Indecente toma de postura del alcalde de Icod a favor de la ilegalidad en Riquel en vísperas del precinto
No es agradable ver, al menos eso pienso yo, a los alcaldes y funcionarios públicos entrando esposados en los juzgados. En realidad no es agradable, y creo que se debería evitar, ver a nadie en esas circunstancias. Pero, francamente, cuando uno ve el descaro con el que algunos de estos personajes desafían al estado de derecho, al sentido común, a los vecinos que se han puesto de parte de la Ley denunciando barbaridades ambientales... y descaradamente se posicionan del lado del infractor, qué quieren que les diga, uno considera respetuosamente que alguien debería de darles un buen escarmiento por higiene democrática.
Porque es que el hecho de que el alcalde de Icod, Diego Afonso, reciba a una especie de manifestación de 'damnificados' por el cierre de cinco empresas que han actuado bajo la más absoluta de las ilegalidades en Riquel, en principio, no tiene porqué ir ni más acá ni más allá, si no fuera porque montan el numerito dos días antes de que se cumpla el plazo dado por la Justicia (con mayúscula en este caso) para el precinto de esas instalaciones, por llamarlo de alguna manera, con el claro objetivo de presionar a la jueza desde una institución pública.
Y es que aunque para don Diego Afonso existan ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, o de tercera que él sabrá porqué dado que yo lo desconozco aunque puedo dejar volar la imaginación también, la realidad es que -pese a las mentiras que contaba el otro día Andrés Chaves atribuyendo la denuncia a un colectivo ecologista- el procedimiento que ha traído consigo la orden de precinto de las empresas para este viernes parte de la denuncia que presentaron vecinos de Icod hace ya unos años, concretamente de asociaciones de vecinos de San Marcos. ¿Acaso estaría dispuesto el señor Afonso a montar un numerito similar con los vecinos que exigen el cumplimiento de la Ley? ¿Cuál sería el titular, en tal caso?
Diego Afonso, junto con otros impresentables como el Chaves, lo que están haciendo es entrometerse en un procedimiento judicial poniendo a los pies de los caballos a los denunciantes, cuando los únicos responsables de todo esto son los políticos que han tenido años para poner en orden todo lo que fuera ordenable y para desalojar de allí a las actividades ilegales, en lugar de dejar caducar los expedientes de denuncia como han hecho descaradamente. Algún día, era inevitable, habrían de toparse con un juez (una jueza en este caso) con dos dedos de frente que pusiera las cosas en su sitio ante la inactividad de las administraciones o ese sospechoso 'mirar para otro lado' en unos casos, mientras en otros se le tiran al cuello de cualquier desgraciado cual garrapatas.
En fin, un verdadero escándalo cargado de indecencia y mucha poca vergüenza. Si cualquier persona normal se lee ese auto lo que consideraría un escándalo es que no se llegase a ejecutar el precinto este viernes por la mañana. Toda la parafernalia esa de que 4.000 familias de la comarca sufrirían las consecuencias, qué quieren que les diga, es una pura mentira. Yo no sé cuál será el efecto real para el empleo a corto plazo, no lo sé pero desde luego nada tiene que ver con esos 4.000, pero que a nadie le quepa duda que si esas mismas actividades -que serán necesarias, supongo- se realizan conforme a la Ley, como debe ser y como se le exige a otros, probablemente estaríamos hablando del doble de empleo aunque los empresarios deban reducir un poco sus impresionante márgenes fruto de que, entre otras cosas, las actividades ilegales no pagan impuestos. Para eso hay que ser legal, como ocurre en los países decentes.
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