La Agencia de Protección denuncia la
permisividad social con el infractor (De
los alcaldes que llevan veinte años ganando elecciones a base
de permitir estas cosas, a esos ni los nombran. La sociedad es siempre
la que tiene la culpa de todo y los sinvergüenzas que cobran para
cumplir y hacer cumplir las leyes esos son unos caballeros)
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La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno
de Canarias mantiene en estos momentos casi 9.300 expedientes abiertos
por construcciones irregulares que se han levantado en suelo rústico
o, incluso, en natural protegido. Este organismo denuncia la "permisividad
social que existe con estos infractores" y apunta que "probablemente
1.000 de ellas se derribarán".
El territorio de Canarias está protegido por distintas leyes:
el 50 por ciento es parque natural, el 25 por ciento terreno protegido
y sólo el otro 25 es urbanizable. Se supone que esto es así
porque tenemos una biodiversidad y un ecosistema que guardar que muchos
pretenden convertir en ejemplo de desarrollo sostenible. Sin embargo,
todo esto se vuelve sólo teoría en cuanto se conocen los
datos de construcciones ilegales en suelo rústico o protegido.
En estos momentos, la Agencia del Medio Urbano y Natural tiene abiertos
9.242 expedientes por viviendas irregulares y 3.211 por elementos que
no se consideran construcciones pero que afectan al paisaje como muros
o similares. Desde 1999, fecha en la que se creó este organismo,
se han derribado más de 60 viviendas ilegales y, según
apunta el propio director de esta agencia, Pedro Gómez, "se
calcula que unas 1.000 viviendas más no podrán ser legalizables
de ninguna manera y, tras el proceso administrativo y judicial, se decretará
su derribo".
Pedro Gómez denuncia la permisividad que existe en Canarias hacia
aquellas personas que, sabiendo que se trata de un delito, deciden construir
una vivienda o -más grave aún- un negocio en un terreno
no urbanizable. "La sociedad es crítica con una persona
que evade impuestos pero es comprensiva con alguien que ocupa y destroza
nuestro medio ambiente de esta forma", asevera.
Pongamos un ejemplo: si el dueño de un bar decide montar una
agradable terraza por fuera de su local y pone unas mesas y unas sombrillas
sin pedir el consiguiente permiso a su ayuntamiento, casi seguro que
el bar de la esquina, el vecino de encima o la propia policía
local denunciarán y se le sancionará y le obligará
a quitar la terraza. Si esta misma persona decide hacerse una casa en
el terreno rústico que heredó de su abuela, probablemente,
nadie repare en que se trata de un delito.
Más colaboración
En este sentido, el consejero de Medio Ambiente y Política Territorial
del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, pidió más colaboración
entre todos los organismos públicos y recordó "que
todas las administraciones tienen la obligación de cumplir la
ley y de hacer cumplir la ley".
Canarias tiene una larga tradición de construcciones ilegales
que, pese a todos los intentos gubernativos -algunos más contundentes
que otros- siguen apareciendo año tras año.
Hasta el año 1996, fabricar una vivienda en suelo no urbanizable
era considerado una falta. En 1997 se introdujo esta figura como delito
en el Código Penal. En Canarias, debido a la gran cantidad de
viviendas que se encontraban en esta situación se permitió
a los ayuntamientos que modificasen sus respectivos planeamientos para
hacer legal lo ya construido. Fue una medida excepcional para no judicializar
a miles de canarios que habían construido en un territorio no
del todo ordenado. Las imágenes que se acompañan se tomaron
vía satélite en 1996. Se suponía que después
de 1997, las nuevas viviendas deberían cumplir con la ley. Algo
que a tenor de las imágenes de 2002 de algunos puntos de las
Islas no ha sucedido pues los espacios señalados corresponden
a viviendas ilegales construidas después de esa fecha.
Después, tras el gran debate que se produjo en Canarias con la
ordenación del territorio y la famosa moratoria turística,
en 1999 -fruto de las normativas que se aprobaron por entonces- se creó
la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con el objetivo
de buscar a estos infractores y, llegar incluso al derribo de toda construcción
ilegal.
Pedro Gómez resalta, también, que desde que se creó
la Agencia han tenido mucho trabajo pero que las cifras de expedientes
abiertos y, por tanto, de posibles infractores empieza a descender Pues
de los más de más de 1.800 que se dieron en 2000 se pasó
a 1.400 en 2001, a 1.600 en 202, a 1.260 en 2003; 1.130 en 2004 y a
943 desde enero a agosto de 2005. Gómez achaca este descenso
tanto a que la agencia tiene "cada vez más capacidad inspectora"
como a que "cada vez hay menos infractores aunque aún sigue
siendo alarmante".
