El pasado mes de junio el "responsable"
de transportes de Gobierno de Canarias informaba en el Parlamento, según
se anunció en la prensa, que este mes de septiembre se pondría
a funcionar el intercambiador de Santa Cruz, una obra sobre la que pivotaba
el peso de la solución al colapso de tráfico de Santa
Cruz según el Plan General de 1992 (hace 12 años).
Como quiera que este jueves es el último
día del mes de septiembre hay quien afirma que el consejero palmero
nos dará la sorpresa y se presentará allí en su
volvo oficial de cristales tintados para cortar la cinta (las malas
lenguas afirman que el color negro de los cristales del coche que le
pagamos entre todos es el responsable de lo alejado de la realidad que
vive este señor). Sin embargo otros creen que no piensa poner
a funcionar esos aparcamientos públicos hasta que no se vendan
todos los garajes de los edificios que construyen sus amigos en los
alrededores.
Nos quieren hacer creer que invirtieron
en esta obrita 25 millones de euros -que se sepa hasta ahora- sin antes
acordar cómo la iban a gestionar. Lo peor del caso es que puede
que eso sea verdad y que no hay forma, en nuestro ordenamiento jurídico,
para meterle mano al que dilapida nuestros recursos escasos de esta
manera. Un país de locos.
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Antonio Castro dice que en septiembre
estará operativo el intercambiador
El consejero asegura que el retraso se debe a que no
se sabe qué Administración lo explotará
El consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno
regional, Antonio Castro Cordobez, señaló ayer que el
intercambiador de transportes de Santa Cruz entrará en funcionamiento
el próximo septiembre "casi con toda seguridad". Castro,
que respondió a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado
socialista Julio Cruz, agregó que no ha comenzado a funcionar
hasta ahora porque no está claro qué administración
va explotarlo y porque todavía quedan algunas obras por ejecutar.
EFE
Santa Cruz
Julio Cruz reprochó al consejero que "después de
tanto tiempo haciendo la obra, de costar más de lo que en un
principio iba a costar, ahora resulta que no sabemos la administración
que va a explotarlo; eso se llama falta de coordinación y ineficacia,
tanto del Gobierno de Canarias como del Cabildo de Tenerife", señaló
el diputado. Los ciudadanos canarios "no podemos permitirnos el
lujo de hacer un intercambiador y estar meses y meses sin saber quién
va a explotarlo. La eficacia brilla por su ausencia", subrayó
Cruz. Al respecto Castro apuntó que las competencias sobre la
gestión del transporte interurbano recaen en el Cabildo y del
urbano en el Ayuntamiento y que no se puede interferir en ellas. Además,
el consejero recordó que, aunque quedan algunas obras por realizar,
el intercambiador tiene 70.000 metros cuadrados construidos, de los
que 42.700 metros cuadrados son para garaje, y además cuenta
con 1.400 plazas para coches. "El suelo del intercambiador lo puso
el Ayuntamiento y quiere prioridad para la explotación pero es
un tema que se aún se está decidiendo", agregó.
En otra pregunta parlamentaria sobre el coste del intercambiador, formulada
también por Julio Cruz, Castro reveló que el presupuesto
inicial estaba alrededor de 21 millones de euros y que el final ha estado
cercano a los 25 millones.
Cruz indicó que el intercambiador ha estado siete años
en construcción y lleva más de seis meses sin saber quién
va a explotarlo, y preguntó "cómo es posible que
después de gastarse casi 26 millones de euros no esté
todavía funcionando". Castro manifestó que de forma
provisional se va a encargar de su explotación la compañía
TITSA.
Cerrado
La situación del intercambiador de Santa Cruz, una de las grandes
apuestas del Plan General de 1992, parece frenada ante la decisión
de quién se hace cargo del mismo y cómo se perfila su
uso y accesos.
Así, mientras la directora general de Transporte, Rosa Dávila,
señaló a este medio que "después de varias
reuniones hemos decidido que sea el Cabildo el que gestione cómo
se adapta el intercambiador a los nuevos modelos de transporte de la
Isla (tranvía, incremento en el número de guaguas...)";
el consejero insular de Presidencia y Hacienda, Víctor Pérez
Borrego, indicaba que "nosotros planteamos que debía ser
el Gobierno de Canarias quien determinase y pusiese fin a las obras
de este proyecto, para luego asumir cada uno sus competencias".
En este sentido, Pérez Borrego aclaró que, una vez se
instalase el sistema contra incendios y se terminasen los trabajos pendientes,
se daría el impulso necesario a la puesta en marcha del mismo.
Interrogado sobre la manera en que se debía ejecutar y utilizar
este sistema de aparcamientos, destinado a quienes usan el transporte
público, el consejero remarcó la necesidad de contar con
un estudio de tráfico, que debía gestionar el Ayuntamiento
de Santa Cruz.
A pesar de los intentos de este medio de hablar con el concejal responsables
de Servicios, Norberto Plasencia, no ha sido posible, si bien tanto
desde el Gobierno como desde el Cabildo de Tenerife, se ha señalado
que, en las reuniones mantenidas entre las administraciones, todos han
quedado de acuerdo en cuál sería su papel en este asunto.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Santa Cruz siempre ha subrayado
la importancia del intercambiador para la mejora del tráfico.
Diario de Avisos, 29 de junio de 2004
