El Foro contra la Incineración recurre ante el Tribunal Supremo la adjudicación de un horno incinerador en Arico
NOTA DE PRENSA
Esta medida es consecuencia de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no ha accedido, en principio, a decretar la suspensión cautelar reclamada por este colectivo a la espera de que Política Territorial subsane las deficiencias del procedimiento. Para el Foro no cabe ahora intentar subsanar los múltiples defectos en el procedimiento seguido para la adjudicación del horno de MER toda vez que éste parte de un acto nulo de pleno derecho como fue la adjudicación -a finales del 2002- a la empresa TECMED de un horno incinerador para restos animales y residuos sanitarios de toda la Provincia en el municipio de Arico
Para este colectivo ciudadano el Tribunal Superior de Justicia de Canarias está pasando de puntillas sobre el meollo de la cuestión, que no es otro que el hecho que todo este procedimiento se asienta sobre un acto nulo de pleno derecho como fue la adjudicación del horno por parte del Gobierno de Canarias a la empresa TECMED. El concurso comenzó con una orden de 6 de noviembre de 2002 y una posterior adjudicación mediante Orden de 27 de diciembre de 2002, que adjudicaba "el concurso, procedimiento abierto y tramitación urgente, para la contratación de la redacción del proyecto, la ejecución de las obras, el suministro de equipamiento y la puesta en marcha de una instalación para tratamiento y eliminación de residuos de animales, materiales especificados de riesgo (MER) y determinados residuos sanitarios en el Complejo Ambiental de Arico".
Todo este proyecto surge, en un principio, de la necesidad de dar tratamiento a los materiales especificados de riesgo, relacionados con la Encefalopatía Espongiforme Bobina, o “crisis de las vacas locas”. A tal fin la Consejería de Política Territorial suscribió un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente mediante el cual este último financiaba estos hornos tanto en Tenerife como en Gran Canaria. Sin embargo la Consejería de Política Territorial modificó las condiciones del mismo para introducir residuos sanitarios procedentes de todas las islas de la provincia, lo supone -según el Foro- una flagrante vulneración del Convenio que por tanto quedaría invalidado.
Pero el motivo fundamental por la que el Foro Ciudadano considera que todo el procedimiento es nulo de pleno derecho viene dado por la circunstancia de que este horno fue adjudicado en diciembre de 2002 sin que hubiese existido previamente un estudio de impacto ambiental que es preceptivo y, por supuesto, la correspondiente información pública. Todas estas deficiencias han sido reconocidas en las alegaciones que la Consejería de Política Territorial ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, comprometiéndose a subsanarlas. Lo que ocurre es que, según el Foro Ciudadano que se encuentra asesorado por la letrada María Dolores Palliser, es que estos defectos no son subsanables y hacen que todo el procedimiento sea nulo de pleno derecho, así como inválido el convenio que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 18 de octubre del año 2002.
Recuerda también este colectivo que el ayuntamiento de Arico acordó en su día por unanimidad recurrir este horno ante una moción presentada por la oposición, en una sesión plenaria en la que un nutrido grupo de miembros de este colectivo ciudadano se presentaron para exigir un pronunciamiento del Pleno sobre este asunto. Sin embargo si bien Eladio Morales defendió antes de las elecciones que este horno era ilegal porque no podía situarse a menos de un determinado número de kilómetros de núcleos habitados, transcurrido el proceso electoral no se le ha vuelto a oír mencionar el asunto, pese al mandato del Pleno que le obligaría a llevar su recurso a las últimas consecuencias.
Según Juan Jesús González, portavoz del Foro Contra la Incineración, "nos encontramos sorprendentemente ante un grupo de vecinos que reclama el cumplimiento de la legislación vigente por parte de los poderes públicos, que para ello ha tenido que invertir mucho esfuerzo y recursos económicos mientras las administraciones sencillamente se dedican a eludir su responsabilidad en un asunto que presenta todas las características de una chapuza administrativa y un auténtico escándalo jurídico. No parece razonable que los ciudadanos exijan a las administraciones que cumplan la Ley cuando la misma Consejería de Política Territorial pretende, por ejemplo, tirar la casa a una familia por hacer exactamente lo mismo que está haciendo en el caso del horno de MER el Gobierno de Canarias, que no es otra cosa que incumplir flagrantemente la legislación vigente en materia de impacto ambiental".
Recuerda también el Foro que esta instalación ha seguido una tramitación urgente, que en menos de tres meses se firmó el convenio, se publicó el concurso, se presentaron las ofertas y se adjudicó, puesto que el convenio salió publicado en octubre de 2002 y la adjudicación se produjo en diciembre del mismo año. A pesar de eso entrados en el 2004 no hay nada porque en el caso de Tenerife no se ha sometido a información pública, como ya se ha hecho desde hace varios meses en Gran Canaria intentando "remendar" una situación que no tiene remedio, según el Foro, porque pretender hacer un estudio de impacto ambiental cuando ya está adjudicado el proyecto concreto es una auténtica aberración jurídica toda vez que una de las funciones de los estudios de impacto consiste, precisamente, en analizar las diferentes alternativas y justificar la opción elegida como la más razonable en términos ambientales, cosa que como cualquiera puede entender deja de tener sentido una vez que una determinada "solución" ha sido contratada.
Para el Foro son los residuos sanitarios, seguramente, la tipología de residuos que se está tratando en estos momentos con más seriedad en Canarias, dado que empresas especializadas los trasladan a Andalucía donde no se queman, sino son tratados mediante autoclavado. Precisamente entre las ofertas que se presentaron para el horno MER en Arico alguna de ellas proponía la introducción de la tecnología del autoclave para la inertización de residuos sanitarios, sin embargo éstas fueron desechadas por el Gobierno de Canarias a favor de la incineración pura y dura. "Existen por tanto alternativas que no se están analizando con la seriedad que este tipo de decisiones merece y, por supuesto, sin permitir el más mínimo debate social sobre asuntos de tan grave trascendencia", manifiestan desde el Foro contra la Incineración.
