EL TSJ ANULA EL PLAN DE RESIDUOS URBANOS Y RESIDUOS DE ENVASES DE CASTILLA Y LEÓN
Califica de temeridad la actuación de la Consejería de Medio Ambiente, que omitió la información pública, la evaluación de impacto ambiental y los informes preceptivos
Por sentencia nº 194, de 9 de febrero de 2004, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) ha anulado el Plan de Residuos Urbanos y Residuos de Envases de Castilla y León 2002-2010, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León el 30 de agosto de 2002. Esta sentencia resuelve el recurso judicial presentado hace algo más de un año por la Federación Ecologistas en Acción Castilla y León, y no es recurrible ante el Tribunal Supremo al fundamentarse en la vulneración de la normativa autonómica.
La Sección Segunda de la Sala, con sede en Valladolid, entiende que las Comunidades Autónomas están obligadas a elaborar planes de residuos que contengan la determinación de los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de residuos. Por ello, considera que el texto aprobado en 2002 es un Plan Regional de Residuos con carácter normativo, y asimismo un Plan Regional de los regulados en la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León.
"En consecuencia, no puede sostenerse que el Plan de Residuos sólo tiene carácter programático y no normativo, puesto que los Planes Regionales tienen naturaleza reglamentaria y sus determinaciones son vinculantes". "Un instrumento normativo lo es por su naturaleza y contenido, no por la denominación que se le quiera dar para eludir el procedimiento legalmente establecido para su elaboración y aprobación".
No obstante, el TSJ expone como en la aprobación de este Plan se ha omitido el cumplimiento de los requisitos sustantivos y procedimentales establecidos en la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León para la elaboración de los Planes Regionales, como son entre los últimos la información pública, la audiencia a las Administraciones Públicas, el informe del Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, el informe de los Municipios afectados por el Plan y la Evaluación Estratégica Previa de su impacto ambiental.
Los magistrados añaden que "ni siquiera se ha respetado el procedimiento que en la elaboración del nuevo Plan de Gestión de Residuos Urbanos se había de observar, según establecía el art. 4 del Decreto 50/1998, de 5 de marzo, por el que se modifica el Plan Director Regional de Residuos Sólidos Urbanos de la Comunidad de Castilla y León, que es sustituido por el impugnado". Según el Alto Tribunal, todos estos trámites "son fundamentales para que los ciudadanos tengan información y participación en un tema de especial importancia para ellos en cuanto afecta a la protección de la salud del hombre y medio ambiente".
Por todo ello, el TSJ finaliza imponiendo las costas a la Junta de Castilla y León, "por su temeridad al negar el carácter de Plan Regional al que se refiere el Acuerdo impugnado, cuando ese carácter resulta de la propia normativa autonómica".
Con esta sentencia, queda claro que la Consejería de Medio Ambiente y el Gobierno autonómico actuaron al margen de la Ley, atropellando los derechos ciudadanos de información y participación, así como las atribuciones de los Ayuntamientos y de los Consejos Regionales de Urbanismo y Medio Ambiente. La principal responsable de este despropósito es la hoy Consejera de Cultura, Silvia Clemente, y los dirigentes de equipo de Turismo, Jesús Rodríguez y Jaime Fernández, entonces titulares de Calidad Ambiental.
Entre las consecuencias inmediatas de esta sentencia, llama la atención el vacío en que queda el vertedero provincial de Salamanca, en Gomecello, cuya aprobación como Proyecto Regional resulta inviable al haberse anulado el Plan que lo amparaba. Los restantes vertederos no contemplados en el Plan de Residuos Urbanos de 1990, también pierden buena parte de su soporte legal, entre ellos los de Burgos (Abajas) y León (San Román de la Vega).
Ecologistas en Acción reitera que con este tipo de "trampas" y otros atajos de dudosa legalidad (Plan Regional de Residuos Industriales, Ley de Infraestructuras de Residuos) no se va a solucionar ninguno de los conflictos planteados en Castilla y León en torno a la gestión de los residuos urbanos e industriales. Los ecologistas animan a los actuales responsables de la Consejería de Medio Ambiente a que se desmarquen de la forma de hacer de sus predecesores, abriendo un proceso participado de elaboración del nuevo Plan de Residuos.
Más información: Miguel Ángel Ceballos, 652.590782 www.ecologistasenaccion.org/castillayleon
