El Gobierno registra 9.300 viviendas ilegales en suelo rústico o protegido
La Agencia de Protección denuncia la permisividad social con el infractor (De los alcaldes que llevan veinte años ganando elecciones a base de permitir estas cosas, a esos ni los nombran. La sociedad es siempre la que tiene la culpa de todo y los sinvergüenzas que cobran para cumplir y hacer cumplir las leyes esos son unos caballeros)
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La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias mantiene en estos momentos casi 9.300 expedientes abiertos por construcciones irregulares que se han levantado en suelo rústico o, incluso, en natural protegido. Este organismo denuncia la "permisividad social que existe con estos infractores" y apunta que "probablemente 1.000 de ellas se derribarán".
El territorio de Canarias está protegido por distintas leyes: el 50 por ciento es parque natural, el 25 por ciento terreno protegido y sólo el otro 25 es urbanizable. Se supone que esto es así porque tenemos una biodiversidad y un ecosistema que guardar que muchos pretenden convertir en ejemplo de desarrollo sostenible. Sin embargo, todo esto se vuelve sólo teoría en cuanto se conocen los datos de construcciones ilegales en suelo rústico o protegido.
En estos momentos, la Agencia del Medio Urbano y Natural tiene abiertos 9.242 expedientes por viviendas irregulares y 3.211 por elementos que no se consideran construcciones pero que afectan al paisaje como muros o similares. Desde 1999, fecha en la que se creó este organismo, se han derribado más de 60 viviendas ilegales y, según apunta el propio director de esta agencia, Pedro Gómez, "se calcula que unas 1.000 viviendas más no podrán ser legalizables de ninguna manera y, tras el proceso administrativo y judicial, se decretará su derribo".
Pedro Gómez denuncia la permisividad que existe en Canarias hacia aquellas personas que, sabiendo que se trata de un delito, deciden construir una vivienda o -más grave aún- un negocio en un terreno no urbanizable. "La sociedad es crítica con una persona que evade impuestos pero es comprensiva con alguien que ocupa y destroza nuestro medio ambiente de esta forma", asevera.
Pongamos un ejemplo: si el dueño de un bar decide montar una agradable terraza por fuera de su local y pone unas mesas y unas sombrillas sin pedir el consiguiente permiso a su ayuntamiento, casi seguro que el bar de la esquina, el vecino de encima o la propia policía local denunciarán y se le sancionará y le obligará a quitar la terraza. Si esta misma persona decide hacerse una casa en el terreno rústico que heredó de su abuela, probablemente, nadie repare en que se trata de un delito.
Más colaboración
En este sentido, el consejero de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, pidió más colaboración entre todos los organismos públicos y recordó "que todas las administraciones tienen la obligación de cumplir la ley y de hacer cumplir la ley".
Canarias tiene una larga tradición de construcciones ilegales que, pese a todos los intentos gubernativos -algunos más contundentes que otros- siguen apareciendo año tras año.
Hasta el año 1996, fabricar una vivienda en suelo no urbanizable era considerado una falta. En 1997 se introdujo esta figura como delito en el Código Penal. En Canarias, debido a la gran cantidad de viviendas que se encontraban en esta situación se permitió a los ayuntamientos que modificasen sus respectivos planeamientos para hacer legal lo ya construido. Fue una medida excepcional para no judicializar a miles de canarios que habían construido en un territorio no del todo ordenado. Las imágenes que se acompañan se tomaron vía satélite en 1996. Se suponía que después de 1997, las nuevas viviendas deberían cumplir con la ley. Algo que a tenor de las imágenes de 2002 de algunos puntos de las Islas no ha sucedido pues los espacios señalados corresponden a viviendas ilegales construidas después de esa fecha.
Después, tras el gran debate que se produjo en Canarias con la ordenación del territorio y la famosa moratoria turística, en 1999 -fruto de las normativas que se aprobaron por entonces- se creó la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con el objetivo de buscar a estos infractores y, llegar incluso al derribo de toda construcción ilegal.
Pedro Gómez resalta, también, que desde que se creó la Agencia han tenido mucho trabajo pero que las cifras de expedientes abiertos y, por tanto, de posibles infractores empieza a descender Pues de los más de más de 1.800 que se dieron en 2000 se pasó a 1.400 en 2001, a 1.600 en 202, a 1.260 en 2003; 1.130 en 2004 y a 943 desde enero a agosto de 2005. Gómez achaca este descenso tanto a que la agencia tiene "cada vez más capacidad inspectora" como a que "cada vez hay menos infractores aunque aún sigue siendo alarmante".
