Hubo un momento, sin duda, en el que
en esta isla nos enfrentamos a un problema referente a la justificación,
a la viabilidad o a los impactos del puerto industrial de Granadilla.
Debió ser hace unos cuantos años cuando alguien tomó
la decisión de que era imposible ampliar el puerto de Santa Cruz
–lo que después se ha demostrado incorrecto- o ese momento
en el que alguien decidió especificar en el PIOT que todo el
tráfico de mercancías se trasladase al sur de la isla
sin debate público o explicación alguna, cosa que al parecer
también han rectificado. Aunque todas esas rectificaciones no
han traído como consecuencia la modificación de una sola
coma del proyecto inicial del macro puerto.
Pero es que en este momento ya ha pasado
la hora de todos esos debates que se debieron producir en su día.
Hasta el día de la fecha ha sido imposible sentar en una misma
mesa, cara a cara, a los dos planteamientos para que se discuta con
datos públicamente, para permitir a los ciudadanos una toma de
postura razonada sobre el asunto. Y es que eso, junto con la actitud
de algunos potentes medios de comunicación, ha llevado el problema
del puerto de Granadilla a un terreno en el que hoy en día no
se llevan las cosas en los países con democracias medianamente
consolidadas. Y es que el puerto de Granadilla se ha convertido en un
problema, más que nada, de concepción de la democracia.
Y esto es así porque alguien
está muy interesado en confundir el interés general con
el legítimo interés particular. Alguien quiere confundir
lo que es el poder económico con el poder político. Otros
desprecian sin reparo alguno la mayor iniciativa legislativa popular
presentada nunca antes en Canarias. Otros han decidido insultar –no
desde las columnas de opinión- sino desde las ¡editoriales!
de los medios a todo el que opine distinto. Se insulta a los ecologistas,
a la Universidad, a especialistas como los cuatro o cinco últimos
presidentes de los puertos de Santa Cruz de Tenerife, a investigadores
de todo tipo y pelaje, a ciudadanos por el simple hecho de opinar, a
plataformas ciudadanas, a pescadores…
Una demoledora maquinaria puesta al servicio
pura y exclusivamente de matar cualquier posibilidad de debate abierto,
nada de contrastar criterios o de dar la más mínima opción
a cualquier planteamiento discrepante. Lo que ha dicho Antonio Plasencia,
Ignacio González y José Fernando Rodríguez de Azero
(como todos sabemos defensores destacados del interés general
en esta tierra, como demostraron –por poner un ejemplo- los dos
primeros con la compra y posterior venta a los ciudadanos de Santa Cruz
del frente de playa de Las Teresitas) es la primera y última
palabra en todo este asunto.
Con todo esto ahora nos encontramos en un momento
totalmente distinto y al que nunca se debió haber llegado. Y
es que cuando hay un verdadero debate social, cuando se da opción
a todo el mundo a opinar, cuando se plantean públicamente los
temas y cuando los medios de comunicación y la clase política
no se decanta de antemano por unos intereses muy particulares y muy
concretos, no hay nadie capaz de parar ningún proyecto porque
la decisión última estará abalada por un trabajo
previo incontestable. Justamente lo que no ha existido -ni estos poderes
están dispuestos a que exista- en este caso.
Es el momento, por tanto, de hablar
de democracia, de participación social, de interés general…
y no ya tanto de hablar de los metros que debe o no tener el puerto,
y es que habrían dos motivos para priorizar estos objetivos.
El primero es que sin duda es más importante la salvaguardia
de nuestros derechos como ciudadanos, a la libertad de expresión
o a la participación social de todos -y no sólo de los
que pagan las campañas electorales- que cualquier otra cosa.
Y, en segundo lugar, porque el debate sobre el puerto de Granadilla
está plagado de tantas mentiras –contradicciones con el
PIOT, metros de la línea de atraque que primero son 300 o 500
y han salido a concurso más de 2000 que representa el macro puerto
que todos niegan, escombros de un aeropuerto que no necesitamos, estudios
sobre viabilidad económica disparatados, vientos en la zona que
dificultarían tremendamente operaciones de descarga, supuesta
imposibilidad inicial de ampliar Santa Cruz, compra especulativa de
terrenos…) que ya no hay por donde coger el tema de cara un debate
sosegado. El asunto está total y absolutamente contaminado, quizás
como nunca antes se había contaminado nada en esta tierra.
La lucha ahora habría de ser,
tal y como se han puesto las cosas, la defensa del derecho a discrepar
y de una democracia que se encuentra totalmente cautiva, en manos de
media docena de personas a las que nadie les ha votado. Aunque seguramente
sí que se presentan a las elecciones, pero no con sus verdaderos
rostros sino con los rostros de muchos de los que se
sentaron como lacayos a los piés de ellos el otro día
en el Recinto Ferial. Es ese el objetivo irrenunciable en el que debemos
empeñarnos una vez que la batalla de la sensatez se ha perdido,
según parece, casi definitivamente. Y en esta lucha ya poco importa
que estemos a favor o en contra de un puerto, puertito o macro puerto
en Granadilla. La defensa de derechos fundamentales nos incumbe a todos.
Juan Jesús González
El
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