Unos vecinos denuncian el convenio de Las Teresitas ante el fiscal anticorrupción
Consideran que fue un pretexto para consumar una operación especulativa
Un grupo de vecinos de la capital tinerfeña ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción el convenio urbanístico de Las Teresitas, al considerar que por medio del mismo se ha consumado "una operación inmobiliaria con fines especulativos" que vulnera la legalidad.
Un grupo de vecinos de Santa Cruz de Tenerife ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que ésta actúe de oficio, al considerar que el convenio urbanístico de la playa de Las Teresitas "se convirtió en el pretexto perfecto para la consumación de una operación inmobiliaria con fines especulativos que transgreden todos los principios, objetivos y fines que, legalmente, ha de inspirar la actuación de las Administraciones Públicas en materia urbanística".
Según el texto de la denuncia remitida a la Fiscalía, el objetivo de dicho convenio urbanístico no debía ser otra que la modificación del planeamiento, así como garantizar que la mayor parte de la superficie del frente de la playa se destinaría a espacios libres y a dotaciones públicas. Sin embargo, el Ayuntamiento de Santa Cruz, de forma injustificada según los denunciantes, decide abonar "el 65 por ciento del precio estipulado transcurrido sólo un mes desde la firma del convenio".
Los denunciantes consideran que la adquisición por parte del Ayuntamiento de los terrenos del frente de playa "suponen un supuesto evidente de especulación inmobiliaria contrario a los intereses públicos".
Las irregularidades económicas, según el texto de la denuncia, se basan en hechos tales como que en el expediente administrativo no consta "la más mínima mención al precio pagado en su día" por los propietarios que venden los terrenos; "no se hace mención explícita alguna a la titularidad que ostenta la parte vendedora de las parcelas" y tampoco "a las contrapartidas económicas que van a obtener".
Proporciones astronómicas
Los denunciantes destacan que "esta omisión intencionada demuestra la intención de las partes de que no se computaran los incrementos de valor de los terrenos recalificados" que, dicen, "alcanza proporciones astronómicas". Es decir, Inversiones Las Teresitas SL compra terrenos por valor de 5.000 millones de pesetas y luego vende las parcelas 1 a 11 al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife " por un total de 8.500 millones de pesetas".
Asimismo, los denunciantes califican como "sorprendente e inquietante" que la entidad mercantil Inversiones Las Teresitas SL se constituya ante notario el 24 de junio de 1998, que dos días después de firme el contrato de compraventa con la Junta de Compensación -propietaria en ese momento de los terrenos- y que en esas mismas fechas, la sociedad obtenga un crédito de CajaCanarias, "considerado de alto riesgo", sin que estuviera aún inscrita en el Registro Mercantil, "tal y como ordena la ley".
Finalmente, destacan que la tasación de los terrenos no se hace por técnicos del Ayuntamiento, sino por una empresa "por intermediación de CajaCanarias, directamente interesada en la culminación de la compra-venta".
Una operación de "alto riesgo"
Los denunciantes consideran "impactante" el papel que ha desempeñado en todo este asunto CajaCanarias. Así, destacan que Ignacio González Martín formaba parte del Consejo de Administración de la entidad financiera que concedió el crédito a Inversiones Las Teresitas SL y que "meses después, Ignacio González Martín aparecía como titular del 50% del capital social" de dicha entidad y "su hijo, Pedro González Santiago, como administrador" de la misma.
En el texto de la denuncia se hace hincapié en que el préstamo fue considerado "una operación de alto riesgo" por el Banco de España, pero que "el Consejo de Administración de CajaCanarias no dudó, en ningún momento, en conceder ese crédito a la sociedad participada por uno de sus propios consejeros".
Hacen también mención especial al alcalde de la capital tinerfeña, Miguel Zerolo, del que dicen que "ha formado parte del comité ejecutivo de CajaCanarias en representación del Ayuntamiento" y que "votó favorablemente la concesión del crédito", y dos años después, "sin que los beneficiarios efectuaran ninguna inversión que contribuyera a incrementar el valor de dichos inmuebles, revenden sólo el frente de playa al propio Ayuntamiento por un precio astronómico e injustificado y obtienen además, unas plusvalías inmensas".
Finalmente, califican de "incomprensible, que el alcalde no se haya planteado la vía de la expropiación para adquirir esos terrenos a un precio justificado".
Fuente: La Opinión, 01-07-05
