La Agencia de Protección del Medio Ambiente Urbano y Natural del Gobierno de Canarias tiene registrados un total de 96 expedientes de disciplina urbanística sobre los que ha recaído una sentencia de demolición en cualquiera de las instancias judiciales. Desde mediados de los años 90 sólo se han derruido el 16 por ciento de las construcciones.
La Agencia de Protección del Medio Ambiente Urbano y Natural del Gobierno de Canarias tiene registrado que el 41 por ciento de las edificaciones se encuentran inscritas en el censo de viviendas ilegales aunque aún no procede su demolición.
La mayoría de los expedientes registrados en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial fueron tramitados en base a la Ley canaria de Disciplina Urbanística y Territorial siendo casi simbólicas en número las infracciones tramitadas conforme a la norma legislativa estatal de regulación de las costas.
Casi la práctica totalidad de los expedientes han agotado la vía judicial aunque aún hay casos que están pendientes a que se resuelvan los recursos de casación o se logre la firmeza de la única sentencia de lo penal por desobediencia existente en los datos del Ejecutivo. Se corresponde con el caso de una edificación de bloques prefabricados, en San Sebastián de La Gomera y cuyo promotor es Agustín Herrera.
Viviendas unifamiliares
Las ilegalidades más comunes son la edificación de viviendas unifamiliares con diversas plantas o ampliaciones de las mismas, edificaciones de chalets en zonas costeras protegidas y en espacios naturales, construcciones de muros y piscinas, algunas instalaciones de telefonía móvil y para uso industrial.
Solamente consta un expediente en el que las obras se paralizaron cuando aún sólo habían comenzado con el movimiento y preparación de las tierras para comenzar la edificación. Aunque, como el planeamiento de La Frontera está en tramitación, se prevé que la edificación se legalice a pesar de estar situado en el espacio natural protegido de Pie del Risco.
De las 96 construcciones con sentencias de demolición en toda la Comunidad Autónoma, Gran Canaria acumula el 47,9 por ciento de las mismas (46 casos). De los 21 municipios de la Isla, Santa Brígida es la localidad donde más infracciones se detectan, seguido de Guía, Gáldar, San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas, Valsequillo, San Mateo y Moya. La lista de municipios infractores, hasta llegar a 15, se completa con Telde, Teror, Tejeda, Arucas, San Nicolás de Tolentino y Mogán.
En la isla de Tenerife, la agencia canaria tiene abiertos 17 expedientes y menos de la mitad de sus municipios tienen casos disciplinarios. Arona, Güímar y Santiago del Teide encabezan el listado de infractores seguidos de El Sauzal, Santa Úrsula, Candelaria, Guía de Isora, Icod, Adeje, La Guancha, Arico y Arafo.
De las cinco islas periféricas, en orden al volumen de casos registrados, en primer lugar se encuentra Lanzarote (10 por ciento de las sentencias) seguida de Fuerteventura (el 9,2 por ciento), La Gomera (el siete por ciento), La Palma (el cinco por ciento) y El Hierro (el dos por ciento).
Fuente: La Opinión,09-04-04

Nota: Obsérvese que el titular que ofrece el periódico, seguramente, induce a confusión porque el texto de la noticia dice que se han demolido el 16% de las viviendas sobre las que ha recaído sentencia judicial de demolición, no de las viviendas "consideradas ilegales", que son miles.