A lo largo de décadas ha venido
funcionando una actividad minera a cielo abierto de gran impacto sin
amparo legal alguno en varias zonas de la isla de Tenerife. A nadie
le ha interesado, hasta ahora, regularizar el sector de manera que los
impactos fuesen más controlados, que se regenerasen los terrenos
afectados o que los ayuntamientos respectivos pudiesen cobrar las correspondientes
tasas de explotación, como ocurre con cualquier otra actividad.
Hay quien dice que esto ha sido posible
porque los ayuntamientos han cobrado. Bueno, mejor dicho, han cobrado
algunos miembros de los ayuntamientos que entraron en la política
con una mano detrás y otra delante y hoy en día se han
hecho con un patrimonio realmente asombroso. Pero esas cosas se dicen
pero si no las investigan los fiscales y los que tienen medios ¿quién
las va a investigar o a quién le interesa que esto se investigue?
La verdad es que, cierto o no, nadie
se explica cómo con la cantidad de permisos, papeles, impuestos...
que le exigen a cualquiera hasta por vender churros en una esquina,
haya sido posible un desastre de tal calibre sin tener los papeles en
regla. Al que no le asombren estas cosas es que, sin duda, no tiene
nada claro el tema ese del estado de derecho y la igualdad de todos
ante la ley como principio fundamental.
Recientemente las empresas que realizan
extracciones en el Valle de Güímar han llevado a cabo un
paro y una concentración para pedir que no se ejecuten las sentencias
judiciales que ordenan el cierre. Bueno, eso no está claro, porque
los trabajadores pedían también que los posibles despidos
recibiesen una indemnización justa. No cabe duda que los empresarios
cada día que pasaba, a lo largo de estas décadas, se han
sentido más fuertes dentro de la ilegalidad, en la confianza
de que nadie iba a cerrar unas extracciones de las que dependían
directamente tantos puestos de trabajo. Y efectivamente esa ha sido
su primera reacción al sentirse un poquito, sólo un poquito,
acorralados por los procedimientos judiciales. Han amenazado con despidos
-con unas indemnizaciones ridículas- en el caso de que pusieran
algún precinto por allí esos que, supuestamente, están
para que se cumplan las leyes.
Y efectivamente es que tienen razón,
de ejecutarse las sentencias el caos podría ser monumental. Pero
de no ejecutarse, que es lo que va a pasar sin duda, una vez más
se pondrá de manifiesto que en esta tierra no hay autoridad pública
alguna con fuerza moral para aplicarle legislación ambiental
de ninguna naturaleza a ningún ciudadano. Lo hacen porque tienen
que justificar su trabajo con el más débil o desgraciado.
Pero a éstos que, pese a estar en la más absoluta de las
ilegalidades, van por ahí hablando del "interés general"
que ellos siempre relacionan con grandes infraestructuras de alto impacto
que consuman más cemento, más áridos y más
asfalto, a estos nadie les va a tocar. Ni les van a pedir que solidariamente,
como hace todo el mundo, compartan su beneficios vía impuestos
o tasas en unas actividades perfectamente legalizadas y con los correspondientes
planes de rehabilitación. Ellos
comparten pero de otra manera mucho más rentable.
