Histórico triunfo vecinal que paraliza las actividades ilegales de cinco empresas en Riquel
El auto del Juzgado de Instrucción nº 1 de Icod de los Vinos de este 5 de junio pareciera más un tratado sobre corrupción política que un documento por el que se ordena la paralización cautelar de la actividad de cinco empresas, de diferente tipo y pelaje, que se ubican en la zona de Riquel, junto a la playa de San Marcos del municipio del drago milenario.
Porque no es que dicho juzgado haya descubierto algo que todo el mundo no supiera, de hecho nada menos que el consejero de Medio Ambiente del cabildo de Tenerife, Wladimiro Rodríguez Brito, decía sobre este asunto allá por el 2004 que "hay leyes muy de laboratorio que no se han elaborado pensando en la gente y, como responsable público, no puedo defender más a un brezo o a un bicho que a un vecino". Vamos, para que nos entendamos, que se la reflanflinfan bastante las leyes y que cumple las que a él le parece bien en cada momento, pese a lo que se comprometió cuando tomó juramento o promesa de su cargo y pese a que forma parte del partido que, en Canarias, tiene más posibilidades que nadie de cambiar las leyes que crean conveniente
Y por eso no es de extrañar que en la relación de hechos que aparecen en el contundente auto judicial se mencionen, pese a que estamos hablando de cinco empresas, más de siete expedientes administrativos sancionadores que se dejaron 'caducar' en su momento, lo que, lógicamente, ha contribuido al sentimiento de impunidad con el que han actuado estas empresas a las que han apoyado implícita y explícitamente políticos como Wladimiro Rodríguez Brito nada menos que desde el área de Medio Ambiente del Cabildo Insular. Que no digamos nada del Ayuntamiento de Icod porque ese asunto huele que apesta.
Se trata de la corrupción al servicio de unas empresas que se ahorran cientos de millones en medidas correctoras, en licencias, en impuestos, en planes de rehabilitación o en estudios de impacto simplemente porque cuentan con la bendición (¿a cambio de qué?) de unos políticos que durante años y décadas han mirado para otro lado discretamente. Que no es que actúen así con todo el mundo, al contrario, porque luego trancan a un agricultor reconstruyendo la pared de un bancal sin permiso y le levantan los pies del suelo sin la más mínima consideración. Es más, esta forma de permitir a algunos privilegiados actuar en la más absoluta ilegalidad imposibilita que otras empresas, a las que sí se les exigen todos los requisitos para funcionar (acaso porque no están dispuestas a pasar por caja tan fácilmente), puedan introducirse en determinados sectores copados por media docena de piratas.
Y llegados a este punto, como casi siempre, son ciudadanos anónimos los que se tienen que jugar el físico para acudir a los tribunales a exigir el cumplimiento de la Ley, porque los que cobran por hacer eso mismo, como es el caso de Wladimiro, sólo están dispuestos a aplicarles la legislación vigente a unos cuantos que por lo visto no son tan guapos o, quizás, no son tan generosos en la financiación de los partidos políticos y/u otras cosas incluso menos confesables. ¿O acaso alguien le encuentra otra lógica a esta golfería sin límites? ¿Quién ha dejado caducar todos esos expedientes sancionadores -como ha ocurrido también en los barrancos de Güímar- y por qué? ¿Por qué nadie, con responsabilidad, había acudido antes a los tribunales con incumplimientos y agresiones al entorno tan flagrantes?
En fin, que ya veremos en qué termina lo de este auto que pone de fecha límite a esas empresas para retirar su maquinaria de allí el próximo día 19 a las 10 de la mañana. Eso ya lo veremos, lo que queda ahora es felicitar a los vecinos de San Marcos por esta lucha que han llevado casi en solitario y por la que han recibido de personajes como Wladimiro, y de la mayoría de los políticos locales, sólo desprecio y descalificaciones. Ahora parece que la Justicia comienza, sólo comienza, a poner las cosas en su sitio y esperemos que algún día, más pronto que tarde, se traigan a un avión Hércules de esos de donde sea, lleno de picoletos como a Lanzarote, y comiencen a meter en el talego esencialmente a los que consienten estos atentados al entorno y al sentido común. Y no me refiero, precisamente, a los empresarios que han hecho lo que les han consentido los verdaderos responsables de este desaguisado que habitualmente se pasean por ahí en coche oficial y todo-gasto-pago a costa de nuestros impuestos. ¡Chiquita tropa!
"... La corrupción es un hecho complejo que involucra a actividades públicas y privadas. Muchas de ellas están tipificadas como delitos. Entonces ¿Qué es corrupción? La clase política, dentro de los marcos de los viejos esquemas del clientelismo y las estructuras inamovibles, sabe de antemano que el poder se compra y los favores para alcanzarlo, hay que pagarlos. De esta manera se instaura una cultura que ata, indisolublemente, intereses económicos privados y poder político. Se crean códigos de relaciones, trasiego de influencias, sociedades de hecho y métodos de gestión, que llevan el sello indeleble de un favorecimiento en ambos sentidos. Sin una clase económica dominante y corruptora, no habría políticos influyentes y corruptos..
La política, el oficio de la política, única actividad que realizan con destreza los viejos dueños del poder, ya sea municipal, autonómico o estatal, se separa aun más de los compromisos con la gente, es decir de política al servicio de las comunidades y se articula una forma de poder que produce enormes beneficios para la clase política, como grupo autónomo. El poder político ha cobrado autonomía. No necesita que los intereses económicos lo perviertan. Es el aparato de poder mismo el que se convierte en una afinada maquinaria de enriquecimiento personal. La política toma la iniciativa y todo el que desee gestionar o contratar, debe pagar, trátese del negocio de la construcción, servicios, pagos, compras, licitaciones, permisos, recalificaciones, provisiones, contratos, asesorías etc.
Las reglas del juego democrático y la estructura jurídica, que de manera natural sostienen el sistema social imperante dentro de ciertas reglas del juego sujetas a controles legales o jurisdiccionales, son hechas trizas, desmembradas o anuladas, para dar lugar a relaciones casuísticas entre los intereses dominantes y los políticos que las manejan en su provecho".
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