Gigantescas columnas de polvo se han podido observar
esta semana sobre varios barrios del municipio de Güímar.
Su origen es la actividad minera a cielo abierto que se desarrolla en
el barranco de Badajoz para la extracción y machaqueo de áridos.
Como es sabido la mayoría de
estas empresas trabajan en la zona desde hace décadas sin la
preceptivas autorizaciones, y sin que exista siquiera unos programas
de restauración ambiental para los gigantescos socavones que
se han generado en esos barrancos. En varias ocasiones el ayuntamiento
de Güímar se ha presentado en algunas de esas instalaciones
con orden de precintarlas, llegando a realizarse el precinto varias
veces, aunque a primera hora del día siguiente ya los precintos
habían sido retirados y se continuaba la actividad sin reparo
alguno.
Llama la atención, sin embargo, que una de las
canteras que se sitúa cerca de la autopista sea la única
que efectivamente ha sido precintada desde hace algún tiempo
y actualmente continúa cerrada, cuando era una de las que -acaso
por encontrarse cerca de la autopista- más medidas de control
llevaba a cabo y menos molestias producía por polvo y demás.
El daño tan terrible que no sólo
al paisaje, sino a la agricultura, a la ganadería y a zonas residenciales
del municipio está produciendo esta actividad, a todas luces
incontrolada, resulta muy difícil de justificar cuando existen
medidas de control relativamente sencillas que evitaría estas
gigantescas columnas de polvo que, entre otras cosas, constituyen un
riesgo para la salud de muchas personas y hacen muy penosas las condiciones
de vida de mucha gente.
Y no es que esos empresarios no dispongan
de recursos para afrontar los gastos de esas medidas de control. Se
trata de que en esta isla, en Tenerife, hay empresarios que actúan
bajo la más absoluta impunidad, que además van por ahí
presumiendo de tener mucho dinero, tanto que de hecho ahora van a comenzar
a prestarnos ese dinero -procedente de impuestos no pagados (la RIC)-
para obras públicas que además harán ellos mismos,
que después tendremos que devolverles con intereses. Es que esos
empresarios son los que sostienen a los partidos políticos representados
en las instituciones, acaso gracias a esas inyecciones económicas,
y evidentemente ninguno de los grandes partidos quiere morderle la mano
a quien les da de comer.
Pero lo de Güímar ya se
está convirtiendo en un problema sanitario al que no se le podrá
seguir dando las espalda eternamente. Acaso como en El Riquel, serán
los ciudadanos los que tendrán que plantarle cara a este problema
directamente porque los que cobran para que se cumplan las leyes siguen
mirando respetuosamente para otro lado, cuando se trata de meterle mano
a los empresarios a los que, en muchos casos, les deben sus cargos públicos
porque les han puesto ahí precisamente para eso. Para cubrirles
las espaldas por muy grandes que sean la barbaridades que hacen.
