¿Son todas las casas ilegales
iguales? ¿Tienen todos los afectados las mismas posibilidades
reales de defenderse? ¿Por qué casas han empezado? ¿Piensan
tirar todas las ilegales? ¿Los alcaldes que han permitido esto
-y en ocasiones lo han fomentado favoreciendo el sucio clientelismo-
se van a ir de rositas? Menos la última pregunta, que tiene una
clara respuesta, se ciernen muchas dudas sobre el criterio que está
siguiendo el Gobierno de Canarias en su espectacular política
de derribo de viviendas ilegales. A cualquier observador imparcial le
surgen dudas al ver cómo auténticas urbanizaciones ilegales
situadas en primera línea de playa consiguen resistir hasta sentencias
de derribo del Tribunal Supremo mientras otros, menos afortunados o
poderosos, son víctimas de la ira de las excavadoras.
Si en una Isla como Tenerife se derribasen
todas las casas que los alcaldes han permitido construir ilegalmente
no habría escombreras ni en los agujeros que tiene Antonio Plasencia
en el Barranco de Badajoz para colocar tanto escombro. Esa es la triste
y lamentable realidad. Cuando empezemos a ver caer las casas de los
caciques empezaremos a creernos esta historia, claro que eso es difícil
porque para ellos es mucho más sencillo conseguir una recalificación
o acelerar la tramitación de unos papeles, eso es inevitable
por lo menos aquí. Mientras tanto esto suena más bien
a campaña de marketing a costa de los cuatro más
desgraciados o con menos influencia.
Una buena idea para los afectados podría
ser que se organizasen para financiar
campañas electorales, que eso podría darles mejores
posibilidades de librarse de la excavadora.