El responsable de la Agencia asegura que gran parte de las edificaciones
en espacios naturales o protegidos son posteriores a las leyes de protección
y tiene que reconocer que "los mecanismos de protección
no han funcionado". Algo que tiene mucho que ver con la percepción
social del problema que "cuando acudimos a realizar un derribo
se manifiestan a favor de esa familia sin pensar que están afectando
un territorio que es de todos y que hay que proteger".
El camino del derribo
La agencia se ayuda de imágenes aéreas y de satélite
para detectar cualquier construcción que aparenta ser irregular.
Una vez que se detecta, se abre un expediente que empieza por una inspección
"de las que sólo en una de cada seis se detecta una infracción",
explica Pedro Gómez. Con respecto al perfil del infractor, el
director de la Agencia del Medio Natural responde que "desgraciadamente,
el infractor es una persona normal" y destaca la permisividad social
que se tiene con este tipo de infractores. "En las Islas, hay mucha
gente que le gusta vivir en el campo, pero en islas tan pequeñas
y frágiles como estas, lo mejor es concentrar a la población
en las ciudades" porque "cuando hay núcleos de población
diseminados en el campo, hay más basura, más tendidos
eléctricos, más carreteras, y en definitiva, se deteriora
más el medio ambiente".
Llama la atención que muchas de las viviendas que se han derribado
o que están en proceso administrativo son verdaderas mansiones
con piscina, más de 400 metros cuadrado o, incluso, con cuadras
con caballos. "Lo peor es que luego la imagen pública que
se da es que al pobrecito ciudadano se le quiere tirar la casa",
añade.
El proceso de derribo de una vivienda es largo desde que se abre el
expediente hasta que se determina si la vivienda es o no ilegal. "Muchos
técnicos aseguran que lo mejor es que cuando se detecta una vivienda
ilegal, lo ideal sería demolerla sobre la marcha pero estamos
en un estado de derecho y el ciudadano tiene derecho a acudir a los
tribunales, aunque en el 90 por ciento de los casos, los juzgados dan
la razón a la Agencia y el derribo termina produciéndose
con el sobrecoste para el ciudadano del proceso judicial".
Antes de llegar a la decisión del derribo se suele pasar por
muchos pasos. Primero se intenta buscar una solución en caso
de que la vivienda pueda legalizarse por alguna de las vías que
existen en la actualidad llegando a la modificación del planeamiento.
En algunos casos se produce a un derribo parcial de la construcción
y, en otros, el total del inmueble.
Las medidas disciplinarias no se aplican de forma inmediata y "la
gente siempre confía en que al final se pueda arreglar, tienen
la idea de que el alcalde de su municipio, un concejal o algún
funcionario podrán intervenir para sacarlos del problema porque,
hay que reconocer que en este asunto siempre ha habido una presión
electoralista". Pese a esta afirmación, el responsable de
la Agencia es tajante: "no se esconden expedientes. Soy un técnico
que ha trabajado con cinco consejeros de distintas formaciones políticas
y nunca se me ha pedido que meta un expediente bajo la mesa".
Pedro Gómez insiste en que en este asunto, "hay muchas mentiras
interesadas" y que tanto los constructores como algún que
otro técnico municipal aconsejan mal a los ciudadanos y les animan
a que construyan fuera de la ley.
En los derribos se producen situaciones esperpénticas con todo
tipo de impedimentos como recursos judiciales de última hora
o situaciones más violentas como coches cruzados a la entrada
de la vivienda, muebles dentro de la misma o sentadas. Mientras en la
Agencia se acumulan los expedientes y reciben visitas diarias de alcaldes
y concejales intentando dar una solución a sus posibles infractores.
"Los alcaldes se han convencido ya de que este dejar pasar este
asunto es ya insostenible pese a que ponerse duros en esta materia puede
ser contrario a sus intereses electorales pues están muy cerca
de sus votantes" y apunta que los técnicos municipales "cada
vez colaboran más" con el Gobierno.
Pedro Gómez asegura que el mayor negocio que puede haber en este
momento en las Islas es la construcción ilegal. Pone un ejemplo
de que un chalet de 100 metros cuadrados en suelo rústico se
vende en el mercado europeo en 600.000 euros y al infractor no le cuesta
ni 60.000. Recuerda que la primera actuación de la Agencia fue
el derribo de una mansión en el Julán en El Hierro que
pertenecía a un millonario Suizo que podría tener un coste
de 1,2 millones de euros.
La Agencia ha detectado verdaderos casos de especulación como
ocurre en Adeje y en Arona donde se han parcelado fincas enteras de
plátanos y se han construido urbanizaciones enteras que luego
se venden a precio de mercado.
