Hace unos días
teníamos la oportunidad de leer en la prensa
el planteamiento de unos cabreros del sur de Tenerife en relación
a la necesidad de preservar los cauces de los barrancos. Uno de los
ejemplos mencionados es el barranco de Las Torres, en el municipio de
Adeje, que puede ser bastante ilustrativo de varias cosas.
En primer lugar la forma
disparatada en la que se devora territorio y el desenfreno conque unos
cuantos buscan especular con el suelo, cualquier clase de suelo, cueste
lo que cueste y al precio que sea sin ningún otro tipo de consideración
ni ambiental, ni social, ni cultural, ni de seguridad pública...
Por otro lado es un ejemplo
de la falta de independencia de los profesionales que redactan informes
y elaboran proyectos, firmando hasta las cosas más increíbles
que incluso pueden poner en riesgo vidas humanas. Es que, según
parece, un proyecto aquí ya lo puede hacer cualquiera, los colegios
profesionales no toman cartas en el asunto y los estudios de impacto
ambiental se han convertido en una póliza sin más valor
que el dinero que pagan las empresas y administraciones por hacerlos.
Como ejemplo tenemos el que pagó hace unos años el Cabildo
para la ampliación del vertedero de Arico, donde se decía
que gracias a la presencia en Arico del vertedero habían proliferado
los restaurantes, los talleres de reparación mecánica,
que había llegado la luz o el agua a los barrios de la costa
o que se habían mejorado las carreteras y construido polideportivos.
Todo eso lo decía un estudio que nos costó una pasta,
además de afirmar que no había constancia de que hubiese
problemas de olores.
Otro aspecto sobre el
que deberíamos reflexionar es cómo los políticos
que tenemos -sin diferenciaciones partidistas aparentes- se han metido
en una dinámica que carece de cualquier consideración
de futuro que vaya más allá de los cuatro años
que dura una legislatura, sus políticas populistas están
poniendo en riesgo nuestro futuro de tal manera que no invierten en
nada a lo que no se le pueda sacar rentabilidad electoral inmediata
y urgente.
Los partidos de la oposición,
en general, no demuestran un afán por comprometerse en luchas
importantes y trascendentes para nuestro futuro y no se detectan diferencias
sustanciales a este respecto entre los ayuntamientos gobernados por
distintos partidos, lo que, sin duda, está condicionando la posibilidad
de cambio porque a la sociedad no se le presentan alternativas coherentes.
El desprecio total y
absoluto que se demuestra en esta tierra cada día hacia el turismo,
que cada vez más soporta inundaciones en los centros turísticos
de Gran Canaria y Tenerife que cualquier día de estos puede terminar
en una tragedia de consecuencias imprevisibles, nos da idea de el carácter
especulativo, rapiñador y carente de perspectivas a largo plazo
del negocio turístico que, a este ritmo, está condenado
a afrontar una grave crisis en pocos años.
El caso del barranco
de Las Torres da idea también de la indefensión a la que
nos enfrentamos los ciudadanos por parte de las administraciones u organismos
encargados de velar por estos asuntos, entiéndase Consejo Insular
de Aguas, Política Territorial, Medio Ambiente y todos los organismos
como SEPRONA, la propia Fiscalía... que se dedican a perseguir
a campistas, a los agricultores por levantar un muro o soltar una cabra
y no se ocupan de los asuntos que, en un momento dado, pueden originar
una tragedia de descomunales proporciones.
Somos los ciudadanos
los que tenemos que promover denuncias que, a parte de que existen personas
e instituciones a los que les pagamos para que lo hagan, no tenemos
necesidad de enfrentarnos a poderes económicos ni a intereses
empresariales y políticos, cuando no a poderes mediáticos
que defienden sus intereses. De esta forma no hay una administración
que se enfrente a UNELCO, al Son Latinos (que este año, pese
a la polémica, ha resultado ser una de las ediciones más
desastrosas en términos ambientales con la principal playa turística
de la Isla que cambia su bandera azul por la roja sin que a nadie le
importe un carajo, alucinante), a CEPSA o a determinados y concretos
constructores o constructoras hagan lo que hagan. Todos los expedientes
sancionadores que se anuncian a bombo y platillo cuando surge una polémica
quedan en agua de borrajas al pasar el tiempo: derrame de crudo de la
refinería, cortes de luz de Unelco, extracciones ilegales de
áridos... ¿Quién se atreverá, entonces,
a decirle algo a Florentino Pérez por su mala gestión
del vertedero de Arico? Está claro que los que deberían
hacerlo no lo van a hacer, eso ya está más que demostrado.
Los cabreros, los pescadores,
los agricultores -los pocos que van quedando- han cumplido con su deber
ciudadano y cuando alguien les ha preguntado han dado con las claves
del problema. Otra cosa es que las ingenierías sean unas carreras
muy respetables, pero lo que los ciudadanos vemos en muchas ocasiones
por ahí no parece responder a una formación muy especializada
en determinadas materias, sino más bien una mamandurria desenfrenada
que nos acosa a costa de lo que sea, esto en ocasiones parece un concurso
a ver quién es el que firma el proyecto más disparatado.
El miedo a hablar, a manifestar sus opiniones les lleva, en ocasiones,
a situaciones de auténtico ridículo como ocurrió
cuando las Torres de Vilaflor que tuvieron que venir ingenieros que
no se ganaban el pan por aquí a decir que, efectivamente, había
no una sino muchas alternativas.
Se trata de asuntos que
no son ninguna novedad y está muy bien que los políticos
recuerden cuando llegan las tragedias que la gente tira lavadoras y
colchones a los barrancos, pero lo que ellos hacen puede que tenga hasta
más delito, porque no pueden alegar ignorancia o falta de conocimiento
porque cualquier cabrero o agricultor de la zona les puede dejar claro
en un momento las cosas que se nos pueden venir encima con estos disparates,
a parte de los ingenieros, claro está.