Toneladas de petróleo contaminan
desde hace décadas la costa del espacio protegido del Malpaís
de Güímar, en lo que constituye uno de los mayores muestras
de dejadez, desidia e irresponsabilidad de nuestros políticos
y de las empresas que gestionan el petróleo en Tenerife -principalmente
Cepsa- hacia nuestro patrimonio natural y cultural.
El gran negocio del petróleo
en Tenerife, que en los últimos tiempos se ha visto aderezado
con la gigantesca operación inmobiliaria que Cepsa ha llevado
a cabo en torno a la refinería de Santa Cruz, no parece ser suficiente
para que esta empresa -o las que sean- destinen una pequeñita
parte de sus beneficios a tener un detallito con la tierra sobre la
que están engordando sus beneficios.
Ya sabemos, eso no es nada nuevo, que
estas empresas sólo atienden a los intereses de su cuenta de
resultados y eso puede ser criticable, pero es como funcionan las cosas
cuando la única conciencia toma el color verde o violeta del
dinero. Ahora bien, sucede que además de ese legítimo
o ilegítimo compromiso con el enriquecimiento a costa de lo que
sea, hay algo que se llama el interés general, por el que no
sólo se suponen que deben velar las autoridades, sino que está
-supuestamente- respaldado por una legislación que tiende, o
debe tender, a que determinadas cosas no se puedan llevar a cabo a costa
de lo que sea. En este caso a costa de nuestro entorno natural y a un
patrimonio que sólo pertenece a las futuras generaciones.
Pero, como ha ocurrido descaradamente
con el reciente vertido del Castillo Negro, las empresas lo niegan todo
y los políticos miran siempre respetuosamente para otro lado
cuando se trata de Cepsa, Unelco... o últimamente empresas más
locales relacionadas con el piche y el cemento. Y todo eso, aunque objetivamente
resulta repugnante desde el punto de vista ético, se convierte
en una práctica realmente despreciable cuando, por otro lado,
éstas mismas administraciones tienen la cara dura de ir multando
por ahí a otros particulares o empresas de menos "peso",
por prácticas que comparativamente resultan mucho menos impactantes
para el medio ambiente.
Es por eso que, ante situaciones como
éstas, toda la parafernalia que tiene que ver con el "imperio
de la Ley", el "estado democrático y de derecho",
la "igualdad de todos ante la Ley", etc. se convierte sencillamente
en una palabrería barata y vergonzante. Y en este sentido hay
que decir que si Cepsa contamina impunemente nadie tiene fuerza moral
aquí, ni en ningún sitio, para multar a nadie por arrojar
unos escombros, acampar en una playa, pasearse a caballo por un camino
forestal o abandonar una lavadora en un barranco. Es más, la
práctica esa de ir tirándole por ahí las casas
a trabajadores y multándolos, porque un día un concejal
o un alcalde le dijo que levantara que no pasaba nada, pese a encontrarse
en suelo rústico, no deja de ser más que otra muestra
de cinismo e inmoralidad insoportable.
Todo es mentira, el que paga campañas
y carnavales o compra publicidad contamina y hace lo que le da la gana.
Mientras, se persigue a los mismos pringados de siempre para que muchos
justifiquen sus sueldos a final de mes, sueldos pagados por todos esos
mismos pringados, claro está. ¿Cómo los agentes
del SEPRONA, por ejemplo, tiene estómago para denunciar a un
ganadero por unos purines mal gestionados cuando miran para otro lado
en estas situaciones? La razón es que nos queda mucha democracia
por mamar aquí todavía y, o jugamos todos, o lo mejor
será ir pensando en romper definitivamente la baraja.
