Según publica hoy
la prensa local la Junta Electoral Central obliga al Cabildo a suspender
su campaña propagandística de "Tenerife isla Amable",
"La isla que queremos", una del ayuntamiento de Santa Cruz
sobre lo limpia que tienen la Ciudad, otra del ayuntamiento de La Laguna
sobre patrimonio de la humanidad, los 20 años de autonomía
del Gobierno Autónomo... Varios millones de euros estafados a
los ciudadanos para pagarse su campaña electoral. En un alarde
de cinismo Ricardo Melchior (el mismo que fue a la manifestación
de Vilaflor después de defender a muerte las torres de alta tensión)
dice que ya lo sabían y esas campañas están suspendidas
desde el mes de marzo, cuando resulta que hasta el día de hoy,
17 de abril, esas campañas presiden la página Web del
Cabildo y algunas siguen apareciendo en televisión. O si no se
inventan otra como el numerito del Auditorio el día 26 y la campaña
publicitaria que le acompaña, para convencernos de que los chicharreoros
nos merecemos un auditorio de 15 mil millones, aunque lo que no dicen
es que también nos merecemos que nuestros viejos se mueran en
los pasillos de los servicios de urgencia de los hospitales -en el mejor
de los casos- por falta de camas. Estas campañas publicitarias
persiguen varios objetivos. Por una parte suponen unos ingresos extraordinarios
para los medios de comunicación, que de alguna forma deben sentirse
agradecidos. Por otra parte las agencias de publicidad son las mismas
que después le llevan las campañas a los partidos y, como
ocurre con la campaña "La isla que queremos" descaradamente
utilizan los mismos formatos para hacer los panfletos de Coalición
Canaria en el convencimiento de que todos los ciudadanos nos "chupamos
el dedo". Hasta el día en que a los partidos políticos
se les obligue a reintegrar el dinero a las arcas públicas de
sus campañas propagandísticas ilegales esto de la democracia
seguirá siendo una especie de camelo. Después tendremos,
además, que reconocerles su legitimidad democrática, porque
si no se cabrean. ELDÍA