Los promotores del concierto Son Latinos
y Cochinos, consistente en que doscientas o trescientas mil personas
bailaban y bebían y demás durante doce horas seguidas
sobre la principal playa turística de la isla de Tenerife, han
anunciado estos días que este año no se va a celebrar
a causa de la prohibición de la Dirección General de Costas,
debido a que el evento iba en contra de la legislación vigente
en materia de protección de los espacios costeros.
Rencor, odio y tiros hacia todas partes,
caracterizaron la rueda de prensa de los dos empresarios que venían
promoviendo este evento con el dinero de todos nosotros, que muy amablemente
ponían a su disposición el ayuntamiento de Arona, el Cabildo
de Tenerife y el Gobierno de Canarias.
Los últimos cartuchos que se
quemaron para salvar el concierto fueron de lo más asombrosos.
Desde convencer a un afamado cantante que visitó recientemente
Tenerife, Alejandro Sanz, de que la playa de Las Vistas era una cosa
artificial sin el más mínimo valor natural -cosa que el
chico repitió sin rubor alguno públicamente- hasta la
mediación anunciada en algunos medios del Superdelegado del Gobierno
o "conseguidor"
con el que Zapatero nos ha premiado a los canarios para los próximos
cuatro años.
El año pasado una intervención
en el último momento de nuestro consejero de medio ambiente,
Wladimiro Rodríguez Brito, desautorizando los informes de sus
técnicos, salvó el ilegal concierto. Aunque poco después
ya parecía arrepentido de haber cometido aquella actuación
contra la legalidad vigente y contra cualquier planteamiento de sensatez,
sobre todo viniendo de la primera autoridad de la Isla en lo que tiene
que ver con la protección del entorno. Pero ya sabemos que el
fuerte de nuestro consejero no es el rollo ese de las normas y las leyes,
sino que él confía mucho más en su "sentido
común". Y es que él es el depositario, o así
lo cree, de esa cualidad humana.
Los promotores del Son Latinos y Cochinos,
pese a que se ha demostrado la ilegalidad del evento dado que nadie
ha recurrido la resolución de Costas, siguen adelante con sus
querellas hacia el colectivo ecologista que recurrió ante la
Demarcación de Costas las autorizaciones de ese desatino. Han
atacado también, aunque con la boca pequeña, a todos esos
políticos que les aflojaban tan alegremente nuestro dinero y
que ahora han escurrido el bulto discretamente. Han cargado contra los
periodistas -sus compañeros- que alguna vez les han criticado.
Han cargado contra Tenerife y amenazan con llevarse su "marca"
a alguna playa en Estados Unidos o, como no, a Gran Canaria. Acudiendo
-como acuden aquí casi todas nuestras lumbreras- al socorrido
"pleito insular" cuando los argumentos no dan más de
si.
Ellos esperaban una especie de "levantamiento
ciudadano" en defensa de lo indefendible. Pero pese a disponer
del poder mediático y la complicidad de todos los partidos políticos
presentes en las instituciones, donde no se distinguen los grupos del
gobierno de los de la oposición -cuando se trata de defender
los intereses de media docena de empresarios- no han podido superar
el listón marcado por el cumplimiento de unos principios democráticos
elementales, como es que nadie puede actuar indefinidamente al margen
de la Ley. Y es que las democracias, o las cosas parecidas a las democracias,
se caracterizan porque todos los ciudadanos y las instituciones se deben
al imperio de la Ley, que nadie puede saltarse por muchas alcachofas
de las que disponga para insultar, denigrar y machacar al que exija
su cumplimiento.
Algunos pensamos, sin embargo, que el
Son Latinos se lo ha cargado la prepotencia, la arrogancia y el empeño
de los que se creen muy poderosos por negar continuamente la evidencia.
Con la prohibición que ya se cernía sobre el evento el
año pasado, los responsables no fueron capaces de tomar la más
mínima medida correctora de cara a evitar o mitigar los efectos
devastadores de la marea humana sobre una playa pública durante
doce horas. Se volvieron a instalar las gigantescas cantinas sobre la
playa, se permitió el acceso de la gente a la arena con carros
de la compra llenos de envases de cristal y de alcohol en cantidades
industriales. No se intentó, previamente, establecer campaña
alguna de mentalización, ni se advirtió a la gente del
riesgo de desaparición del evento. Muy al contrario, la prepotencia
y la soberbia de los promotores les llevó a denunciar, a insultar
y mofarse públicamente de los que habían advertido de
las irregularidades.
Y, además de todo eso, los hechos
han vuelto a poner en evidencia una triste, lamentable y vergonzosa
realidad. Las autoridades que deberían velar por el cumplimiento
de las leyes miran para otro lado cuando los infractores representan
a determinados poderes mediáticos o económicos. Multan
con relativa facilidad a un cazador, a un campista o a un agricultor
(dependiendo de quién sea el campista, el cazador o el agricultor,
claro está) pero no son capaces de mover un dedo cuando los infractores
representan a aquellos poderes que les han puesto en sus cargos, bien
sea pagándoles las millonarias campañas electorales o
haciendo uso de la apisonadora mediática. Esos son intocables.
Claro que gobernar así es muy
sencillo, se buscan algún problemilla con algún desgraciado
sin capacidad de influencia para cubrir la papeleta, pero los grandes
asuntos, o los asuntos conflictivos, quedan en manos de cualquier ciudadano
que esté dispuesto a presentar la correspondiente denuncia y
cargar, él solito, con el peso de soportar las incalificables
presiones y ataques. Cosa a la que nadie, o muy poca gente, está
dispuesto como es lógico.
El trabajo que debieron hacer las autoridades
para defender la legalidad con respecto al Son Latinos y Cochinos lo
ha hecho un grupo ecologista, como tantas veces. Los que cobran por
hacer cumplir las leyes cobrarán lo mismo -o más- por
mirar para otro lado o hacerse los locos. Los palos han de llevárselos
los que ni cobran ni tienen el deber de velar por el cumplimiento de
las leyes. Una degradación insoportable de lo que debería
ser, pero no es, un estado de derecho.
