EL PAÍS -
Editorial - 04-12-2005
Los gigantescos planes urbanísticos que se anuncian en las costas
del Mediterráneo y los casos de corrupción en los equipos
de gobierno municipales de Marbella y Manilva son aldabonazos en el
vulnerable sector turístico que revelan el rumbo insostenible
de la burbuja inmobiliaria española en su variante económica
y ambiental. El escándalo de la ocupación incontrolada
de territorio y la recalificación abusiva de fincas rústicas
por urbanizables ha llegado hasta el Parlamento Europeo con el apoyo
de miles de extranjeros residentes en nuestro país. El próximo
15 de diciembre se debatirá en Estrasburgo una resolución
dirigida a la Comunidad Valenciana para que no se precipite en dar el
visto bueno a decenas de planes urbanísticos sin antes aprobar
una nueva ley de ordenación del territorio. El Ejecutivo regional
de Murcia, en contra de sus servicios jurídicos, apoya la ocupación
particular de terrenos ganados al Mar Menor y desclasifica terrenos
protegidos para urbanizarlos. La mayoría de los ediles de Marbella
están imputados de delitos urbanísticos, lo que ha obligado
a la Junta de Andalucía a retirarle las competencias. La lista
de escándalos por la ocupación irregular de la costa es
interminable.
Las autoridades portuarias presididas
ahora por Gobiernos autónomos pugnan por convertir las dársenas
urbanas en zonas de ocio con pisos de lujo y trasladar el tráfico
marítimo a superpuertos costosísimos y duplicados como
los exteriores de A Coruña y Ferrol, que se construyen contra
vientos y mareas sin justificación económica y ambiental
alguna. La Ley de Costas de 1988, que supuso un hito en la protección
del litoral frente a estas amenazas al declarar protegidos los 100 metros
de franja costera, parece papel mojado. Para 1993 debería haberse
concluido el deslinde de los casi 8.000 kilómetros de litoral
y a día de hoy no se alcanza el 60%.
En el Ministerio de Medio Ambiente proponen
modificar muchos de los planes urbanísticos hoy vigentes para
reducir la edificabilidad y negociar con los propietarios afectados
y las comunidades autónomas -competentes en aplicar la ley- la
indemnización o compra de terrenos, como se hizo en Francia.
¿Qué territorio, qué paisaje se va a legar a las
próximas generaciones? ¿A quién se va a apelar
cuando una gota fría o fenómenos meteorológicos
adversos arrasen las edificaciones de primera línea de playa?
Mientras la opinión pública se mantenga insensible a las
consecuencias devastadoras de esta imparable ocupación del territorio,
nadie la frenará. Sólo se podrá parar con la complicidad
de la ciudadanía, como ha ocurrido en Lanzarote o en Menorca.
En Calvià se inició el esponjamiento urbano con el derribo
consensuado de apartamentos degradados y la aplicación de una
política urbanística sostenible. Pero la experiencia sentó
mal a los promotores y le costó el puesto a su alcaldesa.
CIBER-ACCIÓN COTRA EL
CRIMEN DE GRANADILLA
http://www.ecologistasenaccion.org/granadilla/no_al_puerto.htm
http://archivo.greenpeace.org/granadilla/ciber/ciberactua.php
