Es posible que los vertidos o filtraciones
de petróleo que están presentes en los alrededores de
la refinería de Cepsa en Santa Cruz de Tenerife, y que en algún
momento nos ha hecho interrogarnos
sobre la posibilidad de que existiesen bolsas de petróleo bajo
la capital tienerfeña (puesto que la refinería siempre
ha negado tener algo que ver con el asunto), comiencen a tener explicación
a partir de las últimas revelaciones aparecidas en algunos periódicos
locales, según las cuales trabajadores de la Empresa denuncian
"la emisión de vertidos al subsuelo", entre otras cuestiones.
Nosotros no sabemos cuál puede
ser la causa de lo que está pasando desde hace ya muchos años,
y que en momentos concretos se agrava de manera significativa, pero
la realidad es que los que deberían tomar cartas en el asunto,
investigar, llevar a cabo análisis, controles y demás,
llevan muchos años corriendo un tupido velo sobre este
escandaloso asunto. A nadie le importa, Cepsa paga carnavales, subvenciona
equipos de fútbol, es muy generosa con los medios de comunicación
y, seguramente, con los partidos políticos y eso, lógicamente,
se nota.
Poco importa la vergonzosa situación
en la que se encuentran las costas de todo el sureste de Tenerife, desde
Santa Cruz hasta Arona pasando por El Rosario, Candelaria, Arafo, Güímar,
Fasnia, Arico, Granadilla o San Miguel. Casos escandalosos como lo que
ocurre en el Malpaís de Güímar,
la Punta de Abona o la Caleta del
Hambre importan tan poco a nuestros políticos que la inmensa
montaña de petróleo de varias toneladas retiradas a principios
de verano por voluntarios en la Caleta
del Hambre todavía se encuentran sobre la playa porque no
se molestan ni en retirarlo una vez separado y amontonado. Les da igual,
no es su problema, ellos están pendientes de una posible recalificación,
de la compra-venta de terrenos y esas cosas que, efectivamente, son
más productivas para las carteras de unos cuantos.
Lo que está ocurriendo con la
contaminación por petróleo en las costas de Tenerife no
es más que un ejemplo de cómo se las gastan nuestras autoridades,
cuando de hacer cumplir las leyes a las grandes empresas o caciques
se trata. Casi todas las extracciones
de áridos en el Valle de Güímar son ilegales
según el ayuntamiento de Güímar, chatarras
y vertederos ilegales en El Riquel defendidos
por el consejero de Medio Ambiente del Cabildo, vertidos
ilegales al mar por todas partes... irregularidades todas patrocinadas
o consentidas por los políticos que cobran por hacer cumplir
las leyes y que prometieron, o juraron, cumplir y hacer cumplir la Constitución,
cuyos principios fundamentales se basan en el imperio de la ley y la
igualdad de todos los ciudadanos a la hora de enfrentarse al ordenamiento
jurídico. Todo una gran mentira.
El único agravio que no reclaman
nuestros medios de comunicación, políticos y piratas del
cemento con respecto a nuestra isla hermana de Gran Canaria (tan dados
todos ellos a recurrir al socorrido pleito insular cuando les interesa),
es que se implante en Tenerife una fiscalía de medio ambiente,
especializada en la persecución de este tipo de delitos, que
no es que vaya a ser ninguna garantía o panacea, pero es lo mínimo
que se despacha hoy por ahí para que intervenga de oficio en
este tipo de disparates.
O las leyes nos obligan a todos, o lo
más sensato es declarar definitivamente la impunidad de todos,
los ricos y los menos ricos, ante los atentados ambientales. Es que
nadie entiende cómo se puede poner una multa a un señor
por poner una tienda de campaña en un lugar inconveniente, cuando
no existe oferta alguna de áreas de acampada, y todos estos delitos
ambientales se estén produciendo con tan alto grado de impunidad
y desidia. Bueno, entenderlo, lo que se dice entenderlo, lo entendemos,
otra cosa es que tengamos que acostumbrarnos a semejantes anormalidades
democráticas. Eso es otra cosa.
