentir en los momentos más delicados de su carrera política. Soria miente cuando las mentiras que profiere son decisivas para salvar su pellejo y/o demonizar a los que le critican. Miente para intentar pasar como un político íntegro víctima de la malvada persecución de periodistas sin escrúpulos. En este juicio del caso Isolux volvió a mentir cuando dijo que jamás se preocupó por la marcha de ese expediente. La juez dice que en el juicio quedó en evidencia que el hoy vicepresidente del Gobierno se interesó "por los avatares" de la adjudicación, "interés éste negado por el testigo en el plenario, llegando a decir que desconocía la existencia de un recurso contra la adjudicación". Un testigo no puede mentir nunca, pero eso a Soria le da exactamente lo mismo. Y, para colmo, anda amenazando con denunciar a un testigo propuesto por la defensa que se atrevió a confirmar que el presidente del PP le sugirió que no recurriera la adjudicación a Isolux a riesgo de sufrir graves consecuencias empresariales.
LA JUEZ SE LEYÓ EL EXPEDIENTE
¿Quién investiga Isolux?
Posiblemente sea la magistrada Cristina Villa la única persona del Poder Judicial que se ha molestado en analizar qué pasó aquellos días de agosto de 2003 en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con la adjudicación de los dos módulos de desalación a la empresa Isolux. En su sentencia, dice que "no se puede concluir que la adjudicación se llevara a a cabo de forma irregular porque no es ésta la jurisdicción adecuada para ello". Y añade algo que tampoco debe pasar desapercibido: "Pero sí es cierto que fue [una adjudicación] muy controvertida y fuertemente discutida por los vocales de la mesa [de contratación]; que se emitieron dos informes, siendo lo ordinario en un expediente de contratación uno solo..." A la juez le llama la atención particularmente la rapidez con que se elabora el segundo informe, ocho días. De momento la única persona que se ha sentado en un banquillo por el caso Isolux es un periodista que se atrevió a criticar aquella monumental trapisonda que se sumará a la larga lista de escándalos impunes en Canarias.
GRACIAS A SU ACTITUD, SORIA NO FUE CONDENADO A LAS COSTAS
La cobertura del fiscal
Mención especial merece la actuación del Ministerio Fiscal en este asunto. El fiscal que actuó en el juicio, Antonio Amor, bordó una sublime faena multiplicando por tres la solicitud inicial de responsabilidad civil formulada en la fase de instrucción por el Ministerio Público. A pesar de lo ocurrido en el juicio, que llevó a la juez a esta sentencia absolutoria, Amor pasó de reclamar una indemnización de 6.000 euros a otra de 18.000, abrazando los mismos planteamientos de la acusación particular, la de Soria. Gracias a esta actitud del Ministerio Fiscal, la juez no ha podido condenar a Soria a pagar las costas ante la evidente mala fe de esta querella y tras quedar suficientemente sentado que mintió en el juicio y que su único afán es tapar la boca a los periodistas incómodos. Felicitamos desde aquí una vez más al Ministerio Público por sus impagables servicios a la causa de las libertades.
Fuente: Top Secret Canarias Ahora, 09-07-08