El responsable de la Agencia asegura que gran parte de las edificaciones en espacios naturales o protegidos son posteriores a las leyes de protección y tiene que reconocer que "los mecanismos de protección no han funcionado". Algo que tiene mucho que ver con la percepción social del problema que "cuando acudimos a realizar un derribo se manifiestan a favor de esa familia sin pensar que están afectando un territorio que es de todos y que hay que proteger".
El camino del derribo
La agencia se ayuda de imágenes aéreas y de satélite para detectar cualquier construcción que aparenta ser irregular. Una vez que se detecta, se abre un expediente que empieza por una inspección "de las que sólo en una de cada seis se detecta una infracción", explica Pedro Gómez. Con respecto al perfil del infractor, el director de la Agencia del Medio Natural responde que "desgraciadamente, el infractor es una persona normal" y destaca la permisividad social que se tiene con este tipo de infractores. "En las Islas, hay mucha gente que le gusta vivir en el campo, pero en islas tan pequeñas y frágiles como estas, lo mejor es concentrar a la población en las ciudades" porque "cuando hay núcleos de población diseminados en el campo, hay más basura, más tendidos eléctricos, más carreteras, y en definitiva, se deteriora más el medio ambiente".
Llama la atención que muchas de las viviendas que se han derribado o que están en proceso administrativo son verdaderas mansiones con piscina, más de 400 metros cuadrado o, incluso, con cuadras con caballos. "Lo peor es que luego la imagen pública que se da es que al pobrecito ciudadano se le quiere tirar la casa", añade.
El proceso de derribo de una vivienda es largo desde que se abre el expediente hasta que se determina si la vivienda es o no ilegal. "Muchos técnicos aseguran que lo mejor es que cuando se detecta una vivienda ilegal, lo ideal sería demolerla sobre la marcha pero estamos en un estado de derecho y el ciudadano tiene derecho a acudir a los tribunales, aunque en el 90 por ciento de los casos, los juzgados dan la razón a la Agencia y el derribo termina produciéndose con el sobrecoste para el ciudadano del proceso judicial".
Antes de llegar a la decisión del derribo se suele pasar por muchos pasos. Primero se intenta buscar una solución en caso de que la vivienda pueda legalizarse por alguna de las vías que existen en la actualidad llegando a la modificación del planeamiento. En algunos casos se produce a un derribo parcial de la construcción y, en otros, el total del inmueble.
Las medidas disciplinarias no se aplican de forma inmediata y "la gente siempre confía en que al final se pueda arreglar, tienen la idea de que el alcalde de su municipio, un concejal o algún funcionario podrán intervenir para sacarlos del problema porque, hay que reconocer que en este asunto siempre ha habido una presión electoralista". Pese a esta afirmación, el responsable de la Agencia es tajante: "no se esconden expedientes. Soy un técnico que ha trabajado con cinco consejeros de distintas formaciones políticas y nunca se me ha pedido que meta un expediente bajo la mesa".
Pedro Gómez insiste en que en este asunto, "hay muchas mentiras interesadas" y que tanto los constructores como algún que otro técnico municipal aconsejan mal a los ciudadanos y les animan a que construyan fuera de la ley.
En los derribos se producen situaciones esperpénticas con todo tipo de impedimentos como recursos judiciales de última hora o situaciones más violentas como coches cruzados a la entrada de la vivienda, muebles dentro de la misma o sentadas. Mientras en la Agencia se acumulan los expedientes y reciben visitas diarias de alcaldes y concejales intentando dar una solución a sus posibles infractores. "Los alcaldes se han convencido ya de que este dejar pasar este asunto es ya insostenible pese a que ponerse duros en esta materia puede ser contrario a sus intereses electorales pues están muy cerca de sus votantes" y apunta que los técnicos municipales "cada vez colaboran más" con el Gobierno.
Pedro Gómez asegura que el mayor negocio que puede haber en este momento en las Islas es la construcción ilegal. Pone un ejemplo de que un chalet de 100 metros cuadrados en suelo rústico se vende en el mercado europeo en 600.000 euros y al infractor no le cuesta ni 60.000. Recuerda que la primera actuación de la Agencia fue el derribo de una mansión en el Julán en El Hierro que pertenecía a un millonario Suizo que podría tener un coste de 1,2 millones de euros.
La Agencia ha detectado verdaderos casos de especulación como ocurre en Adeje y en Arona donde se han parcelado fincas enteras de plátanos y se han construido urbanizaciones enteras que luego se venden a precio de mercado.