"En el Sur de Tenerife en Adeje, Arona, Granadilla o San Miguel
de Abona hay verdaderos especuladores que nada tienen que ver con una
familia que no tiene dónde vivir", remarca. Ninguna isla
se salva de este tipo de infracciones, aunque es en el Sur de Tenerife
donde hay construidas verdaderas mansiones que nade tienen que envidar
a Falcon Crest. "El perfil del infractor del Norte es distinto
pues se suele tratar de una segunda residencia que suele estar ligada
a una finca", apunta el director de la Agencia.
Domingo Berriel reconoce que hubo cierta permisividad institucional
El consejero de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno
de Canarias, Domingo Berriel, reconoce cierta permisividad institucional
en la construcción de viviendas en espacios naturales y protegidos.
"Es cierto que hay muchas viviendas que tuvieron que evitarse en
su momento y hubo ayuntamientos y cabildos que no ejercieron toda la
disciplina".
El consejero resaltó que el Ejecutivo no quiere generar un problema
social causado por "la permisividad de algunas administraciones",
en referencia a los casos de necesidad social.
Insistió en que "no se puede legalizar ninguna vivienda
que no cumpla la ley". Además, fue tajante en que no habrá
ningún tipo de amnistía de viviendas -tal y como han pedido
el Cabildo de El Hierro- y explicó que habrá una modificación
legislativa para que "aquellos casos de necesidad social, se obligue
a esas personas a solicitar una vivienda de protección oficial
y sólo se derribará la vivienda cuando hayan obtenido
la VPO".
Berriel recalcó que la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural "está trabajando de forma cada vez más
eficiente porque la tecnología de la información favorece
mucho su trabajo".
Fuente: La Opinión de Tenerife, 30 de octubre de 2005
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Varias de las viviendas sancionadas por
el Gobierno son mansiones con piscina
La Agencia de Protección detecta apartamentos y restaurantes
ilegales
La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno
de Canarias tiene abiertos más de 9.000 expedientes por construcciones
realizadas de forma irregular en suelo protegido. Algunas de ellas son
verdaderas mansiones de más de 400 metros cuadrados y con piscina.
Además, hay negocios como apartamentos turísticos y restaurantes,
según se muestra en la documentación de la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, organismo encargado de
velar porque estas infracciones no se produzcan y de iniciar un expediente
administrativo que, en muchos casos, acaba en la demolición.
De los 9.242 expedientes abiertos por construcciones irregulares, 2.827
corresponden a Tenerife; 1.389 a La Palma; 517 a La Gomera; 603 a El
Hierro; 2.366 a Gran Canaria; 728 a Lanzarote y 812 a Fuerteventura.
Pese a esto, aún hay ciudadanos que deciden construir en suelo
protegido sin tener en cuenta el perjuicio para el ecosistema canario.
Muchas de ellos, como se puede observar en las imágenes, no son
precisamente casas de primera necesidad. Entre la gran cantidad de expedientes
se encuentran, por ejemplo, una vivienda de 300 metros cuadrados en
suelo rústico de valor paisajístico justo en medio de
conos volcánicos en La Geria en Lanzarote. Destaca también
el caso de una vivienda unifamiliar de casi 400 metros cuadrados en
el municipio de El Paso construida en suelo rústico o, incluso,
construcciones que tienen un claro fin mercantil como sucede con las
cinco edificaciones que la Agencia detectó en el municipio de
Betancuria en Fuerteventura con el objetivo de venderlas o el de un
restaurante en Frontera.
Berriel recuerda que tras demoler debe recuperarse el suelo
degradado
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del
Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, recuerda que con la demolición
de un inmueble no se acaba todo y que los mismos infractores están
obligados a hacer posible la recuperación de ese suelo. Tener
una casa ilegal puede parecer, en principio, un gran chollo pues el
precio de suelo rústico es irrisorio frente a los miles de euros
que cuesta el metro cuadrado para construir una vivienda en suelo urbanizable,
con todos los permisos de obra y el aval de un arquitecto. Sin embargo,
esta opción, además de ser un grave delito medioambiental,
puede salir muy cara pues a las sanciones que impone la Consejería
de Medio Ambiente hay que sumar el coste del derribo (que lo debe pagar
el infractor), y los gastos judiciales.
Las personas que construyen sin los permisos de obra pertinentes y,
además, en suelo rústico o en enclaves de interés
arqueológico o incluso en parques naturales, "son gente
normal y, en muchos casos, saben lo que están haciendo",
explica Pedro Gómez. De cualquier forma, para los casos de viviendas
de primera necesidad que están en suelo protegido, el Gobierno
promoverá un cambio legislativo retrasando la demolición
de su vivienda hasta que obtengan una casa de protección oficial.
Fuente: La Opinión de Tenerife, 31 de octubre de 2005
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