"En el Sur de Tenerife en Adeje, Arona, Granadilla o San Miguel de Abona hay verdaderos especuladores que nada tienen que ver con una familia que no tiene dónde vivir", remarca. Ninguna isla se salva de este tipo de infracciones, aunque es en el Sur de Tenerife donde hay construidas verdaderas mansiones que nade tienen que envidar a Falcon Crest. "El perfil del infractor del Norte es distinto pues se suele tratar de una segunda residencia que suele estar ligada a una finca", apunta el director de la Agencia.
Domingo Berriel reconoce que hubo cierta permisividad institucional
El consejero de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, reconoce cierta permisividad institucional en la construcción de viviendas en espacios naturales y protegidos. "Es cierto que hay muchas viviendas que tuvieron que evitarse en su momento y hubo ayuntamientos y cabildos que no ejercieron toda la disciplina".
El consejero resaltó que el Ejecutivo no quiere generar un problema social causado por "la permisividad de algunas administraciones", en referencia a los casos de necesidad social.
Insistió en que "no se puede legalizar ninguna vivienda que no cumpla la ley". Además, fue tajante en que no habrá ningún tipo de amnistía de viviendas -tal y como han pedido el Cabildo de El Hierro- y explicó que habrá una modificación legislativa para que "aquellos casos de necesidad social, se obligue a esas personas a solicitar una vivienda de protección oficial y sólo se derribará la vivienda cuando hayan obtenido la VPO".Berriel recalcó que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural "está trabajando de forma cada vez más eficiente porque la tecnología de la información favorece mucho su trabajo".
Fuente: La Opinión de Tenerife, 30 de octubre de 2005
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Varias de las viviendas sancionadas por el Gobierno son mansiones con piscina
La Agencia de Protección detecta apartamentos y restaurantes ilegales
La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias tiene abiertos más de 9.000 expedientes por construcciones realizadas de forma irregular en suelo protegido. Algunas de ellas son verdaderas mansiones de más de 400 metros cuadrados y con piscina. Además, hay negocios como apartamentos turísticos y restaurantes, según se muestra en la documentación de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, organismo encargado de velar porque estas infracciones no se produzcan y de iniciar un expediente administrativo que, en muchos casos, acaba en la demolición.
De los 9.242 expedientes abiertos por construcciones irregulares, 2.827 corresponden a Tenerife; 1.389 a La Palma; 517 a La Gomera; 603 a El Hierro; 2.366 a Gran Canaria; 728 a Lanzarote y 812 a Fuerteventura.
Pese a esto, aún hay ciudadanos que deciden construir en suelo protegido sin tener en cuenta el perjuicio para el ecosistema canario. Muchas de ellos, como se puede observar en las imágenes, no son precisamente casas de primera necesidad. Entre la gran cantidad de expedientes se encuentran, por ejemplo, una vivienda de 300 metros cuadrados en suelo rústico de valor paisajístico justo en medio de conos volcánicos en La Geria en Lanzarote. Destaca también el caso de una vivienda unifamiliar de casi 400 metros cuadrados en el municipio de El Paso construida en suelo rústico o, incluso, construcciones que tienen un claro fin mercantil como sucede con las cinco edificaciones que la Agencia detectó en el municipio de Betancuria en Fuerteventura con el objetivo de venderlas o el de un restaurante en Frontera.
Berriel recuerda que tras demoler debe recuperarse el suelo degradado
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, recuerda que con la demolición de un inmueble no se acaba todo y que los mismos infractores están obligados a hacer posible la recuperación de ese suelo. Tener una casa ilegal puede parecer, en principio, un gran chollo pues el precio de suelo rústico es irrisorio frente a los miles de euros que cuesta el metro cuadrado para construir una vivienda en suelo urbanizable, con todos los permisos de obra y el aval de un arquitecto. Sin embargo, esta opción, además de ser un grave delito medioambiental, puede salir muy cara pues a las sanciones que impone la Consejería de Medio Ambiente hay que sumar el coste del derribo (que lo debe pagar el infractor), y los gastos judiciales.
Las personas que construyen sin los permisos de obra pertinentes y, además, en suelo rústico o en enclaves de interés arqueológico o incluso en parques naturales, "son gente normal y, en muchos casos, saben lo que están haciendo", explica Pedro Gómez. De cualquier forma, para los casos de viviendas de primera necesidad que están en suelo protegido, el Gobierno promoverá un cambio legislativo retrasando la demolición de su vivienda hasta que obtengan una casa de protección oficial.
Fuente: La Opinión de Tenerife, 31 de octubre de 2005
Estas son de las que no caerán. No
es la suerte ni la casualidad...
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